El senador pidió además el sobreseimiento de todos los acusados. Basó su requerimiento en las sucesivas visitas que hicieron los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Ambos fueron quienes reabrieron el caso.
El senador Oscar Parrilli pidió la nulidad de la causa Memorándum con Irán y el sobreseimiento de todos los acusados. Basó su requerimiento en las revelaciones de la Operación Olivos que publicó El Destape. La solicitud se sostiene en que las sucesivas visitas que hicieron los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos revelan “actos indecorosos y de clarísima parcialidad”. Ambos jueces fueron quienes decidieron reabrir este caso, a pesar de que las instancias inferiores lo habían desestimado. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había hecho un planteo similar este martes al que ahora hace Parrilli.
El senador, a través de su abogado Aníbal Ibarra, solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 8 “la nulidad de los actos sucesivos a la reapertura de la causa” que decidieron Hornos y Borinsky el 29 de diciembre de 2016. “Esa reapertura fue la excusa para sortear un vicio que la causa contenía de origen: la ausencia absoluta de actividad delictiva de los aquí imputados”, se señaló en el escrito. Además, el senador solicitó el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito.
Parrilli pidió la nulidad por la “intervención de jueces que exhiben parcialidad innegable a través de su relación de amistad con Mauricio Macri, probada con sus visitas inaceptables, infundadas y además ocultas”. Para el senador, esas visitas son “inaceptables en términos jurídicos y democráticos” e “ilegales”.
En la presentación se destacó que las entradas a la residencia presidencial, tal como publicó este medio, “fueron ocultadas por Macri, ocultadas por Hornos y ocultadas por Borinsky”. “Un podio de ocultadores de la relación estrecha que los vinculaba y que avasallaba la independencia de los poderes, pilar de nuestra Constitución Nacional”, se destacó.
El punto de quiebre es el 29 de diciembre de 2016 porque es el momento que la sala I de la Casación, en la que se encontraban subrogando Hornos y Borinsky, se decide revocar “la desestimación de la denuncia de Alberto Nisman” y hacer “lugar al pedido de reapertura de la causa, dándose trámite, un año y medio después, a la reapertura de un expediente que había sido cerrado por inexistencia de delito y archivado”.
En la presentación se resaltan dos agravantes:
“La Sala I de Casación, asumiendo una competencia que no le correspondía, revocó el fallo de primera y segunda instancia -que, por el contrario, habían rechazado la reapertura- sin un recurso habilitado ya que el Fiscal ante la Casación -Javier De Luca- había desistido del recurso de su inferior y la pretensa querella -la DAIA- ni siquiera poseía poder especial para querellar en esta causa”.
“La Sala I de Casación le quitó el expediente al juez Rafecas -que había firmado la desestimación- y también se lo quitó a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal -que había confirmado la desestimación de Rafecas-“. El caso terminó en manos de Claudio Bonadío.
Parrilli destacó que Hornos y Borinsky “eran asiduos concurrentes a la Casa de Gobierno y a la residencia presidencial de Olivos, precisamente para entrevistarse con el ex Presidente Mauricio Macri en actividades que esos magistrados calificaron de sociales o deportivas”. Y mencionó que hubo visitas que se realizaron muy cerca de la fecha en que se resolvió la resolución que le daría un giro de 180 grados a la causa del Memorándum. Por ejemplo, Borinsky lo hizo “a menos de una semana del escandaloso fallo”.
El senador también recordó, a modo de comparación, que “la invención de supuestas reuniones del juez Casanello” con CFK cuando era presidenta “generaron un escándalo del cual se han trasmitido horas y horas de relatos televisivos, radiales y litros de tinta” y hasta “mereció una causa penal contra aquel juez”. Al parecer hay un doble estándar porque la repercusión por las 16 visitas de Borinsky a la residencia presidencial no causaron la misma reacción en la actual oposición ni en la Justicia.
