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El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa rechaz una accin de amparo de un contribuyente, que se negaba a pagar el "Aporte Solidario y Extraordinario" establecido en la ley 27.605, y sostuvo que la norma "respeta el principio de legalidad".
La Ley 27.605 "fue sancionada siguiendo el procedimiento de formacin y sancin de leyes previsto en la Constitucin Nacional", remarc el titular del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo federal 10, en el fallo al que tuvo acceso Tlam.
La accin de amparo fue presentada el 16 de abril pasado por un contribuyente, identificado por sus iniciales L F, quien buscaba obtener la declaracin de "inconstitucionalidad" de la ley que estableci por nica vez el "Aporte Solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", y asegur estar radicado en Estados Unidos pero estar alcanzado por "poseer acciones en compaas nacionales".
El magistrado rechaz el amparo al destacar que la Ley "es producto del debate parlamentario", "respeta el principio de legalidad y por lo tanto desde esta ptica de estudio, resulta un instrumento jurdico idneo".
Adems, hizo un repaso de la situacin econmica y social a raz de la pandemia.
"Es posible concluir que nuestra Nacin, como consecuencia de la pandemia del Sars Covid 2 (Covid 19) est atravesando una profunda y grave crisis sanitaria, social y econmica -que sufren ms intensamente los grupos y/o sectores vulnerables- todo lo cual pone en riesgo el capital humano y productivo, acentundose ms las desigualdades distribuitivas, que ya existan con anterioridad", consider Lara Correa.
En el fallo se mencionaron informes de organismos internacionales como la Cepal, que por ejemplo advierte "sobre el aumento de la pobreza en Amrica Latina y el Caribe por la pandemia".
El juez se refiri adems al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que advirti que "los pases sufrieron una carga desproporcionada de casos y muertes. Esto trajo consigo mltiples crisis econmicas y sociales".
El contribuyente haba aludido a una "amenaza al derecho a la propiedad".
En el caso concreto, el magistrado consider que el contribuyente no prob que se afecte su derecho a la propiedad ni "afecte una porcin sustancial de su patrimonio", y rechaz por falta de evidencia el argumento sobre la residencia fiscal en Estados Unidos.
La decisin podra ser apelada ante la Cmara en lo Contencioso Administrativo Federal.