El diputado Luis Ricardo Miranda, exaliado del presidente Jair Bolsonaro, afirmó el lunes ante la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) que la eventual corrupción con las vacunas es solo una parte
de una gran red de fraudes.
La mayoría de estos delitos, según expresó el legislador, están profundamente vinculados con otros contratos millonarios del gobierno, a su vez relacionados con la adquisición de medicamentos e insumos para el coronavirus.
Miranda expuso el viernes ante la CPI en relación a la compra de 20 millones de vacunas indias Covaxin por 300 millones de dólares. Aseguró haberse reunido con Bolsonaro y ponerlo al corriente de las irregularidades en la transacción.
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Indicó a continuación que el mandatario decidió no tomar medidas para corregirlas y dijo haber confiado plenamente en que lo haría: "No queríamos acabar con el gobierno, tratamos de protegerlo. Ahora, si el gobierno no hizo nada, la culpa es del gobierno".
Las acusaciones de exintegrante del oficialismo causaron un terremoto político sobre el que se habló durante todo el fin de semana. Bolsonaro decidió no hacer mención alguna sobre el tema hasta que el Congreso volviese a reunirse.
Tras concretarse la reunión, el mandatario habló de la existencia de "juegos de poder" detrás de ladenuncia sobre corrupción en la compra de vacunas. Luego, criticó a los senadores Omar Aziz, Randolfe Rodrigues y Renán Calheiros, máximas autoridades de la CPI.
"Son muy expertos, ellos saben lo que quieren, ellos quieren que Brasil vuelva a ser como era antes", arremetió para luego hacer énfasis en su reunión con Miranda: "Recibo a todo el mundo. No ni sabía cómo estaban las tratativas por la Covaxin".
Agregó también que "son 22 ministerios, no puedo saber lo que pasa en cada uno. (Tengo) confianza de los ministros, no hicimos nada errado" y concluyó: "Estos tipos montan la narrativa de que la vacuna fisura al gobierno de Bolsonaro".
Finalmente, la senadora Simone Tebet alentó a que este organismo parlamentario "buceé en las investigaciones de las denuncias sobre gravísimos delitos cometidos". Propuso entonces que las actividades de la CPI se prorroguen por otros 90 días.
JFG