Para el exsecretario general de la Presidencia, “una clara prueba de que los encuentros eran ilegales y estaban referidos a causas que le interesaban al ex presidente Macri y que tenían que resolver precisamente Hornos y Borinsky es que todos los ocultaron”.
Parrilli señaló que Macri lo ocultó cuando su secretario privado, Darío Nieto, entregó una lista manipulada de los visitantes a la Quinta de Olivos ante un requerimiento de Poder Ciudadano. La nómina “no contenía la visita de estos funcionarios judiciales”. Pero “lo calló también Hornos”. Es que el senador recuerda que en la causa "Oil Combustibles" en donde se presentó una recusación contra Hornos “por sus vínculos con el Poder Ejecutivo” se pidió como prueba “informes sobre sus ingresos a Olivos y a la Casa Rosada” lo que “el propio Hornos rechazó negándose a producir la prueba que lo habría puesto en evidencia”.
En la presentación del senador también se indicó que “Borinsky ocultó y mintió” sobre sus ingresos porque cuando estalló el escándalo de las visitas de Hornos a Macri en la Casa Rosada en la Cámara Federal de Casación se realizó una reunión de superintendencia donde el propio Borinsky dijo que los ingresos de su colega “eran difíciles de explicar”. Entre otras cosas, aseguró “que él, en cambio, había visitado a Macri una sola vez por la reforma al Código Procesal Penal, lo cual, se demostró que era una gran mentira”.
Así las cosas, en el escrito que rubricó Ibarra se afirmó que “los jueces Hornos y Borinsky no firmaron ese escandaloso fallo por un criterio jurídico opinable sino como consecuencia de un plan decidido junto al Poder Ejecutivo presidido por Mauricio Macri y con el fin de perseguir a la ex Presidenta Cristina Fernández y a ex funcionarios de su gobierno, entre los cuales se encuentra mi defendido Oscar Parrilli”.
Pero eso no es todo.
“Los propios jueces de la Cámara de Casación, Hornos y Borinsky, rechazaron ‘in limine’ (el 4 de noviembre del 2016) la recusación que a su respecto habían presentado varias defensas. Los propios Hornos y Borinsky sostuvieron en esa oportunidad que ‘no cabe admitir que… puedan las defensas dudar de la imparcialidad de este Tribunal…’”, indicó Parrilli en referencia a la propia causa Memorándum. “Los nombrados firmaron esto mientras se reunían en secreto con el Presidente quien estaba directamente interesado en la suerte de este expediente”, se añadió. “Esas visitas al entonces Presidente explican muchas de las cosas que han ocurrido en esta causa y que configuran un claro ejemplo de persecución política-judicial (Lawfare)”, se remarcó.
A la par que cuestionó el accionar de Hornos y Borinsky (también hubo un pasaje dedicado a Juan Carlos Gemignani), Parrilli a través de su abogado agregó que “en esta causa no hay delito a investigar”. “Esto se sabe desde el principio pero se corroboró de manera indiscutible con la documentación de fecha 22 de junio del año 2020 agregada a la causa”, se señaló en el afán de replicar lo que sucedió en la causa de Dólar Futuro, donde la Casación decidió anular el juicio y sobreseer a todos los acusados, entre los que se encontraban CFK y Axel Kicillof, entre otras cosas por la aparición de nueva prueba.
La documentación en cuestión es un oficio, dirigido a la Justicia, que “fue firmado por la Subcomisario Luz Marina Prieto, a cargo de la División de Asuntos Internacionales de Interpol”. “Esa presentación es la que amerita ahora, sin perjuicio de la nulidad que se plantea, el pedido de sobreseimiento de mi asistido y de los demás procesados porque carece de sentido desplegar un debate oral cuando estamos frente a conductas que no configuran delito alguno”, se destacó. Allí se ratifica que solo el juez a cargo del proceso era el que podía hacer caer las alertas rojas.
Y se insistió: “Esta causa nunca debió haber existido” porque “es fruto de la manipulación”.
