El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación resolvió este jueves remover de su cargo a Julio César Castro, titular de la Fiscalía Nº 13 ante
los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, por una causa de acoso sexual y maltrato laboral.
El fallo -dictado por unanimidad- resulta novedoso pues se trata de la primera vez que un fiscal es separado de su cargo por este tipo de hechos. Según el expediente, se suman a las acusaciones la interacción indebida del fiscal con una menor de edad a través de Twitter y la causa penal en la que Castro fue condenado a seis años y medio de prisión por la violación y violencia de género contra su ex pareja.
"Los hechos llevados a cabo por Castro, debidamente acreditados en este juicio, son incompatibles con su función de magistrado. Y no solo porque se trata de hechos intrínsecamente graves y de notoria importancia, como exige la Corte Suprema para que se proceda a la remoción del magistrado, sino porque además resulta deleznable que justamente los haya cometido un magistrado integrante del órgano al cual la Constitución Nacional le ha encomendado expresamente la defensa de la legalidad y a quien se le exige una conducta ejemplar", argumenta la sentencia.
Hay un dato llamativo: Castro fue en 2007 el primer coordinador de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil.
La audiencia se realizó a través de Zoom, sin la presencia de Castro.
El fiscal, de 58 años, cuenta con una extensa trayectoria en la materia de delitos sexuales y ha intervenido en causas relacionadas a la temática, como la caratulada "Jorge Néstor Mangeri s/abuso sexual segado de muerte", del registro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, en la que el MPF logró la condena del acusado por el asesinato de Ángeles Rawson. Pero cuando en los medios de comunicación se dieron a conocer las denuncias contra él por acoso sexual y laboral, Castro dio un paso al costado y los alegatos contra Mangeri fueron llevados adelante por sus pares Sandro Abraldes y Fernando Fiszer.
Estos antecedentes fueron considerados por el Tribunal como una agravante para la situación de Castro. Las actuaciones se originaron por una denuncia de acoso sexual y laboral y abuso de poder efectuada por empleados que trabajaban o habían trabajado bajo su dependencia.
Fue entonces que el Tribunal de Enjuiciamiento, presidido por Adriana Donato, llegó a la conclusión de removerlo del cargo luego de numerosas jornadas de un juicio en el que declararon más de 40 testigos y gracias a que el Procurador General interino, Eduardo Casal, dispuso la apertura y solicitó al Tribunal la suspensión de Castro.
El fallo contó además con el aval de los otros integrantes del Tribunal, los doctores Javier Panero, Héctor Recalde, Alejandra Obregón, César Grau, Laura Giosa y Juan Carlos Paulucci.
El fiscal pretendió evitar el jury al presentar su renuncia, pero Casal, que ponderó la perspectiva de género a lo largo de todo el ejercicio interino de sus funciones, no se la aceptó.
JPE
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