Colombia vive su tercera ola de covid con récord de muertes diarias, pero a los colombianos les preocupa más la tercera ola de surevuelta social, iniciada la semana pasada.
Y no parece que la vacuna esté por llegar. Al contrario. Aunque el presidente Iván Duque haya retirado su reforma tributaria y hable de diálogo, la violencia policial no cesa, y las posturas están más polarizadas.
El sector ultraderechista del gobernante Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, criminaliza unas protestas convocadas pacíficamente por estudiantes y sindicatos.
Tras las movilizaciones diarias se producen disturbios. Saqueos, ataques a comisarías, incendios de autobuses… El uribismo mete en el mismo saco la movilización pacífica y los actos vandálicos de una minoría y se ha abonado a la teoría de la conspiración sin pruebas: las protestas son promovidas por el chavista Nicolás Maduro, la guerrilla del ELN, los disidentes de las FARC y el narcotráfico.
La Fiscalía imputa a tres policías por homicidio, y ya hay entre 11 y 31 muertos, según las fuentes Duque equiparó el vandalismo a “terrorismo urbano”, que estaría financiado por “la mafia del narcotráfico”. Mientras tanto, el presidente ha iniciado una ronda de reuniones con todos los sectores políticos, pero ha dejado para el final al Comité Nacional del Paro, organizador de las movilizaciones.
Con el mismo guion, Uribe abogó por crear “mesas de discusión” con los colectivos sociales, pero a la vez insistió en la teoría de la conspiración, retuiteando un mensaje del senador republicano estadounidense Marco Rubio.
“Detrás de gran parte de la violencia que está ocurriendo en Colombia esta semana hay un esfuerzo orquestado para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente por los movimientos narcoguerrilleros de izquierda y sus aliados marxistas internacionales”, escribió Rubio.
Uribe, que genera tanta admiración como rechazo, define la movilización ciudadana como una “revolución molecular disipada”, siguiendo la teoría conspiranoica de un desconocido periodista chileno pinochetista, y le han llovido críticas, comenzando por el líder izquierdista colombiano, Gustavo Petro.
Manifestantes prenden velas en homenaje a las víctimas de la represión en Bogotá. Foto: Bloomberg
“En estas estupideces es que está creyendo el expresidente Uribe. Está apunto de entrar en QAnon. Están perdiendo la cordura”, tuiteó Petro, equiparando al uribismo con el trumpismo. Con un 38%, Petro encabeza las encuestas a las presidenciales del año que viene y es el gran beneficiado de esta crisis.
La Fiscalía confirma ya 11 muertos, aunque la Defensoría del Pueblo eleva la cifra a 24 y la oenegé Temblores a 31. Aún hay 51 personas desaparecidas. Más fallecidos que en la primera y la segunda olas de la revuelta juntas.
El intento uribista de criminalizar las movilizaciones por un modelo económico y social más equitativo fracasa cuando diariamente salen a la luz videos de actuaciones policiales abusivas donde las víctimas de disparos y apaleamientos por parte de la brigada antidisturbios son generalmente manifestantes pacíficos y pocas veces se ve a los “terroristas” que cometen los actos vandálicos.
La Fiscalía ya ha imputado a tres agentes por homicidio, y son muchos los países y organismos internacionales que han protestado por el uso excesivo de la fuerza policial, desde la CIDH hasta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El autor es corresponsal en Buenos Aires de La Vanguardia
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