Pese a la condena a 12 años de prisión en la Ruta del Dinero K, el empresario kirchnerista Lázaro Báez (64 años) no volverá a la cárcel de Ezeiza
-por lo menos- dentro del próximo año y medio. Sin embargo, afronta un futuro escenario judicial que lo podría dejar detenido de por vida.
Durante ese proceso de apelación, seguirá con prisión domiciliaria con la tobillera electrónica en una casa ubicada en un barrio cerrado del conurbano bonaerense cuya dirección se mantiene en secreto para evitar escándalos.
Se debe a que el fiscal del juicio. Abel Córdoba, aceptó el año pasado la modalidad del arresto domiciliario después de que Báez pasara cuatro años de prisión preventiva dispuesta primero por el juez federal Sebastián Casanello y mantenida luego por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). Y las querellas como la UIF, manejadas por el Gobierno, no perjudicarían a un socio de Cristina Kirchner.
La defensa de Báez, encabezada por la doctora Elizabeth Gasaro, apelará la condena a la Cámara Federal de Casación Penal diez días hábiles después del 26 de abril próximo cuando se conozcan los fundamentos de la dura condena del TOF 4.
En promedio, ese tribunal penal tarda “entre un año y un año y medio” en revisar condenas por casos complejos como estos, estimó un abogado penalista que litiga en esa instancia.
En el caso de que Casación confirme la condena o quizás la reduzca –es muy difícil que la anule por la contundencia de las pruebas del caso-, Báez podrá ir con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia.
La vigencia de 6 nuevos artículos del Código Procesal Penal, impulsada hace unas semanas por los senadores K, le permitirá reclamar que su condena no está firme en el caso de que Casación la confirme, como era la práctica hasta ahora.
Incluso, podrá usar el argumento de que puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando que es otra instancia de revisión por encima de la Corte. Podrá retrasar la definición de condena firme.
“Pero lo más probable es que Báez termine su vida detenido por la acumulación de condenas que sufrirá”, estimó otro letrado de Comodoro Py.
Además de la Ruta del Dinero K, Báez enfrenta otras seis causas por lavado de dinero, evasión impositiva y facturas truchas. En el caso de que fuera condenado en algunas de ellas, se le acumularían las penas a estos doce años.
De todos modos, cuando cumpla 70 años podrá solicitar el beneficio del arresto domiciliario.
El dueño de Austral Construcciones tiene dos causas por evasión impositiva agravada, Vialidad, facturas truchas en Bahía Blanca, Hotesur y Los Sauces y fraude en la sucesión de una empresa en el Chaco.
La última mala noticia fue que el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, el 9 de febrero pasado, estimó completa la instrucción de una segunda causa por evasión impositiva en los términos del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación.
Se trata de la causa número 1599/17 caratulada "Austral Construcciones S.A. s/ infracción a la ley 24769" por la evasión del IVA e impuesto a las ganancias en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. Se estima una deuda de 300 millones de pesos con la AFIP.
López Biscayart ya había elevado al tribunal oral en lo penal económico 2 (TOPE 2) la causa nro. 803/13 caratulada "Andrés, Cesar Gerardo s/ infracción a la ley 24769" por evasión del IVA y ganancias en el año 2010. En estas causas Báez es defendido por el abogado Franco Bindi, uno de los organizadores del Operativo Puf, según el fiscal Carlos Stornelli.
La causa se había iniciado en el 2013 por una denuncia de la diputada Elisa Carrió por maniobras de evasión impositiva a raíz de convenios celebrados entre las empresas del Grupo Austral. Se trata de La Estación SA; Don Francisco SA; Kank y Costilla SA; Loscalzo y del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; Badial SA y Austral Construcciones SA con la gerenciadora Valle Mitre SA. Esta última administró el hotel Alto Calafate y otros hoteles de la familia Kirchner.
En el juicio oral por Vialidad, Báez está acusado de haber participado del direccionamiento de 3 mil millones de dólares en contratos de obras públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a favor de su empresa Austral Construcciones o sus satélites.
Por otra parte, el juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva procesó a Báez y a su hijo por maniobras de evasión al fisco de unos 673 millones de pesos, a través de la utilización de facturas apócrifas. En el 2013, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray disolvió la sede del organismo fiscal en esa ciudad porque había abierto la denuncia contra Báez con el pretexto de un conflicto sindical.
En quinto término, está procesado junto a Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero a través de las empresas de la familia llamadas Hotesur y Los Sauces.
El sexto juicio lo lleva adelante el juez federal subrogante del Chaco Enrique Bosch, quien procesó a Báez y al ex senador justicialista chaqueño Fabio Biancalani, por maniobras en la Sucesión de Adelmo Biancalani por presunta evasión agravada mediante el uso de “facturas truchas”.
A diferencia de Cristóbal López, Báez no se puede acoger, en principio, a la nueva moratoria del Gobierno, porque Austral está quebrada.
Además de condenarlo a 12 años de prisión, los jueces del TOF 4 Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñíguez le impusieron una multa por lavado de 480 millones de dólares, más un decomiso de sus bienes de otros 60. Así cada vez tendrá menos recursos para financiar su defensa y, también, menos apoyo político.
Quizás es que por ese perspectiva carcelaria que el senador Oscar Parrilli, adláter de Cristina Kirchner, salió ayer –por primera vez en los dos años del juicio- a decir que fue condenado por “morocho” y no por el peso de las pruebas reunidas.
DS
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