La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen tras su arresto, La Paz, 13 de marzo de 2021.
La Fiscalía General de Bolivia admite dar trámite a la nueva demanda contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por genocidio en las protestas postelectorales de 2019.
En una comunicación remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el fiscal general, Juan Lanchipa, anunció el lunes que reconocerá una nueva demanda contra Áñez, en base a la cual se ha dado paso a una investigación por los delitos de genocidio, lesiones y muertes, ocurridos en las manifestaciones de 2019.
Asimismo, hizo hincapié en que el nuevo proceso contra la exmandataria de facto se sumará a los otros casos anteriores, entre ellos, delitos administrativos y económicos, que la Fiscalía tiene bajo averiguación desde hace unos meses.
La querella ha sido interpuesta por un grupo compuesto por víctimas y familiares de las víctimas de las masacres políticas registradas durante los primeros días de la gestión de Áñez en Senkata (El Alto, La Paz) y Sacaba (Cochabamba, centro) a mediados de noviembre de 2019, según explicó, a través de un comunicado, Tito Tornero, director del Servicio de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), dependiente del Ministerio boliviano de Justicia.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen tras su arresto, La Paz, 13 de marzo de 2021.
La Fiscalía General de Bolivia admite dar trámite a la nueva demanda contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por genocidio en las protestas postelectorales de 2019.
En una comunicación remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el fiscal general, Juan Lanchipa, anunció el lunes que reconocerá una nueva demanda contra Áñez, en base a la cual se ha dado paso a una investigación por los delitos de genocidio, lesiones y muertes, ocurridos en las manifestaciones de 2019.
Asimismo, hizo hincapié en que el nuevo proceso contra la exmandataria de facto se sumará a los otros casos anteriores, entre ellos, delitos administrativos y económicos, que la Fiscalía tiene bajo averiguación desde hace unos meses.
La querella ha sido interpuesta por un grupo compuesto por víctimas y familiares de las víctimas de las masacres políticas registradas durante los primeros días de la gestión de Áñez en Senkata (El Alto, La Paz) y Sacaba (Cochabamba, centro) a mediados de noviembre de 2019, según explicó, a través de un comunicado, Tito Tornero, director del Servicio de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), dependiente del Ministerio boliviano de Justicia.
Denuncian violación de DDHH durante gobierno de facto en Bolivia | HISPANTV
Los demandantes representan a familiares de los más de 30 fallecidos y a decenas de heridos en los referidos sucesos, tras los cuales Áñez logró acallar provisionalmente las protestas en su contra.
“Queremos comunicar, de manera pública, que la anterior semana se presentó una demanda en contra de Jeanine Áñez Chávez por los hechos acaecidos en 2019 [...] Esta proposición la firman más de 20 personas que han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a algún familiar por esta represión virtual que ha sido avalada, autorizada y coordinada por la autoproclamada presidenta”, reza la nota.
El 13 de marzo, la Policía de Bolivia arrestó a Áñez por sus vínculos con el golpe de Estado contra el exmandatario del país Evo Morales en 2019. Además, la Fiscalía ordenó la detención de algunos de sus extitulares, como el exministro de gobierno, Arturo Murillo, Yerko Núñez, exministro de la Presidencia, y el exministro de Defensa, Luis Fernando López, entre otros, por los “delitos de conspiración, terrorismo y sedición”.
¿Qué pasó en 2019 en Bolivia?
Tras el triunfo de Morales en las elecciones presidenciales de 2019, la oposición no aceptó el resultado y orquestó un golpe de Estado, con el apoyo de jefes policiales y militares, que derivó en la renuncia del líder indígena para evitar más actos violentos.
Ante esta situación, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales para ello, lo que provocó protestas masivas de los partidarios de Morales y una brutal represión policial que costó la vida de varias personas.
sbr/anz/rba
