Buena parte de los espías profesionales de la Argentina jamás vivieron bajo una situación de crisis colectiva como en los últimos meses. Son hombres y mujeres entrenados para vivir con identidad
falsa. La esencia de su oficio es el secreto y la confidencialidad.
La ley les prohíbe contar o revelar la información que analizan o recolectan en su trabajo. Incluso a su propia familia. Hay casos en que ni sus parientes más directos saben en realidad de qué trabajan. Están capacitados para soportar misiones bajo extrema tensión.
Algunos hace años que viven o vivían “infiltrados” en ciudades del extranjero, y en contacto oculto y traicionero con organizaciones potencialmente terroristas que podrían tener a la Argentina como un blanco de su violencia. Pero el enemigo llegó del lugar menos esperado. Su propio lugar de trabajo.
La titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la doctora Cristina Caamaño Iglesias Paíz, envió a una expediente judicial instruido por la Justicia de Lomas de Zamora el llamado “Libro de actas de protocolo” de su organismo.
Son anotaciones en las que se quedaron registrados los movimientos, planes, situaciones personales, despidos, pedidos de jubilación y sobre todo quienes son realmente los agentes que hasta ese momento trabajan en secreto.
Ese material fue incorporado a una investigación judicial que debe determinar si durante la gestión en la AFI de Mauricio Macri se cometió espionaje ilegal. Alrededor de 80 involucrados en ese expediente tuvieron acceso a secretos de Estado. Se filtraron a los medios K.
La crisis entre los espías aun continúa. Y la jefa de la Inteligencia de la Argentina terminó imputada en otra causa judicial en la que es acusada de cometer al menos tres delitos graves: revelación de secretos, abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
La jueza del juzgado federal 1, María Servini, ante diferentes evidencias y pruebas documentales que constan en su pesquisa, citó a declaración indagatoria a Caamaño Iglesias Paíz para el 16 de julio a las 11 de la mañana.
Quienes la denunciaron son agentes o ex agentes de la AFI cuyo nombre no se puede revelar, que se sintieron afectados después de que trascendieron quiénes eran, dónde trabajan, cómo, entre otros detalles.
El espionaje argentino arde.
Hay más razones para este escenario inquietante.
Además del llamado a indagatoria a Caamaño Iglesias Paíz, se le suma otro incordio para los espías. Varios de ellos están declarando como testigos en la causa que buscar determinar cómo actuó la AFI, y algunos de sus empleados, durante el día en el que fue encontrado muerto en su departamento el fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman.
La Justicia, en esa otra investigación, busca conocer qué agentes trabajaron en fechas posteriores y anteriores a esa noche en la que el poder también tembló.
La ex fiscal Cristina Caamaño con el presidente Alberto Fernández a principios del año pasado.
Por si fuera poco, el espía más célebre de la Inteligencia local, el siempre poderoso ex jefe de Operaciones Generales de la AFI, Antonio Stiuso, presentó un escrito en una causa en la que había denunciado a la actual vicepresidente Cristina Fernández; al hoy viceministro de Justicia y antes subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena; igual que a su superior, Oscar Parrilli, entre otros imputados.
Según dictaminó un fiscal, Stiuso podría haber sido víctima de una plan urdido por las autoridades de la anterior gestión K para perseguirlo tanto a él como a su familia. Otro fiscal que instruía esa causa, Carlos Rívolo, sobreseyó a todos los imputados.
Stiuso decidió entonces no apelar esa medida. En un escrito en el que critica a las autoridades judiciales que actuaron en el caso, enfocado sobre todo en Rivolo. Soltó palabras que generaron intriga en el poder político interesado en el misterioso enemigo absoluto de los Kirchner.
Stiuso admitió que no apelaría el sobreseimiento. Agregó que eso significaba aportar “un granito de arena para dejar atrás al pasado”. Describió como falaz y repleta de mentiras. Dejó asentado varios mensajes: “Dejar atrás el pasado no es olvidar, ni negar lo ocurrido”. ¿Stiuso dejaba trascender así que pactó los Kirchner?
Fuentes que lo conocen aseguran que su gran enojo es con la Justicia porque considera que debido a cambios políticos dejó caer la investigación respecto a la supuesta persecución a él y su familia. Y reconstruyen lo que el explica cuando le sugieren que podría haberse acercado al Gobierno.
“¿Están todos locos? ¿A quién se le ocurre? Lean bien lo que escribí”, diría el espía con mayor carrera dentro del servicio secreto nacional.
En el Ministerio Público Fiscal dijeron que no valía la pena emitir opinión pero negaron que ese dictamen tuviera un motivo político.
Ni siquiera un agente de más de treinta años de carrera en la Inteligencia de la Argentina vivió la paradoja de que sea una jefa del espionaje como Caamaño Iglesias Paíz la responsable de que se conocieran, por descuido que quizás sea finalmente un delito, el libro de actas secreto de la AFI.
