Mara Jos Castillo es directora de Arraigo Rural y
Los desalojos de pequeos y medianos productores de la agricultura familiar, campesina e indgena se acrecentaron en los ltimos aos y se agudizaron durante la pandemia, situacin por la cual la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, Mara Jos Castillo, resalt la necesidad de prorrogar la prohibicin de desalojos y avanzar en un programa de regularizacin.
Mientras se espera que el Congreso Nacional apruebe la prrroga de la ley 27.118 que establece la prohibicin de desalojos, Castillo, en dilogo con Tlam subray como problemtica la situacin del sector donde “llegan todos los das rdenes de desalojo y no se puede estar pensando en construir un programa de regularizacin y mejora de la tenencia de la tierra si a la vez teniendo se suman estos desalojos todo el tiempo”.
“Hay un gran nmero de familias de la agricultura familiar con tenencia precaria, lo que acarrea por supuesto, la posibilidad de la prdida de la tierra y de sufrir desalojos y conflictos que llevan a la criminalizacin de las familias”, destac Castillo quien se desempe como abogada de familias campesinas y forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indgena (MNCI).
En septiembre del 2020, se puso en funcionamiento el Protocolo de Abordaje y Seguimiento de Conflictos Territoriales, a partir del cual se detectaron 80 situaciones de conflicto por las tierras.
“La mayora de estos casos son de desalojo y esto da cuenta de una situacin bastante compleja, que se agudiza por la pandemia. Una familia que est expuesta a sufrir un desalojo hoy est en un cuadro mucho peor que hace dos o tres aos atrs, porque no haba esta pandemia. Entonces, hay una situacin grave que estamos abordando”, explic Castillo.
La ley 27.118/15 de Reparacin Histrica de la Agricultura Familiar, estableci en su artculo 19 la suspensin por el trmino de 3 aos el desalojo de agricultores familiares.
En 2018, al vencerse este plazo, se aprob en el Congreso la prrroga por un ao, pero desde 2019 el sector de pequeos y medianos productores se encuentra desprotegido frente a las cautelares judiciales que ordenan la expulsin de las familias, sin tomar en cuenta la situacin posesoria que tienen los que la habitan.
En este sentido, la funcionaria seal que “en general el problema que decanta esta situacin irregular o situacin de precariedad en la tenencia, es que los ttulos se compran y se venden sin dar cuenta de esta realidad posesoria, entonces, vienen nuevos titulares registrales y empiezan los desalojos, habiendo comprado una tierra que ya tiene sus poseedores”.
“Los desalojos, al ser cautelares, no profundizan sobre la realidad posesoria, sobre quin tiene derecho a estar sino que simplemente ve un ttulo y desaloja. Esto es algo que ya est regulado en la ley, por eso la ley 26.160 (Comunidades Indgenas) y la 27.118 (Agricultura Familiar) dieron cuenta de esta situacin, que establece que se tienen que hacer programas que releven la situacin posesoria para despus, generar una poltica para la regularizacin de las tierras”, sostuvo.
De los 80 casos de conflicto abordados desde el rea de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, la mayor concentracin la tienen las provincias de Salta con 23 casos, Jujuy con 18 casos y Buenos Aires con 10 casos, seguidos por Crdoba (7 casos), Santiago del Estero (5 casos), Chaco (4 casos) y Tucumn y Ro Negro con 3 casos. Continan Mendoza, Chubut, Santa Fe, Neuqun y Misiones con 1 o 2 casos.
De este conjunto de casos relevados, hay 29 situaciones que incluyen la posibilidad directa o el desalojo consumado de las familias involucradas y en 37 de estos casos se encuentran involucradas comunidades indgenas.
A su vez, hay identificadas un total de 19 situaciones de conflictividad en las que son las mujeres las principales involucradas ya sea por ser las poseedoras de la tierra o por ser las referentes de la comunidad u organizacin.
Segn un relevamiento realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de 2011, las situaciones problemticas vinculadas a la tenencia de la tierra afectan a casi 64 mil familias de agricultores y agricultoras, que abarcan unas 10 millones de hectreas.
De este total, se estima que un 88% involucra a agricultores familiares que son poseedores y que carecen de ttulo de propiedad y al menos el 74% de las familias poseen la tierra hace ms de 20 aos, por lo que seran propietarios de la tierra por prescripcin veinteaal.
En este marco, en 2013 se cre el Programa Nacional de Titulacin y Arraigo Rural (ProntAR), que “es la nica herramienta desde el Estado Nacional que aborda especficamente la regularizacin de las tierras”, con el objetivo de contribuir a la reduccin de la precariedad en la forma de ocupacin y tenencia de las tierras rurales.
Castillo detall que es “un programa que tiende a generar recursos en las provincias y municipios para regularizar la tierra, es decir, plata para mensuras, deslindes, escrituras, partiendo del anlisis de que hay una situacin de precariedad muy grande que hay que abordar. Las provincias tienen sus propios programas de regularizacin y esto viene a acompaar las polticas que tienen las provincias tambin, por eso es un programa que se lleva adelante con las provincias”.
La Ley de Agricultura Familiar dispone la creacin de un Banco de Tierras para la agricultura familiar, y en esta lnea, Castillo plante que “se est trabajando a partir del dilogo con la AABE (Agencia de Administracin de Bienes del Estado), en poner en comn cual es la situacin de la tierra rural que tiene que estar a disposicin de este Banco de Tierras, y construyendo un programa de ‘vuelta al campo’, contemplando, por un lado, el banco de tierras y por otro lado, la construccin y desarrollo de comunidades agroalimentarias que sean los lugares donde la tierra est en funcin de la produccin de alimentos sanos para el abastecimiento local”.