El Tribunal Constitucional ruso ordenó ayer el endurecimiento de las sanciones contra personas reincidentes en conductas de violencia doméstica, una decisión “histórica” según los defensores de los derechos de las víctimas,
pero “insuficiente” en Rusia, un país especialmente permisivo en la cuestión.
Según las ONGs, la violencia doméstica contra las mujeres y los niños es un verdadero azote en Rusia y desde hace tiempo era necesaria una legislación específica mucho más severa.
“El artículo 116-1 del Código Penal ruso (sobre las sanciones administrativas por golpes) no es constitucional. El legislador tiene que presentar cambios en el Código Penal”, indicó el Tribunal Constitucional en un comunicado.
Desde una reforma en 2017, la violencia doméstica que no conlleva heridas corporales o incapacidad es considerada como una infracción administrativa y no como un delito, incluso en caso de reincidencia. Las condenas suelen ser multas o penas de trabajo forzado de interés general.
“El legislador no tendría que haber ignorado la reincidencia, ya que refleja un peligro creciente para la sociedad, ilustra la persistencia del comportamiento del culpable y su tendencia a resolver los conflictos con la violencia”, añadió el tribunal.
La jurisdicción considera que el Estado tiene que “dotarse de medios penales más estrictos”, sin los cuales “la protección de los derechos de las víctimas será limitada”.
El tribunal fue requerido por una mujer agredida en múltiples ocasiones por su hermano quien, pese a reiterar su violencia, fue condenado en 2019 a cien horas de trabajos de interés general.
Primer paso. Esta decisión “es histórica para la Rusia moderna”, estimó Andréi Sinelnikov, director adjunto del Centro ANNA, de ayuda a las víctimas. “Pero esperemos que solo sea un primer paso que acabará en la adopción de un conjunto de medidas de defensa y prevención de estos crímenes”, añadió.
Una de las medidas más urgentes, según él, es la creación de “órdenes de alejamiento”, perimetrales, para prohibir que un sospechoso de violencia se acerque a sus víctimas, bajo pena de una sanción penal. “La mayor parte de las muertes se producen cuando la mujer busca dejar al hombre y éste la persigue”, explica Sinelnikov.
Las asociaciones especializadas estiman que hay 16,5 millones de mujeres rusas víctimas de violencia doméstica.
La diputada Oksana Pushkina, una de las pocas voces del partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, que milita por una mayor represión de este tipo de violencia, estimó a finales de 2019 que 80% de las familias rusas se veían afectadas por este problema.
La despenalización de estos actos estuvo impulsada por las corrientes conservadoras, muy influyentes, dentro del régimen de Putin, especialmente la poderosa Iglesia ortodoxa rusa.
Según la Iglesia, si la Justicia se inmiscuye en los hogares, romperá familias, algo que es “incompatible con los valores espirituales y morales tradicionales de Rusia”.