Por el agravamiento de la pandemia, a través de un DNU el Gobierno extenderá hasta el 31 de mayo la prohibición de los despidos sin causa, por falta de trabajo o
fuerza mayor para el personal contratado antes del 13 de diciembre de 2019.
También se prorroga hasta el 31 de mayo la prohibición de las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, salvo las acordadas con las organizaciones gremiales, según adelantaron fuentes del Ministerio de Trabajo. Ambas medidas, según la anterior prorroga, vencen el próximo 24 de abril.
El DNU ratificará los decretos anteriores que estipulaban que la prohibición de despedir y la duplicación de la indemnización con tope de $ 500.000 no se aplica a las contrataciones de nuevos trabajadores ni al personal contratado trabajadores después del 13 de diciembre de 2019, cuando se publicó el DNU 34/2019. Y tampoco al Sector Público, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran.
Una novedad es que la prohibición de los despidos sin causa tampoco se aplicará a los trabajadores de la construcción, según dijeron en Trabajo.
Además, también hasta el 31 de mayo, el DNU extenderá lo dispuesto por el anterior DNU ( 39/2021 que estableció que “la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional” para “la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular”.
No obstante las medidas referidas a la prohibición de los despidos y la doble indemnización vigentes desde la asunción del Gobierno o de la irrupción de la pandemia, los datos oficiales marcan una importante caída del empleo asalariado formal privado, aunque en los últimos meses hubo una leve recuperación.
La caída del empleo se debió que las empresas no reponen el personal que renuncia o se jubila y también a los “acuerdos” o "retiros voluntarios" acordados con el personal cesanteado para eludir la prohibición del despido.
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