Guerra por las escuelas: Carlos Zannini presentó sus argumentos y ahora espera la definición de la Corte

y brindó los argumentos sobre los que se basó el Gobierno para suspender las clases presenciales durante quince días en el AMBA. El requerimiento se formuló después de que el máximo Tribunal aceptó la competencia para tratar el reclamo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien había planteado la inconstitucionalidad de la medida, amparado en la autonomía de la Ciudad para decidir sobre la educación.

El gobierno porteño dio la orden de abrir este lunes las 2.359 unidades educativas que nuclean a 600.000 alumnos de todos los niveles. La determinación se basó en el fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo porteña, que ordenó garantizar las clases presenciales dejando sin efecto el artículo 2 del DNU del presidente Alberto Fernández.

Esa determinación derivó en la respuesta del Gobierno nacional ante la justicia en lo contencioso administrativo, pero del fuero federal. Sin embargo, la decisión final está en manos de la Corte. 

El viernes pasado,la procuración general de la Nación había dictaminado que el máximo tribunal es competente para intervenir frente al amparo que la Ciudad presentó, basado en tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -"la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal"; la violación al principio de razonabilidad -"la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos"- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual "se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino".​

El lunes pasado la Corte aceptó su competencia original para tratar el reclamo del gobierno porteño, y avisó que la cuestión "se sustanciará por las normas del proceso sumarísimo, por el plazo de cinco días".

En ese marco, el último trámite pendiente antes de la deliberación de los cinco ministros de la Corte era al respuesta del gobierno, que este martes entregó el procurador del Tesoro Carlos Zannini.

Lo hizo con un estricto de 113 páginas, donde combinó argumentos sanitarios, constitucionales y hasta políticos para rebatir la presentación del Gobierno de la Ciudad ante la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de las clases presenciales.

Zannini acusó de "negacionista de la pandemia" a la administración de Horacio Rodríguez Larreta y basó su postura en números aportados por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Así, defendió el DNU de Alberto Fernández y los motivos que condujeron al Gobierno a ordenar la suspensión de las clases presenciales durante quince días,  únicamente en el AMBA.

Uno por uno, los párrafos más relevantes de la presentación que hizo el Gobierno nacional, que llegó a la Corte por mail a última hora de este lunes:

Salud y "negacionismo"

"Es obligación del Gobierno federal velar por el derecho a la vida de los habitantes del país y es exclusivamente en pos de ello que se adoptan las medidas necesarias para estabilizar el sistema de salud y evitar su colapso".

"En materia de presencialidad escolar se tuvo en cuenta que el grupo de personas de 6 a 17 años, entre las semanas 1 a 4 del año representaba el 5,3% del total de casos confirmados (de coronavirus), y entre las semanas 12 a 14, representó el 7,3%. Al evaluar la proporción de casos que representa cada grupo de edad, sobre el total notificado, de 13 a 18 años, y de 20 a 29, son los que mayor aumento relativo presentaron en las últimas semanas".

"Subyace en la demanda (de la Ciudad) una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia".

"La suspensión del decreto implicará mayor circulación de personas y por ende del virus, lo que derivará en una mayor saturación del sistema de salud y, como consecuencia fatal, la pérdida de vidas. De concederse la medida (pedida por la Ciudad), los efectos disvaliosos serán claramente irreversibles".

"No alcanza con la presencialidad cuidada individualmente (...) se tornan necesarias medidas colectivas. La información aportada (por el Gobierno) es contundente para demostrar la gravedad de la situación sanitaria, la que está siendo minimizada por la Ciudad con una indiferencia por las vidas en juego que no pasará inadvertida".

​ Constitucionalidad​

"El Gobierno de la Ciudad se autopercibe autónomo en términos tales que no advierte que sus actos y omisiones proyectan efectos y consecuencias más allá de los límites territoriales de la Ciudad (y) en particular, a la esfera del AMBA".

"El cuestionamiento del DNU 241/21 con base constitucional impone brindar a la Provincia de Buenos Aires la posibilidad de ser oída en el presente juicio".

"La decisión adoptada por el Gobierno federal (en el decreto) atañe a sus competencias institucionales, las que en modo alguno pueden ser objeto de debate en jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad".

"Aparte de un desconocimiento de las atribuciones del Gobierno nacional, la actitud del Gobierno de la Ciudad implica un evidente alzamiento contra la primacía de las normas que configuran el orden jurídico federal. A la vez, la conducta de las autoridades de la jurisdicción local (...) ha importado un desafío a la autoridad de la Justicia federal de la que Vuestra Excelencia es el máximo tribunal".

​ El ​incumplimiento de la Ciudad "Cabe destacar que, de todos modos, actuando ilegítimamente, el Gobierno porteño no está cumpliendo con el decreto y sostiene en los hechos la modalidad presencial de las escuelas. Con lo cual no existe ningún tipo de peligro en la demora para la Ciudad".

"La Ciudad de Buenos Aires ha consentido todos y cada uno de los decretos dictados entre los años 2020 y 2021, anteriores al DNU 241/2021, sin cuestionar la competencia del Poder Ejecutivo en la materia".

"Resulta incoherente desde una perspectiva no solo jurídica, sino también política e institucional, que en este momento crucial en que la situación epidemiológica se agravó con motivo de la segunda ola de contagios, el Gobierno de la Ciudad impugne esta medida, cuando durante el año pasado consintió otras de igual tenor o aún más intensas en un escenario más benevolente".

​ Informe de Vizzotti​

Otro de los argumentos de Zannini se basa en informes del Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, con datos estadísticos y gráficos. De allí citan: "Son las regiones de CABA y AMBA las que presentan las mayores tasas de incidencia en los últimos catorce días, con valores que duplican los registrados en los peores momentos de 2020".

​ ​Educación "garantizada" "La educación sigue garantizada y su ejercicio no se encuentra vedado. Incluso, el Poder Ejecutivo ha dictado numerosas normas para facilitar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria, a fin de permitir el acceso de los sectores más vulnerables y más golpeados por los efectos de la pandemia".

​ Foco en el transporte

"El fundamento principal por el cual se suspendió la presencialidad de las clases por 14 días, no fue únicamente la posibilidad de contagios que podrían haberse producido dentro de las escuelas. Sino el hecho de que la asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas".

"En el AMBA, hay más de tres millones de niños y niñas en edad escolar y 300 mil docentes y no docentes, sumados a los acompañantes, que se movilizan diariamente".

​ La comparación con el mundo​ "Ante las mismas situaciones, se han adoptado medidas idénticas o análogas, en forma temporaria y focalizada, en otros países de diversos continentes, tales como Chile, Uruguay, México, Francia, Italia, Portugal, España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Finlandia, Israel, Bélgica, Suiza, entre otros".