“Han criminalizado a Bernardo Caal Xól porque en nombre de su comunidad, llevó un caso hasta la Corte Suprema de Justicia para tratar de detener el proyecto hidroeléctrico Oxec”, manifestaron Francisco
Cali Tzay, Pedro Arrojo-Agudo y Mary Lawlor, Relatores sobre los derechos de los pueblos indígenas, el acceso al agua potable y el saneamiento, y los defensores de los derechos humanos, junto a otros 5 expertos que siguen los temas de empresas y derechos humanos.
Agregaron que “lamentablemente, este no es un caso aislado; con demasiada frecuencia en Guatemala se considera criminales a quienes defienden la tierra y el medio ambiente. Bernardo Caal Xól es un líder de la resistencia pacífica de Cahabón, un colectivo de 38 comunidades mayas q’eqchi’ del departamento norteño de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. En 2015, organizó la oposición pacífica al proyecto hidroeléctrico Oxec, que según las comunidades ponía en peligro su sagrado río Cahabón”.
“En represalia, se lanzaron campañas de desprestigio en los periódicos, en la televisión y las redes sociales para desacreditar su trabajo y presentar a los defensores de los derechos humanos bajo una luz negativa”, denunciaron los expertos. Y notificaron además que en este caso “Bernardo Caal Xól fue condenado en 2018 a siete años y cuatro meses de prisión a pesar de una falta de pruebas en su contra y de irregularidades en proceso”.
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Lamentaron entonces que “los abogados del activista defensor de la ecología presentaron inmediatamente una apelación tras su condena, pero las audiencias se han cancelado o suspendido en numerosas ocasiones, incluso por la decisión de 69 jueces de la sala de apelaciones de abstenerse de conocer el caso”. Dijeron también que “Caal Xól ha elevado un recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para presentar argumentos y tres amicus curiae, que finalmente se vio el 21 de junio tras muchos retrasos. Se esperaba una sentencia en 15 días, que sin embargo aún no se ha emitido”.
Añadieron por consiguiente que siguen “profundamente preocupados por los largos periodos de detención y la repetida suspensión de las audiencias, que prolonga los juicios”. E instaron a que se le conceda a Caal Xól “un proceso justo por parte de un tribunal competente, independiente e imparcial sin más demora”.
Asimismo los Relatores y el Grupo de trabajo antes mencionados “expresaron su preocupación por el deterioro de la salud del Sr. Caal Xól desde que fue encarcelado en 2018. La prisión de Cobán, donde se encuentra recluido, está superpoblada y tiene una infraestructura, una alimentación y unos servicios sanitarios deficientes. Estas malas condiciones se han agravado aún más durante la pandemia de COVID-19”. Concluyeron que “el Gobierno de Guatemala debe tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger la salud y la seguridad del señor Caal Xól mientras esté encarcelado", y así “garantizar su integridad personal, física y mental, especialmente durante la pandemia”.
Especial de Juan Gasparini