El gobierno de España aprobó el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que "condena y repudia el golpe de Estado de 1936 y el régimen franquista posterior". Con esta medida el
gobierno pretende dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales en esta materia y adecuar la actual normativa a los estándares europeos.
En la norma se incluyen gran cantidad de medidas entre la que destacan la resignificación del Valle de los Caídos, con la exhumación de Primo de Rivera del altar mayor de la basílica, y la tipificación del delito de apología del franquismo en determinados supuestos.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha comparecido este martes para presentar el anteproyecto de ley que ahora inicia su tramitación en las Cortes con la oposición de formaciones de la derecha, como PP y Vox.
El proyecto también encuentra resistencia en las quejas de asociaciones memorialistas y los grupos parlamentarios independentistas de ERC y la CUP, que coinciden en señalar que la norma “se queda corta”.
El anteproyecto de ley pretende sustituir a la ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, y ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros ya con la exvicepresidenta Carmen Calvo fuera del Gobierno.
El Gobierno exhumará del Valle a Primo de Rivera, decidirá sobre la Cruz y retirará los títulos que dio Franco. Foto: EuropaPress
Calvo fue precisamente quien más impulsó esta ley, que ya recibió un primer visto bueno del Consejo de Ministros en septiembre de 2020, pero que ha sido sometida a 10 meses de audiencia pública y a consultas y aportaciones jurídicas.
Un largo trámite
En este periodo, la norma ha recibido dictámenes no vinculantes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El primero, órgano asesor de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, aprobó por la mínima en abril (seis votos a cinco) un informe favorable al anteproyecto, al que se opuso el bloque conservador al completo.
El segundo, en cambio, aprobó un informe crítico con el anteproyecto por 15 votos frente a seis en el que se ponía en duda la disolución de la Fundación Francisco Franco, por entender que la mera apología del franquismo está amparada por la libertad de expresión protegida por la Constitución.
Un anciano muestra una imagen de Franco en el cementerio donde están ahora los restos del dictador. Foto: AP
El anteproyecto aprobado por el Gobierno incluiría algunos de los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco, o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.
Además, el “vilipendio” a las víctimassería un elemento a añadir para garantizar la constitucionalidad de estas medidas, según había advertido en su dictamen el órgano de gobierno de los jueces.
Vox recurrirá la ley
En general, la protección y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura constituye el sustento de todo el entramado jurídico de la norma, que el Ejecutivo lleva ahora al Parlamento con la idea de recoger las aportaciones que puedan hacer los grupos parlamentarios, sobre todo los de izquierda.
Desde la derecha, Vox ya ha anunciado que, sin ni siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Y desde el PP, Pablo Casado ya ha asegurado que en cuanto llegue al Gobierno la derogará para cambiarla por una ley de "concordia".
Debate
Por su parte, las asociaciones memorialistas opinan que la norma se queda corta y por ello tratarán de influir en las formaciones parlamentarias para cambiar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado.
Entre estas formaciones, ERC y la CUP ya se han mostrado contrarias a convalidarla tal y como está ahora mismo porque, igual de las entidades memorialistas, creen que se norma se queda corta.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado en una rueda de prensa que su posición es "muy contraria" al texto que remite el Gobierno a las Cortes y que "ahora mismo" su partido no puede darle aval, salvo a favorecer su tramitación parlamentaria con el objetivo de que continúe el debate y se puedan aportar propuestas.
En el mismo sentido se ha pronunciado la CUP, que también considera "muy insuficiente" el proyecto e incide en que carece de medidas para que sea devuelto el patrimonio que fue requisado a muchas asociaciones, entre ellas sindicatos y partidos políticos, a raíz del golpe de estado del que se han cumplido 85 años.
Pero el ministro Bolaños ha apelado a todos los grupos parlamentarios de la Cámara para la convalidación del proyecto de ley: "Más allá de las declaraciones de un tipo o de otro, la voluntad del Gobierno es que los partidos se sumen a una ley homologable al resto de países europeos, que lo único que pone en el centro es a las víctimas de una dictadura", ha subrayado.
La norma contiene un amplio abanico de preceptos que van desde la anulación de los juicios del franquismo hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos durante el régimen.
Los restos de Primo de Rivera
Según explicó Bolaños, es el Estado quien tiene la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, para lo que se hará un plan trienal y se facilita el derecho de acceso a archivos y fondos de consulta para conocer la verdad de lo que ocurrió.
Además, también se incluye un plan para la transformación del Valle de los Caídos, una vez que Franco ya no está en el mausoleo, para convertirlo en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos de la contienda.
"Vamos a resignificar Valle de los Caídos", de manera que "ningún cuerpo de ningún protagonista del franquismo podrá estar en un lugar preponderante en el mausoleo", explicó Bolaños.
De esta forma, los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un "lugar preponderante" de este mausoleo. Sus restos deberán dejar de reposar en el altar mayor de la basílica, algo que el Gobierno pretende efectuar en comunicación con la familia del líder falangista. "Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley", comentó Bolaños.
Pero además, la ley prevé la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que proviene decreto ley del año 1957 y se aprobará uno nuevo que establecerá el régimen jurídico aplicable.
Además, habrá que esperar para saber qué será de la gran cruz que domina el mausoleo. "La ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, tendremos que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre la cuestión que usted planeta", explicó Bolaños.
En ese marco, el ministro ha dicho que tendrán que "estudiar bien los detalles" pues, según ha recordado, el Valle de los Caídos "es una basílica, un lugar de culto". Además, ha añadido que quieren que también "responda a una defensa, una reivindicación de los valores democráticos".
La ley prevé la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que proviene decreto ley del año 1957 Como ya se anunció en septiembre, se prevé dotar al Tribunal Supremo de un fiscal de Sala para proteger los derechos de las víctimas e impulsar la investigación de los crímenes del franquismo.
"Se investigarán todas las violaciones de derechos de Estado desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución", garantizó el ministro.
También se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados "lugares de memoria democrática".
Se retirarán de honores, medallas y distinciones que hayan supuesto exaltación de la Guerra Civil o la dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.
Se incluyen además previsiones en el ámbito educativo para incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.
Esta materia "será contenido curricular en bachillerato, ESO y FP" de manera que "se estudiarán los derechos democráticos" y "se fomentará la investigación", explicó Bolaños.
También se crea el Lugar de Memoria el Centro Documental de la Memoria Democrática de titularidad y gestión estatal, dependiente del Ministerio de Cultura, con sede en Salamanca.
Este centro se encargará de custodiar y difundir los fondos documentales y bibliográficos relativos al periodo comprendido entre 1936 y 1978, todos los archivos desde el Golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución.
Por Luis B. García, Barcelona. La Vanguardia
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