La situación de los argentinos varados en el exterior y la polémica por el cupo de 600 personas por día habilitadas para ingresar a la Argentina que fijó el Gobierno
vuelven a generar tensión entre la Casa Rosada y la Ciudad. Luego de que trascendieran deficiencias en los controles de porteños, que recibieron llamados para corroborar si estaban cumpliendo el aislamiento cuando todavía se encuentran sin poder regresar al país, desde Nación reclaman a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que ajuste los operativos ó implemente el modelo de Axel Kicillof, que impuso cuarentena de cuatro días en hoteles y de otros tres días en domicilio para todos los bonaerenses que viajan desde este jueves.
Con el foco puesto en "retrasar el mayor tiempo posible el ingreso de la variante Delta", el reclamo de la gestión de Alberto Fernández tiene que ver con la composición de la masa de argentinos que viaja al exterior: según las declaraciones juradas que firman los pasajeros, el 45 por ciento reside en la provincia de Buenos Aires mientras que un 32% pertenece a la Ciudad. Es decir que entre los dos distritos reúnen a 8 de cada 10 viajeros.
Arribos de pasajeros en el aeropuerto de Ezeiza, esta semana. Foto: Luciano Thieberger.
"El problema no es que viajen, sino que no cumplan con la cuarentena al regresar", dicen desde el Gobierno, donde remarcan que la medida se adoptó luego de dos informes oficiales que revelaron serios incumplimientos: el primero reflejó que 4 de cada diez argentinos que volvían del exterior no respetaban el aislamiento y el segundo, dos semanas más tarde y con ese antecedente, que la cifra había descendido apenas al 32%.
Aunque el cupo obedece a una estrategia sanitaria, trazada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y dispuesta por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es desde Migraciones donde se instrumenta la medida y, en consecuencia, su titular, Florencia Carignano, es una de las responsables de defenderla públicamente.
“La medida es transitoria con el objetivo de permitirles a las jurisdiscciones una mejor organización de los controles”, explica Carignano en diálogo con Clarín.
Apunten a Larreta
Tras la decisión de Kicillof, que decretó que a partir del 1 de julio los bonaerenses que viajen al exterior deben firmar una declaración jurada en la que se comprometen a aislarse durante cuatro días en un hotel y tres días en sus domicilios cuando vuelven al país, Carignano pone énfasis en la administración porteña.
El gobernador Axel Kicillof, en una reciente conferencia de prensa. La Rosada se aliena con él.
“Si la Ciudad no implementa los hoteles, deberá informar cómo ajustará los controles ya que el incumplimiento en el distrito es del 40 por ciento y el control telefónico no parece ser la solución", apunta.
“Nosotros cuando asistimos a domicilios -agrega- encontramos un gran incumplimiento y realizamos las denuncias correspondientes. No sé cuántas denuncias presentó la Ciudad”. Aunque no lo explicitó dejó entrever la sospecha que desde hace varios días vienen esparciendo -siempre por lo bajo- funcionarios nacionales: que la gestión de Larreta no denunció incumplimientos ni aplicó multas. Ante la consulta específica de Clarín, voceros porteños admitieron no tener el número exacto de denuncias realizadas.
El cruce de Carignano no se queda en lo discursivo sino que va más allá, al corazón de la medida. Como publicó este diario, el Gobierno admite que si se realizan “controles serios” que garanticen el cumplimiento del aislamiento, puede flexibilizar el cupo. “Lo paradójico es que si la Ciudad implementara los hoteles como la provincia de Buenos Aires, como entre las dos concentran la mayor cantidad de personas que viajan al exterior, esto nos permitirá solucionar el control de la cuarentena y aumentar las frecuencias de vuelos”, sostiene la funcionaria que depende del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
Desde la Ciudad se mantienen firmes en la postura de no forzar a los pasajeros a hacer cuarentena en hoteles. “Fuimos los primeros en hacerlo el año pasado y ahora todo aquel que da positivo se queda aislado en un hotel, pero el vecino que da negativo se va a su casa y lo controlamos varias veces”, responden ante los cuestionamientos.
Sin cambios hasta el 9 de julio
Igual, el Gobierno no hará cambios hasta el 9 de julio, cuando vence el DNU firmado por Fernández. Pero hacia adelante podría flexibilizarse el número. Es que al mismo tiempo, como ocurrió con otras cepas, en Balcarce 50 se resignan a que tarde o temprano la Delta va a entrar.
En cualquier caso, aunque no hay en danza ninguna cifra, fuentes consultas sostienen que tampoco se analiza revertir la medida y volver a permitir los 2 mil pasajeros diarios que ingresaban hasta el viernes pasado. Eso mantendría las demoras en el regreso de más de 30 mil argentinos que permanecen en el exterior.
Con todo, en el Gobierno reconocen que "disminuir frecuencias no es una medida simpática para los que viajan", pero no le escapan a la discusión. "Nosotros estamos priorizando que los comercios sigan abiertos, que la gente puede ir a trabajar, que los chicos sigan en la escuela, que los restoranes puedan tener sus puertas abiertas", repasa Carignano sobre las distintas actividades que se podrían ver afectadas por eventuales cierres de la cuarentena ante el avance de la nueva cepa.
“Todos los pasajeros fueron advertidos que existía esta posibilidad y nosotros priorizamos al 99% de los argentinos que están en el país y sus actividades", remarca Carignano. Sobre ese punto es que el Gobierno se apoya para aclarar por qué no considera varados a los pasajeros que no pueden volver por el cupo y diferenciar las demoras a la situación de los argentinos que en marzo de 2020 se vieron afectados por el cierre de fronteras.
No faltan, en este sentido, críticas a la oposición por la reacción ante la polémica. “Tratar de hacer creer que es un problema con los que viajan a cierto destino en particular y tratar de politizar el tema es una irresponsabilidad. Hace dos semanas suspendimos los vuelos con destinos en Africa por otra variante peligrosa y a nadie se le ocurrió plantear una cuestión ideológica”. Lo afirma, con cierta ironía, Carignano pero lo repiten funcionarios de distintas alas del Gobierno.
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