La Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad analizó la iniciativa presentada por la diputada Gladis Cristaldo que plantea un nuevo abordaje en el rol de la víctima en el proceso penal, flexibilizando el monopolio de la pretensión punitiva estatal hacia un empoderamiento de las personas víctimas de delitos.
El proyecto que tuvo dictamen unánime de los presentes busca reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, la constitución provincial y los ordenamientos locales.
También pretende establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados y establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito.
La Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad analizó la iniciativa presentada por la diputada Gladis Cristaldo que plantea un nuevo abordaje en el rol de la víctima en el proceso penal, flexibilizando el monopolio de la pretensión punitiva estatal hacia un empoderamiento de las personas víctimas de delitos.
El proyecto que tuvo dictamen unánime de los presentes busca reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, la constitución provincial y los ordenamientos locales.
También pretende establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados y establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito.
Presidió la reunión extraordinaria la diputada Nadia García Amud, con quórum de sus pares Livio Gutiérrez, Teresa Cubells, Juan José Bergia, Gladis Cristaldo, Débora Cardozo, Nicolás Slimel y Carmen Delgado.
Registro digital de nacimientos y defunciones durante la pandemia
Por unanimidad de los miembros presentes, se dio dictamen favorable a una iniciativa de la diputada Nadia García Amud que tiene por objeto establecer un procedimiento alternativo de inscripción para efectuar las registraciones de nacimientos y defunciones ocurridos en la Provincia, ante el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, que depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo.
La propuesta se direcciona a habilitar la inscripción digital de dichos actos a fin de que los solicitantes puedan realizar el trámite pertinente desde una localización remota, evitando la presencialidad y, con ello, la aglomeración y la circulación comunitaria para gestionar tales diligencias por ante las reparticiones públicas. En este sentido se pretende implementar la modalidad virtual con carácter excepcional, mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria como consecuencia de la pandemia que atraviesa nuestra provincia, el país y el mundo.
También se abordó un proyecto de legisladores de la bancada radical por el cual se proponen modificaciones a la ley 843-A que crea el Instituto del Defensor del Pueblo, iniciativa que tuvo despacho favorable de los diputados, Cristaldo, Bergia, Amud, Gutiérrez y Cardozo, en tanto que Cubells adelantó que acompañará una iniciativa de su autoría relacionado a la temática.
