Diputados y senadores oficialistas que integran la Comisión de Inteligencia presidida por Leopoldo Moreau presentan este martes un informe para denunciar un “plan sistemático de espionaje ilegal” para "perseguir
oponentes" durante el gobierno de Mauricio Macri y piden la creación de una nueva Bicameral que examine las conductas de “un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte”.
La oposición firmó un dictamen de minoría, presentado por Cristian Ritondo (PRO) que señala que la comisión excedió sus facultades legales, que es imparcial y que los testimonios son inválidos.
El dictamen de mayoría del Frente de Todos plantea que durante 2015 y 2019 "se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”, y asegura que se llevó a cabo “en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial”.
"Las “células paralelas” eran una serpiente de varias cabezas que luego se fundían en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)", afirma el documento y sostiene que "el objetivo político central era borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015".
Apuntan que se espió a 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales; que hay al menos 307 víctimas directas confirmadas; y 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri.
En esa línea, los legisladores del Frente de Todos sostienen que además de sanciones penales, a través de expedientes judiciales que están en curso, debería haber "sanciones políticas que únicamente pueden emerger de los cuerpos deliberativos".
A la par, el documento apunta contra los medios y la Justicia. "De esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el judicial".
En esa línea, solicitan la creación de una nueva bicameral "que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.
Juntos por el Cambio, que firmó un dictamen de minoría, denunció por su parte "una persecución política contra la administración del gobierno anterior, a partir del direccionamiento interesado de esta investigación".
En ese sentido, afirman que el kirchnerismo transformó la bicameral de Inteligencia "en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite".
"Se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser que no es otra que la fiscalización, ha violado el secreto impuesto por ley, y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación", apunta el dictamen de la minoría.
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