La organización Human Rights Watch denunció este martes “la creciente campaña de violencia y represión” contra miembros de la oposición y la sociedad civil que lleva a cabo el gobierno de
Daniel Ortega y reclamó a las Naciones Unidas que presione para proteger los derechos humanos y asegurar las elecciones libres en Nicaragua.
El informe divulgado en Washington, de 37 páginas y más de 50 entrevistas, detalla hostigamiento, detenciones y procesos penales arbitrarios y abusos en detenciones de críticos y opositores.
Concluye que los arrestos de opositores y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre “parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo”.
Entre el 2 y el 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales opositores y al menos otros nueve reconocidos críticos del gobierno, señala el informe.
El precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la oposición Félix Maradiaga, uno de los detenidos en los últimos días. Foto: EFE
Condena en la OEA
El martes de la semana pasada, una mayoría de países de la región condenó en la Organización de Estados Americanos (OEA) los arrestos y pidió la liberación de los opositores detenidos.
La Argentina, junto con México, se abstuvo en esa votación, lo que provocó fuertes críticas de organismos de derechos humanos -entre ellos Human Rights Watch-, y luego buscó matizar ese impacto negativo con el llamado a consultas del embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich.
Pese a las críticas internacionales, la ola de arrestos no cesaba. Este mismo lunes mismo fueron detenidos la política opositora María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), y el periodista Miguel Mendoza, ambos bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, según informó la Policía Nacional.
“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que había calificado como una “vergüenza” la posición argentina y mexicana en la OEA.
La periodista y precandidata opositora Cristiana Chamorro fue arrestada el 2 de junio en Nicaragua. Foto: AFP
Pedido a Naciones Unidas
“Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el Secretario General (Antonio Guterres) potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”, reclamó.
El informe advierte que la crisis nicaragüense tiene “repercusiones alarmantes a nivel regional”, con más de 108.000 nicaragüenses que huyeron del país desde 2018, la mayoría hacia Costa Rica.
Entre enero y junio de 2021, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias.
También revisaron fotos y videos tomados durante las detenciones e informes de prensa y de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
Control directo sobre las fuerzas de seguridad
El informe señala que “Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad. Es común que policías –y, a veces, militares– hagan guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detención arbitraria”.
“Muchas víctimas manifestaron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas. Algunas no pudieron llevar a sus hijos a la escuela o a citas médicas. Hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención”, agrega.
Varias personas dijeron haber sido sometidas a torturas y tratos abusivos durante la detención.
Ante esta situación, el informe señala que el Secretario General de las Naciones Unidas debería invocar el artículo 99 de la Carta de la organización para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, como una crisis de proporciones cada vez mayores que involucra graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región.
Washington, corresponsal
CB
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