Entre las manipulaciones, se destacaron:
“Una ilegal reapertura" de la causa y que "se eligió en forma arbitraria e ilegal al instructor Bonadío para que la llevara adelante”.
“Bonadío manipuló el procedimiento impidiendo, cosa inédita, que declarara un testigo clave de descargo como lo es el Sr. Ronald Noble, ex titular de Interpol, mediando el temor de que su declaración derribara esta causa cual castillo de naipes y pusiese en evidencia la farsa montada (…)”.
Y se considera que esta causa nunca debió haber existido porque se basa en la firma de un acuerdo internacional entre Argentina e Irán “que, en el caso de nuestro país, fue aprobado por las dos Cámaras del Congreso” y que además “ese acuerdo nunca entró en vigencia”.
“Esta causa nunca debió haber existido porque lo que se investiga es, desde el comienzo, un delito de imposible comisión por parte de cualquiera de las personas sometidas a proceso”, ya que el levantamiento de las alertas Rojas que mencionó el difunto fiscal Alberto Nisman en su denuncia, y que en teoría hubiera sido una consecuencia del Memorándum, solo podía ser ordenado por quien era el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral.
“No sólo las alertas nunca fueron levantadas, sino que nadie que no fuera el juez que las había emitido podía requerir suspenderlas o pedir la anulación de su vigencia. No había pacto, tratado o memorandum entre Argentina y la República de Irán que pudiera alterar la vigencia de esas alertas rojas sin la decisión del juez interviniente en tal sentido”, se resaltó. “Sin embargo el juez Bonadío siguió con la causa y detuvo a varias personas por un delito imposible –se añadió-. Pero ahora, esta persecución ilegal se derrumba. Salieron a la luz las visitas frecuentes de los camaristas de Casación que visitaban al ex Presidente Macri mientras firmaban ilegalidades pocas veces vistas en Tribunales”.
Por todo esto, Parrilli solicitó “la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de la Sala IV de Casación de fecha 29 de diciembre del 2016 y, en consecuencia, dictar el sobreseimiento” de los acusados.
El senador pidió además el sobreseimiento de todos los acusados. Basó su requerimiento en las sucesivas visitas que hicieron los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Ambos fueron quienes reabrieron el caso.
El senador Oscar Parrilli pidió la nulidad de la causa Memorándum con Irán y el sobreseimiento de todos los acusados. Basó su requerimiento en las revelaciones de la Operación Olivos que publicó El Destape. La solicitud se sostiene en que las sucesivas visitas que hicieron los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos revelan “actos indecorosos y de clarísima parcialidad”. Ambos jueces fueron quienes decidieron reabrir este caso, a pesar de que las instancias inferiores lo habían desestimado. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había hecho un planteo similar este martes al que ahora hace Parrilli.
El senador, a través de su abogado Aníbal Ibarra, solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 8 “la nulidad de los actos sucesivos a la reapertura de la causa” que decidieron Hornos y Borinsky el 29 de diciembre de 2016. “Esa reapertura fue la excusa para sortear un vicio que la causa contenía de origen: la ausencia absoluta de actividad delictiva de los aquí imputados”, se señaló en el escrito. Además, el senador solicitó el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito.
Parrilli pidió la nulidad por la “intervención de jueces que exhiben parcialidad innegable a través de su relación de amistad con Mauricio Macri, probada con sus visitas inaceptables, infundadas y además ocultas”. Para el senador, esas visitas son “inaceptables en términos jurídicos y democráticos” e “ilegales”.
En la presentación se destacó que las entradas a la residencia presidencial, tal como publicó este medio, “fueron ocultadas por Macri, ocultadas por Hornos y ocultadas por Borinsky”. “Un podio de ocultadores de la relación estrecha que los vinculaba y que avasallaba la independencia de los poderes, pilar de nuestra Constitución Nacional”, se destacó.
