El Gobierno define el aumento del gas: ¿más subsidios a los más ricos?

pública para resolver cuánto aumentará el gas en las tarifas residenciales; un día después, el ENARGAS sumará los aumentos en el transporte y la distribución, y determinará cuál será el incremento final en la factura.

En el marco del Plan Gas y las subastas realizadas, el precio del gas que recibirán los productores ya está definido: alrededor de US$ 2,90 x MM BTU en verano y entre US$ 4,40 y 4,70 x MM BTU en invierno. Por lo tanto, la audiencia del 15 no resolverá cuánto vamos a pagar por el gas, sino cómo lo vamos a pagar: una parte será afrontada directamente por los consumidores en las facturas, y el resto será pagado por todos los argentinos con subsidios públicos nacionales.

En un preciso y detallado informe elaborado para la audiencia del 15 la secretaría de Energía puso sobre la mesa el dilema al que se enfrentan las autoridades. Proyectando la demanda prioritaria y las fuentes de la oferta (la producción local más las importaciones de Bolivia y el GNL), el trabajo estima un escenario en el que el costo medio del gas a pagar en 2021 será de US$ 3,91 x MM BTU, mientras que con las tarifas vigentes y las proyecciones oficiales de depreciación del peso, el precio medio que pagaría la demanda llegaría a solo US$ 1,56 x MM BTU. De no mediar cambios, el Estado debería poner la diferencia (US$ 2,35 x MM BTU), es decir, el 60% del costo del gas sería afrontado con subsidios, y tan solo el 40% estaría contenido en la tarifa.

En este escenario sin ajuste de tarifas, el informe de Energía proyecta un costo fiscal de $133.000 millones, un 72% superior a lo previsto en el Presupuesto aprobado por el Congreso. La diferencia debería cubrirse con una reducción de otros gastos, aumento de impuestos, o un déficit fiscal mayor, que se traduciría en más deuda y/o emisión del Banco Central.

Para evitar este desborde presupuestario y cumplir el objetivo del ministro Guzmán -mantener los subsidios en los montos aprobados-, la componente gas natural de las tarifas debería aumentar un 63%, lo que impactaría en alrededor de un 26/35% en la factura final de los hogares. Los aumentos llegarían al 64/82% si se buscara reducir a cero los subsidios presupuestarios. A estos incrementos en el costo del gas debería sumarse la incidencia del aumento que se apruebe el 16 de marzo para los transportistas y distribuidores.

¿Qué hará el Gobierno el próximo 15 de marzo? ¿Aumentará las tarifas para mantener los subsidios, o aumentará los subsidios para mantener las tarifas? De una forma u otra, el gas hay que pagarlo.

El documento elaborado por la secretaría de Energía aporta toda la información para entender el impacto en tarifas y subsidios de cada decisión. Sería importante, sin embargo, que el ministerio de Economía aportara un documento complementario para responder a la siguiente pregunta: dado que en cualquier caso el gas lo vamos a pagar (en forma directa vía tarifas o a través del Estado con impuestos, deuda o mayor financiamiento del BCRA al Tesoro) ¿Qué efectos macroeconómicos y distributivos provoca pagar el gas natural de una u otra manera? ¿A qué sectores sociales favorece reducir las tarifas reales y aumentar los subsidios presupuestarios?

Distintos trabajos elaborados con información de la Encuesta de Gastos de los Hogares del INDEC y otras fuentes nos dan algunas pistas al respecto. En un trabajo del CEDLAS del 2015, Salinardi y Puig estimaron que el 30% más rico de la población explica el 46% del consumo total de gas, mientras que el 30% más pobre solo es responsable del 15%. Este resultado es consecuencia no solamente de un consumo medio más bajo en la población mas pobre, sino también de la falta generalizada de conexión a las redes de gas de un elevado porcentaje de los hogares más humildes.

A partir de estos datos, y de las cifras presentadas en el informe, podemos deducir que con un subsidio tarifario igual para todos los consumidores, el 20% más rico de la población se estaría llevando $45 mil millones del total de $133 mil millones de subsidios al gas, tres veces más que lo que llegaría al 20% de los hogares más pobres.

Teniendo en cuenta que toda la población paga impuestos, y que nuestra estructura impositiva es poco progresiva; ¿tiene sentido generar semejante transferencia de ingresos hacia los hogares más ricos? ¿Por qué le hacemos pagar a los hogares pobres el subsidio a un producto al que ni siquiera tienen acceso? ¿No sería mejor optimizar el uso de recursos públicos cobrando el precio completo del gas natural en la factura, atendiendo a los sectores de bajos ingresos con subsidios focalizados a la demanda que les permitan afrontar un umbral de consumo energético con los combustibles a su alcance?

La segmentación de las tarifas (cargarle precios del gas más elevados a los hogares con mayor consumo) apunta a morigerar este impacto regresivo, pero se trata de un mecanismo imperfecto: ¿cuántos hogares en las zonas más ricas de las ciudades están categorizados en los niveles más bajos de consumo porque se trata de edificios con calderas centrales o casas de fin de semana? ¿Cuántas viviendas pobres tienen consumos elevados por problemas de hacinamiento y baja eficiencia energética en las construcciones? ¿Es razonable que los consumidores enfrenten fuertes aumentos tarifarios solo porque un invierno frio provoca mayores consumos y los levanta de categoría? Habiendo alternativas con mejor focalización, la segmentación aparece como una alternativa poco eficiente y con efectos secundarios adversos.

El informe presentado por Energía es un aporte importante para la discusión abierta y fundada de los dilemas que enfrentamos en la definición de las tarifas de gas. Contar con información precisa y actualizada de los efectos distributivos de los distintos escenarios nos permitiría también entender quién pagará la parte del gas que no paguen los consumidores en su factura, y la razonabilidad de las transferencias de ingreso involucradas.

El autor es Economista. Escribió "Historia del Petróleo en la Argentina".