El expresidente será sometido a una investigación por un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito.
La medida de la fiscalía es consecuencia de la denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción. De la investigación que lleva adelante la jueza María Servini se desprende que el expresidente se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020.
El fiscal federal Ramiro González imputó este lunes al exmandatario Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia de la Nación -un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito-, en el marco de la denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA).
El representante del ministerio público fiscal, que tiene delegada la investigación, dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, según informaron a Télam fuentes judiciales.
La Oficina Anticorrupción, en su denuncia, había acusado al expresidente de protagonizar movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar "apariencia" de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.
La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia (IGJ), alertaba además sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El expresidente será sometido a una investigación por un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito.
La medida de la fiscalía es consecuencia de la denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción. De la investigación que lleva adelante la jueza María Servini se desprende que el expresidente se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020.
El fiscal federal Ramiro González imputó este lunes al exmandatario Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia de la Nación -un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito-, en el marco de la denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA).
El representante del ministerio público fiscal, que tiene delegada la investigación, dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, según informaron a Télam fuentes judiciales.
La Oficina Anticorrupción, en su denuncia, había acusado al expresidente de protagonizar movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar "apariencia" de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.
La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia (IGJ), alertaba además sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La maniobra denunciada por la OA, que encabeza Felix Crous, incluía movimientos accionarios que involucran a las sociedades AGRO G S.A., Latin Bio y hasta al Fideicomiso Ciego de Administración, que Macri suscribió con la firma Seguridad Fiduciaria S.A. cuando asumió la Presidencia con el fin de desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio.
En ese sentido, el fiscal González consideró pertinente solicitarle a la Inspección General de Justicia la copia de distintos documentos relativos a la firma Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró), como así también requerirle a la OA que facilite la declaración Jurada Patrimonial Integral de Macri correspondiente a los años 2015 y 2016.
Según surge de la denuncia, Macri mintió cuando declaró poseer el 14 por ciento de las acciones de AGRO G, cuando en realidad tenía el 20 por ciento, y omitió además haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que quedó en evidencia cuando, sin haber declarado previamente su titularidad, las transfirió al fideicomiso ciego.
"Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos", se indicó en la denuncia.