El punto de quiebre es el 29 de diciembre de 2016 porque es el momento que la sala I de la Casación, en la que se encontraban subrogando Hornos y Borinsky, se decide revocar “la desestimación de la denuncia de Alberto Nisman” y hacer “lugar al pedido de reapertura de la causa, dándose trámite, un año y medio después, a la reapertura de un expediente que había sido cerrado por inexistencia de delito y archivado”.
En la presentación se resaltan dos agravantes:
“La Sala I de Casación, asumiendo una competencia que no le correspondía, revocó el fallo de primera y segunda instancia -que, por el contrario, habían rechazado la reapertura- sin un recurso habilitado ya que el Fiscal ante la Casación -Javier De Luca- había desistido del recurso de su inferior y la pretensa querella -la DAIA- ni siquiera poseía poder especial para querellar en esta causa”.
“La Sala I de Casación le quitó el expediente al juez Rafecas -que había firmado la desestimación- y también se lo quitó a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal -que había confirmado la desestimación de Rafecas-“. El caso terminó en manos de Claudio Bonadío.
Parrilli destacó que Hornos y Borinsky “eran asiduos concurrentes a la Casa de Gobierno y a la residencia presidencial de Olivos, precisamente para entrevistarse con el ex Presidente Mauricio Macri en actividades que esos magistrados calificaron de sociales o deportivas”. Y mencionó que hubo visitas que se realizaron muy cerca de la fecha en que se resolvió la resolución que le daría un giro de 180 grados a la causa del Memorándum. Por ejemplo, Borinsky lo hizo “a menos de una semana del escandaloso fallo”.
El senador también recordó, a modo de comparación, que “la invención de supuestas reuniones del juez Casanello” con CFK cuando era presidenta “generaron un escándalo del cual se han trasmitido horas y horas de relatos televisivos, radiales y litros de tinta” y hasta “mereció una causa penal contra aquel juez”. Al parecer hay un doble estándar porque la repercusión por las 16 visitas de Borinsky a la residencia presidencial no causaron la misma reacción en la actual oposición ni en la Justicia.
Para el exsecretario general de la Presidencia, “una clara prueba de que los encuentros eran ilegales y estaban referidos a causas que le interesaban al ex presidente Macri y que tenían que resolver precisamente Hornos y Borinsky es que todos los ocultaron”.
Parrilli señaló que Macri lo ocultó cuando su secretario privado, Darío Nieto, entregó una lista manipulada de los visitantes a la Quinta de Olivos ante un requerimiento de Poder Ciudadano. La nómina “no contenía la visita de estos funcionarios judiciales”. Pero “lo calló también Hornos”. Es que el senador recuerda que en la causa "Oil Combustibles" en donde se presentó una recusación contra Hornos “por sus vínculos con el Poder Ejecutivo” se pidió como prueba “informes sobre sus ingresos a Olivos y a la Casa Rosada” lo que “el propio Hornos rechazó negándose a producir la prueba que lo habría puesto en evidencia”.
En la presentación del senador también se indicó que “Borinsky ocultó y mintió” sobre sus ingresos porque cuando estalló el escándalo de las visitas de Hornos a Macri en la Casa Rosada en la Cámara Federal de Casación se realizó una reunión de superintendencia donde el propio Borinsky dijo que los ingresos de su colega “eran difíciles de explicar”. Entre otras cosas, aseguró “que él, en cambio, había visitado a Macri una sola vez por la reforma al Código Procesal Penal, lo cual, se demostró que era una gran mentira”.
Así las cosas, en el escrito que rubricó Ibarra se afirmó que “los jueces Hornos y Borinsky no firmaron ese escandaloso fallo por un criterio jurídico opinable sino como consecuencia de un plan decidido junto al Poder Ejecutivo presidido por Mauricio Macri y con el fin de perseguir a la ex Presidenta Cristina Fernández y a ex funcionarios de su gobierno, entre los cuales se encuentra mi defendido Oscar Parrilli”.
Pero eso no es todo.
