España aprobó una ley de libertad sexual que plantea una nueva definición del consentimiento

por primera vez tipifica como delito el acoso callejero.

Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, recalcó que la ley supone "un avance decidido en la protección integral de las mujeres y los niños" y que "sitúa a la víctima en el centro de la acción pública". 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quien no se presentó tras el Consejo de Ministros, explicó a través de un video publicado en las redes sociales que "hoy es uno de esos días en los que la política está a la altura de las demandas de la sociedad, y en concreto, de las demandas feministas, de las mujeres".

La titular de Igualdad añadió que esta ley libera a las mujeres de tener que demostrar que se resistieron, que hubo violencia o que se sintieron intimidadas. "Toda relación sexual sin consentimiento es una agresión", enfatizó.

El consentimiento como expresión clara 

El texto no define lo que no es consentimiento, sino lo que sí lo es: "Cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

La violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación.

Tras la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, dijo: "Si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual".

El delito de acoso callejero se castigará con localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad.

Se considera autor de un delito leve a quienes "se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad". 

Las agresiones grupales, un agravante

Además de actualizar la tipificación de los delitos sexuales (con un sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos delictivos y con agravantes como las agresiones grupales, la violencia grave, la especial vulnerabilidad de la víctima y el uso de armas o medios peligrosos), la ley aborda múltiples ámbitos.

Considera como violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.

Evitar la revictimización

Del mismo modo, se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales.

El gobierno aspira además a acabar con la impunidad de la industria de la prostitución, y para ello endurecerá el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual, la llamada tercería locativa.

Después de 16 meses, el Ejecutivo le dio luz verde a una legislación que amplía el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja y la expareja, una iniciativa que ha sido ampliamente demandada por el movimiento feminista.

Con información de La Vanguardia y la agencia ANSA