La jefa de ese organismo ya se defendió en la causa que Servini lidera en su contra presentando un escrito en el que deslinda cualquier tipo de falta de cuidado sobre lo que jamás debió saberse del accionar de toda la AFI entre 2016 y 2018 en una falta de cuidado sobre esos datos que debió cuidar la fiscal que investiga el posible espionaje macrista, Cecilia Incardona.
Clarín está en condiciones de afirmar, de acuerdo a fuentes que conocen la trastienda de este expediente de una sensibilidad extrema para la Seguridad Nacional, que Caamaño Iglesias Paíz envió al juzgado de Lomas de Zamora el “Libro de actas” de la AFI a través de fotocopias libres de tachaduras para evitar filtraciones indebidas, sin instrucciones sobre cómo debía cuidarse al extremo todo lo que finalmente trascendió sobre sus subordinados.
Otro dato trascendental que podría afectar su situación procesal es que la Justicia de Lomas de Zamora ni siquiera le había solicitado que entregue esas actas secretas. Solo le preguntaron de modo formal si podía entregar “un informe en caso de que posea de que posea libros de actas de las resoluciones decretadas en el período mencionado (2016-2018).
En la investigación de Servini y su equipo, con apoyo del fiscal que impulsó la acción, Eduardo Taiano, consta además que el mismo día en que Caamaño Iglesias Paíz recibió el pedido puntual sobre un imputado que podría estar nombrado en esas actas, mandó todo el “libro” de las acciones confidenciales de los espías.
Es decir, ante un pedido de cierta información, envió mucho, y más.
Al menos es lo que sospechaban, y ahora confirmaron con prueba documental, quienes impulsaron la denuncia en su contra.
Son agentes o ex de la AFI, cuyos nombres no pueden reverlarse por Ley.
Se cumple así lo contrario de lo que terminó generando Caamaño Iglesias Paíz.
La difusión de la información del “Libro de actas” de la AFI generó, según recogieron las autoridades de la Justicia, que se vulnere la seguridad de los miembros del organismo de los que terminaron sabiéndose sus nombres; los viajes estratégicos que realizaron espías a distintas partes del mundo; se hicieron públicos también convenios secretos con otras agencias de Inteligencia del extranjero; y sobre todo se dio a conocer quiénes eran los “infiltrados” en países de Medio Oriente, por caso, donde actúa el grupo terrorista Hezbollah, por poner un ejemplo.
Quienes conocen los métodos del espionaje agregan que la información sobre quiénes se jubilaron, y cuándo, podrían ser ahora blanco de otros servicios secretos del extranjero que podría tratar de conseguir información sobre cómo actuó la Inteligencia nacional en el pasado, y sobre qué temas.
En la causa en la que se acusa de delitos graves a la jefa de la AFI constaría además el testimonio de un agente que aseguró que su familia se enteró cuál era su trabajo real porque figura en las actas en un fecha determinada con un viaje de trabajo confidencial: el espía le había ocultado a su familia cuál era su oficio y había argumentado que en esos días había tomado vacaciones.
También existen miembros de la AFI que fueron destinados como agentes oficiales o “encubiertos” en diferentes puestos diplomáticos de otras naciones.
Hay dos casos más que muestran el extremo de la complejidad del descuido quizás delictual de la jefa de la AFI: un espía decidió irse a vivir a otro país que considera más seguro para no ser atacado por sus “espiados”, que desconocían su verdadera identidad.
Y al contrario: existe prueba de ex agentes que viven en el extranjero y declararon que analizan volver a la Argentina por temor a que el Gobierno de su actual lugar de residencia lo considere para siempre un sospechoso.
Los espías están muy alterados. Cada vez más son más los que se jubilan. El desconcierto es total.
¿Alguno de ellos declaró algo destacado en el caso Nisman?
Clarín pudo saber que los agentes se presentan en la Justicia sin apoyo legal de la AFI. Uno de los declarantes afirmó, por ejemplo, que los teléfonos que se repartían a los oficiales “operativos”, de calle, eran siempre números al azar. Se podría complejizar así quién usaba qué celular el día que Nisman apareció con un balazo en la cabeza.
¿Será cierto lo declarado?
¿Qué pasará con Stiuso y su bronca con un fiscal y un juez? ¿Y con los Kirchner? “Olvidar no es perdonar”, dice su escrito.
¿Seguirá siendo Caamaño Iglesias Paíz la jefa de agentes que le perdieron el respeto?
El escritor John Le Carré, ex miembro del servicio secreto inglés, incluyó en su best seller El Espía que llegó del frío esta frase: “El trabajo de espionaje tiene una sola ley moral: se justifica por los resultados”.
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