“Los propios jueces de la Cámara de Casación, Hornos y Borinsky, rechazaron ‘in limine’ (el 4 de noviembre del 2016) la recusación que a su respecto habían presentado varias defensas. Los propios Hornos y Borinsky sostuvieron en esa oportunidad que ‘no cabe admitir que… puedan las defensas dudar de la imparcialidad de este Tribunal…’”, indicó Parrilli en referencia a la propia causa Memorándum. “Los nombrados firmaron esto mientras se reunían en secreto con el Presidente quien estaba directamente interesado en la suerte de este expediente”, se añadió. “Esas visitas al entonces Presidente explican muchas de las cosas que han ocurrido en esta causa y que configuran un claro ejemplo de persecución política-judicial (Lawfare)”, se remarcó.
A la par que cuestionó el accionar de Hornos y Borinsky (también hubo un pasaje dedicado a Juan Carlos Gemignani), Parrilli a través de su abogado agregó que “en esta causa no hay delito a investigar”. “Esto se sabe desde el principio pero se corroboró de manera indiscutible con la documentación de fecha 22 de junio del año 2020 agregada a la causa”, se señaló en el afán de replicar lo que sucedió en la causa de Dólar Futuro, donde la Casación decidió anular el juicio y sobreseer a todos los acusados, entre los que se encontraban CFK y Axel Kicillof, entre otras cosas por la aparición de nueva prueba.
La documentación en cuestión es un oficio, dirigido a la Justicia, que “fue firmado por la Subcomisario Luz Marina Prieto, a cargo de la División de Asuntos Internacionales de Interpol”. “Esa presentación es la que amerita ahora, sin perjuicio de la nulidad que se plantea, el pedido de sobreseimiento de mi asistido y de los demás procesados porque carece de sentido desplegar un debate oral cuando estamos frente a conductas que no configuran delito alguno”, se destacó. Allí se ratifica que solo el juez a cargo del proceso era el que podía hacer caer las alertas rojas.
Y se insistió: “Esta causa nunca debió haber existido” porque “es fruto de la manipulación”.
Entre las manipulaciones, se destacaron:
“Una ilegal reapertura" de la causa y que "se eligió en forma arbitraria e ilegal al instructor Bonadío para que la llevara adelante”.
“Bonadío manipuló el procedimiento impidiendo, cosa inédita, que declarara un testigo clave de descargo como lo es el Sr. Ronald Noble, ex titular de Interpol, mediando el temor de que su declaración derribara esta causa cual castillo de naipes y pusiese en evidencia la farsa montada (…)”.
Y se considera que esta causa nunca debió haber existido porque se basa en la firma de un acuerdo internacional entre Argentina e Irán “que, en el caso de nuestro país, fue aprobado por las dos Cámaras del Congreso” y que además “ese acuerdo nunca entró en vigencia”.
“Esta causa nunca debió haber existido porque lo que se investiga es, desde el comienzo, un delito de imposible comisión por parte de cualquiera de las personas sometidas a proceso”, ya que el levantamiento de las alertas Rojas que mencionó el difunto fiscal Alberto Nisman en su denuncia, y que en teoría hubiera sido una consecuencia del Memorándum, solo podía ser ordenado por quien era el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral.
“No sólo las alertas nunca fueron levantadas, sino que nadie que no fuera el juez que las había emitido podía requerir suspenderlas o pedir la anulación de su vigencia. No había pacto, tratado o memorandum entre Argentina y la República de Irán que pudiera alterar la vigencia de esas alertas rojas sin la decisión del juez interviniente en tal sentido”, se resaltó. “Sin embargo el juez Bonadío siguió con la causa y detuvo a varias personas por un delito imposible –se añadió-. Pero ahora, esta persecución ilegal se derrumba. Salieron a la luz las visitas frecuentes de los camaristas de Casación que visitaban al ex Presidente Macri mientras firmaban ilegalidades pocas veces vistas en Tribunales”.
Por todo esto, Parrilli solicitó “la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de la Sala IV de Casación de fecha 29 de diciembre del 2016 y, en consecuencia, dictar el sobreseimiento” de los acusados.