Por el Covid, vuelven a demorar el juicio contra las monjas y directivas del Provolo en Mendoza

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El segundo juicio a los acusados por los abusos sexuales del colegio religioso Antonio Provolo de Mendozavolvió a ser pospuesto por contratiempos de la pandemia.

 El proceso había comenzado en junio del año pasado, pero fue atrasado por los recursos presentados por la defensa.

La Justicia mendocina había resuelto comenzar este lunes el juicio oral contra dos monjas, la administradora legal y otras seis mujeres que trabajaban como directoras, docentes o personal de maestranza de la institución de la Iglesia Católica para chicos hipoacúsicos.

Pero el viernes se anunció que se tomará un lapso de 15 días hábiles, a contar desde el 13 de abril, para ajustar los protocolos contra la covid-19 y evaluar realizarlo de manera virtual, debido al aumento de casos de coronavirus en Mendoza y el país.

La monja Kumiko Kosaka es la única que llega al juicio detenida, con prisión domiciliaria.

La monja Kumiko Kosaka es la única que llega al juicio detenida, con prisión domiciliaria.

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El segundo juicio por los aberrantes hechos ocurridos en la sede de Luján de Cuyo del Provolo tiene como principales imputadas a las monjas Kumiko Kosaka (46) y la madre superiora Asunción Martínez (53), la representante legal del colegio Graciela Pascual (65), las ex directoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60), la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63).

Las nueve mujeres son acusadas por acción u omisión en sus actos como responsables del cuidado de los chicos discapacitados.

La acusación más grave es contra Kosaka que está imputada como partícipe primaria en siete hechos de abusos y como autora penalmente responsable de un abuso simple. La monja japonesa es la única que está con prisión domiciliaria, el resto permanece en libertad hasta la finalización del juicio.

El abogado querellante, Sergio Salinas, dijo que los testimonios, las pericias y pruebas comprometen a las acusadas como responsables y encubridoras de los abusos a los chicos de entre 4 y 17 años que iban al instituto religioso.

“Hay elementos secuestrados como cadenas, pastillas anticonceptivas, ropa interior con semen y los pañales que usaban las monjas para encubrir los abusos sexuales a niños y niñas cuando eran muy pequeños”, aseguró Salinas.

Graciela Pascual, asistente social y representante legal del Instituto Próvolo, otra de las acusadas en el segundo juicio.

Graciela Pascual, asistente social y representante legal del Instituto Próvolo, otra de las acusadas en el segundo juicio.

Los jueces de la sala 4 del Fuero Penal Colegiado del Gran Mendoza definirán en función de la declaración de más de 300 testimonios y una prueba acumulada en 120 hojas del expediente.

Ahora el tribunal pidió más tiempo para adecuar los recursos técnicos a esta “situación de excepción por los mayores contagios” y con la intención de “garantizar el distanciamiento preventivo, social y obligatorio”, según un comunicado del Poder Judicial de Mendoza.

Este contratiempo molestó a las víctimas y a sus familias que llevan años esperando justicia. El abogado Salinas consideró que 15 días hábiles es demasiado tiempo: "Debería haber estado todo previsto en caso de un aumento de casos de coronavirus. Las víctimas tendrían que haber sido avisadas con anterioridad de esta nueva postergación”.

El juicio histórico

En noviembre de 2016 ingresó la primera denuncia por los casos de abusos a chicos y adolescentes sordos que concurrían como pupilos al Instituto Antonio Provolo, en la localidad de Luján de Cuyo.

En agosto de 2019 comenzó el primer juicio y el 25 de noviembre de ese año fue la condena ejemplar de 45 años de prisión para el sacerdote Horacio Corbacho (59) por abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores.

Hubo otra condena de 42 años de cárcel para el cura Nicola Corradi (83) por cinco hechos de abuso sexual y corrupción de menores. Y el tribunal sentenció a 18 años de prisión para el ex jardinero Armando Gómez (49) por dos casos de abusos sexuales de menores.

Los curas Nicola Corradi, en silla de ruedas, y Horacio Corbacho, de camisa clara, en el juicio donde fueron condenados.Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Los curas Nicola Corradi, en silla de ruedas, y Horacio Corbacho, de camisa clara, en el juicio donde fueron condenados.Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El juicio tuvo un impacto mundial. Fue la primera vez que fueron enjuiciados en 50 años de denuncias de violaciones, abuso sexual, maltratos y corrupción de menores, los sacerdotes de esta orden religiosa con sedes en Verona (Italia), en La Plata y Mendoza.

Y quedó en evidencia la responsabilidad de la Iglesia Católica en el encubrimiento y traslado a otras sedes de estos curas pederastas. En el juicio se supo que el cura Corradi ya había sido señalado por delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, sin que fuera juzgado y que el Papa Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.

En septiembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó las condenas de entre 18 y 45 años de prisión a los responsables de los abusos sexuales a menores. Los jueces de la Corte destacaron la vulnerabilidad de las víctimas, "menores con problemas de audición y habla que tenían dificultades para expresarse y comunicarse y que han sido atacadas por las personas adultas que ostentaban una clara relación desigual de poder”.

Mendoza. Corresponsalía.

DD