La situación de la cadena de electrodomésticos Garbarino empeora con el correr de las horas. Tiene una gran deuda pendiente, no logra conseguir un socio que lo ayude afrontar este duro
momento, y recibió una respuesta negativa del Gobierno porteño sobre el reclamo de devolución de $438 millones de "multas indebidas" con los que podría pagar los sueldos atrasados de sus 3.800 empleados. A todo esto se suma la protesta de los trabajadores que tienen plantas de la compañía tomadas. El fantasma del concurso de acreedores está cada vez más presente.
El empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, actual dirigente de San Lorenzo y exfuncionario bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli, es el director ejecutivo de la compañía desde hace un año, perdió toda esperanza de que la renovación de la cúpula de Garbarino posibilitara remontar el negocio, porque el principal interesado en comprarla, Facundo Prado, retiró su oferta.
A ese contexto, se suma el cierre de varios locales a lo largo del país, y las denuncias de los empleados que se quedaron si trabajo sin previo aviso y con sueldos sin cobrar.
“Estamos ante un lockout patronal", dijo el secretario gremial del Sindicato de Comercio, Juan Gómez, quien contó además que muchos trabajadores tomaron los locales para defender sus puestos de trabajo y exigir la reapertura de los negocios.
Desde Garbarino dicen, en cambio, que "la mayoría de los puntos de venta están abiertos" y que los cierres se efectivizaron solamente en locales "cuya situación pudiese implicar un riesgo para la integridad física de las personas, tanto empleados como clientes, y de los bienes, la mercadería y el mobiliario".
A pesar de la reestructuración que logró Rosales con los bancos acreedores que financiaron unos $4.000 millones, según fuentes del sector la deuda total de la empresa, con proveedores y otros, ascendería a unos $15.000 millones.
A esto se suma, la negativa al reclamo que le hicieron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que les devuelvan $438 millones de "multas indebidas", con lo que podrían pagar los sueldos atrasados de sus 3.800 empleados.
Según publicó Clarín días atrás, fuentes del gobierno de la ciudad responsabilizaron a la actual gestión del Grupo Garbarino por esas deudas.
Además, durante los últimos dos meses se cortó la cadena de pagos. Es que Garbarino no pagó 944 cheques de diferentes proveedores, por $1.652 millones, con los que arrastra una deuda impaga total de $3.739 millones.
Con todo, la compañía tiene paradas desde hace 45 días sus plantas de Tierra del Fuego por una medida gremial. El Grupo Garbarino, integrado por la cadena de electrodomésticos e informática (Compumundo), las fábricas del sur y sus negocios financieros y de viajes, suma un total de 3.800 empleados.
Fuentes gremiales aseguran que los 3.800 empleados todavía no cobraron el sueldo de mayo y muchos tampoco la última quincena de abril; y los que arreglaron su desvinculación, que serían poco más de 500 empleados, no cobraron nada o sólo les pagaron la primera cuota de su acuerdo de retiro voluntario.
La deuda con los empleados provocó la toma de la planta que tiene una filial de Garbarino, Digital Fueguina, en Río Grande, Tierra del Fuego, mientras que el Sindicato de Comercio inició un plan de lucha.
La retirada del único interesado hasta ahora se habría dado porque Facundo Prado quería comprar el total de la compañía, pero Rosales prefiere conseguir socios o inversores antes que ceder completamente Garbarino.
En ese sentido, fuentes cercanas a Prado explicaron: “Estamos afuera porque venció el tiempo de aprobación de nuestra propuesta y fue rechazada. Estiraron todo y, a último momento, nos dijeron que no. No hubo acuerdo económico, eso es lo que pasó”. Tanto desde la empresa de telecomunicaciones como desde los trabajadores, advierten que unas 4.000 familias dependen de la compañía, y que por eso hay que encontrar una solución rápido.
SN
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