La guerra por las escuelas: ahora la Justicia nacional ordena que se suspendan las clases presenciales en la Ciudad

reunió a los abogados de la Ciudad y al gabinete para definir si el miércoles abren las escuelas o no. 

Furnari hizo lugar al planteo del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien había solicitado la nulidad del fallo de la justicia porteña que había ordenado a la Ciudad garantizar las clases presenciales.

A su vez, al ordenar que vuelvan los chicos a los colegios, ese fallo del fuero Contencioso Administrativo porteño -en una decisión de la Sala IV de la Cámara que maneja ese fuero- había dejado sin efecto un Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien la semana pasada había ordenado suspender las clases presenciales por dos semanas en la capital Federal y el Conurbano bonaerense.

Para el Gobierno nacional, que criticó duramente la decisión judicial de la Cámara porteña, la situación no se debe resolver en la instancia local. Sostiene que la Justicia porteña no tiene competencia para expedirse sobre lo dispuesto en el DNU del Presidente de la Nación que, entienden en la Casa Rosada, no establece políticas educativas sino de carácter sanitario en medio de una pandemia.

Como jefe de los abogados del Estado, Zannini pidió que la escuelas vuelvan a cerrarse por dos semanas como ordenó el DNU y consideró que debe anularse el fallo de la justicia porteña "por falta de competencia, a más de no encontrarse reunidos los requisitos para su dictado y ser la Resolución, un acto de suma gravedad institucional que pone en riesgo la salud general".

Bajo ese mismo argumento, Zannini expresó que la resolución de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso porteña es de "gravedad institucional" y afecta "el poder de policía sanitaria en el marco de una emergencia sanitaria internacional".

En su decisión de este martes, Furnari sostuvo que hay argumentos para atender el reclamo del Procurador, siendo que "el interés del Estado Nacional en los pleitos con relación a los cuales se ha impulsado la presente inhibitoria resulta manifiesto, habida cuenta que es la autoridad emisora del acto cuya validez ha sido puesta en tela de juicio por los accionantes y que, a la postre, resultó suspendido".

En sus argumentos para dejar sin efectos la resolución de la justicia porteña, el magistrado aclaró: "no está en el ánimo del suscripto generar mayor incertidumbre en la sociedad, sino -muy por el contrario- arrojar luz respecto de cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión de estas características y trascendencia, suscitadas por una decisión para la cual no había espacio y que, bajo la apariencia de un acto jurisdiccional regular, receptara apenas el sentir popular de una parte importante de aquélla, llevando efímeras expectativas a su integrantes".

Bajo esos términos, Furnari agregó que, “ninguna solución es defendible si, en lugar de asegurar el orden público, genera el riesgo de un absoluto desorden”.  Así, con el dictado de la presente resolución se "pretende restablecer el imperio del estado de derecho, y desde allí será trabajo de la comunidad política propender a la revinculación social e institucional que favorezca la regeneración y cohesión del tejido social, dentro de un esquema de cordura y respeto institucional que nunca debió perderse", concluyó