Tras la protesta de la oposición del sábado 27 de febrero, la preocupación de la Casa Rosada era una: sacar al escándalo denominado Vacunagate de la agenda mediática, instalando otro tema,
la ofensiva judicial.
El discurso de Alberto Fernández en el Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias alcanzó parcialmente ese objetivo con una embestida con mucha retórica pero pocos hechos: anunció proyectos como el tribunal intermedio para recortarle poder a la Corte, el juicio por jurado para delitos federales, la reforma del Consejo de la Magistratura y la querella criminal contra Mauricio Macri por el endeudamiento con el FMI. Pero ninguno estaba elaborado como un proyecto. Incluso la ofensiva contra Macri que parecía novedosa, en verdad ya contaba con varias causas de hace dos años en manos de la jueza María Eugenia Capucchetti.
El alegato de Cristina Kirchner en la causa dólar futuro fue un discurso político que ordenó el relato oficial y validó muchas hipótesis que se barajaban desde los medios de comunicación denunciados por ella. Era todo cierto. El problema para Fernández es que la prédica de Cristina desnuda la falta de un mensaje político desde la Casa Rosada. “Termina opacando a Alberto porque pone claridad donde no la hay, pese a que hay coincidencia con lo que venimos planteando”, afirmó un ministro.
La vicepresidente no cree en la división de poderes. Para ella, quien gana las elecciones debe controlar los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, convirtiéndose en una suerte de monarca. No debe haber tres poderes ni un control mutuo como lo ideó Montesquieu.
“El poder es un poder permanente en la Argentina. Un poder económico permanente donde primero fueron las Fuerzas Armadas y después fue el Poder Judicial, ustedes, los que siguen velando por sus intereses”, arremetió. Traducido, no acepta que un poder que no sea el Ejecutivo incida en la vida de los argentinos.
Cristina utiliza como munición el hecho que los jueces no son designados por el voto. “A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura”, remarcó. No sería sorpresa que desempolvará su frustrado proyecto para que los magistrados sean elegidos por el voto popular, que convirtió en ley en 2013 cuando ostentaba el Ejecutivo y el Legislativo –tenía mayoría en ambas cámaras- y lo frenó la Corte Suprema.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, al concurrir a la cena de la Asociación Magistrados.
Ya no hay dudas que quiere dar vuelta la Justicia. “Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo”, exclamó. ¿Tal vez una verdadera reforma judicial si el Frente de Todos gana las elecciones?
En varios momentos de su diatriba dejó en claro que su objetivo al designar a Alberto Fernández candidato y regresar al poder fue el de limpiar o aliviar su situación judicial.
Como cuando criticó a los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña porque no les conocía la “cara”. En verdad, el tema es que ambos bloquearon la jugada de la defensa de la vice de echar por tierra la figura del arrepentido para que la causa de los cuadernos se cayera. Petrone y Barroetaveña ratificaron esa herramienta pero la tercera integrante de la sala Ana María Figueroa, cercana al instituto Patria, votó por la anulación del arrepentido. “Sí conocía a otra integrante del tribunal la doctora Ana María Figueroa porque la he visto en los medios de comunicación cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri”, dijo Cristina. Un claro gesto de afinidad política.
En la misma línea confirmó el ataque al juez Gustavo Hornos, titular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. La inició un ex funcionario K y actual miembro de esa sala, Alejandro Slokar, cuando pidió que renuncie a la presidencia del cuerpo. La operación la coronó Cristina en su alegato al considerar que la revelación de que Hornos se reunió seis veces con Macri cuando era presidente alcanzaba para expulsarlo: “¿Qué van a hacer con Hornos? ¿Le van solamente a pedir la Presidencia? ¿Va a seguir siendo miembro de la Casación? Porque si renuncia a la presidencia termina integrando su sala y va a votar como ya sabemos que votó en las causas mías”.Esa es su principal preocupación.
El motivo no son las reuniones con Macri. Hornos fue quien declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, lo que fue avalado por la Corte. Y junto a sus pares confirmó la condena de Amado Boudou por la causa Ciccone y de Milagro Sala.
Paradojas del destino, quien denunció los encuentros de Hornos con Macri fue el diputado Martín Soria, quien suena para reemplazar a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Desde hace tiempo se habla del rechazo de Cristina Kirchner a la gestión de Losardo, pero siempre fue negado desde la Casa Rosada y el Instituto Patria. Ahora, Losardo se va porque no soporta más la presión del Instituto Patria, de su segundo Juan Mena, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Cristina también confirmó que nunca se hizo cargo de la derrota electoral del 2015. El traspié de Daniel Scioli por sólo dos puntos, atribuido a la errónea elección de los candidatos a vice, Carlos Zannini, y a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, ahora ella lo atribuye al Poder Judicial. Ella esgrime que la decisión del entonces juez Claudio Bonadio de allanar el Banco Central el 17 de noviembre de 2015 por la causa dólar futuro, a cinco días del ballottage entre Macri y Scioli, provocó la derrota del candidato peronista. “Ustedes, el Poder Judicial contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después”, lanzó.
Además de la Justicia y los medios, la vicepresidenta mostró su desprecio por Macri, confirmando la teoría de que su objetivo es que el ex mandatario se encuentre, al menos, en la misma situación judicial que ella. “Yo sentada acá, acusada….. Y el otro en Columbia (Federico Sturzenegger) dando clases y el otro (Macri) mirando partidos de fútbol en Qatar”, disparó.
Su exposición también ratificó la teoría de que la reforma de la Ley de Ministerio Público es, en lo inmediato, para desplazar al Procurador General interino, Eduardo Casal.Fue cuando cuestionó al fiscal Carlos Stornelli –fiscal de la causa de los cuadernos-, al señalar que “sigue siendo protegido por el Ministerio Público de Casal y por todo el Poder Judicial”.
El broche de oro de las confesiones fue un fallido, que algunos pueden interpretar como una admisión de culpa. Cuando hablaba del ámbito de los políticos y planteó: “¿Qué hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Qué hay corruptos? Claro que sí. ¿Y digamé: en su Poder Judicial no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven?¿Cómo lo voy a saber si los que tendrían que investigarlos son ustedes mismos? Nadie se investiga a sí mismo”.
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