Casi 15 años después de la muerte del ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, las víctimas de su brutal régimen todavía intentan responsabilizarlo a él y a sus
asociados. Y ahora las víctimas parecen estar un paso más cerca de la justicia, incluso si la sala del tribunal está al otro lado del mundo.
Este mes, la Audiencia Nacional de España notificó a la Corte Suprema de Chile que se había reabierto una investigación en Madrid sobre si el Banco de Chile ayudó a Pinochet y sus asociados a lavar millones de dólares en el exterior, según documentos judiciales enviados a los abogados en la disputa.
Los demandantes están encabezados por la Fundación Presidente Allende y representan a más de 20.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. El enfoque del esfuerzo legal ha estado en fondos que se cree que fueron expropiados por Pinochet y sus asociados y transferidos a cuentas extraterritoriales personales, en lo que los demandantes dicen que también fueron actos de evasión fiscal y lavado de dinero.
España fue elegida para el caso legal porque ha sido pionera en los esfuerzos durante las últimas tres décadas para responsabilizar a los autócratas de todo el mundo por sus crímenes en jurisdicciones distintas de sus propios países.
El funeral del dictador chileno Augusto Pinochet en diciembre de 2006. Foto DPA
Si bien Pinochet murió bajo arresto domiciliario en Chile en 2006 sin haber sido juzgado, fue detenido en Gran Bretaña en 1998 por orden de un juez español, Baltasar Garzón, quien luego no logró convencer al gobierno británico de que lo extraditara a Madrid.
En cambio, Gran Bretaña le permitió regresar a casa debido a su mala salud. En 2011, una comisión chilena que investigaba torturas, secuestros, asesinatos y otras violaciones de derechos humanos durante la dictadura identificó a más de 40.000 víctimas.
La historia
El Banco de Chile había argumentado con éxito durante años que Chile, en lugar de España, tenía la jurisdicción para investigar sus operaciones relacionadas con Pinochet. Pero en Chile, la justicia cerró una investigación por lavado de dinero en 2013 sin acusar al general ni a nadie más.
Según un estudio encargado por la Corte Suprema de Chile, solo US$ 2 millones de los US$ 21 millones identificados como la fortuna personal de Pinochet podrían contabilizarse como dinero limpio.
Finalmente, en 2018, la Corte Suprema de Chile ordenó la restitución de US$ 1.6 millones de los activos de Pinochet, mientras sentenció a tres de sus ex generales por fraude relacionado con dinero público. El Banco de Chile nunca fue acusado en Chile por lavado de dinero, pero pagó US$ 3,1 millones a las autoridades chilenas en 2009 por irregularidades administrativas relacionadas con el dinero de Pinochet.
Augusto Pinochet.
Los demandantes esperan lograr en España un resultado al menos comparable al alcanzado en EE.UU., donde el Riggs Bank acordó en 2005 pagar una multa de casi 9 millones de dólares. Eso le permitió al banco evitar el enjuiciamiento por no reportar transacciones que incluían dinero transferido a las cuentas bancarias de Pinochet.
Siguió en EE. UU. una investigación del Senado que también estableció que el Banco de Chile estaba entre los bancos que ayudaron a Pinochet a obtener acceso al mercado bancario estadounidense.
Blanqueo
En su informe explicando por qué reabría el caso, la Corte española dijo que el Banco de Chile debería apartar los US$ 103 millones para cubrir el posible pago que buscan las víctimas del régimen de Pinochet. Pero el juez español que lidera el caso aún no ordenó al banco que coloque esta fianza. El monto se basa en las conclusiones de la fiscalía española en 2009 después de que investigó un posible lavado de dinero por parte de Pinochet.
El Banco de Chile está representado en España por Cuatrecasas, uno de los bufetes de abogados más importantes de España.
Ninguno respondió a consultas en busca de comentarios. Juan Garcés, un abogado español que trabaja para los demandantes, dijo que si el banco se negaba a cooperar con la investigación, incluso con una orden de fianza anticipada, el siguiente paso sería lograr que el poder judicial español usara acuerdos bilaterales para obligar a los fiscales de otros países a congelar activos propiedad del banco.
Una legislación europea entró en vigor en diciembre con el fin de mejorar la cooperación judicial contra la evasión y el blanqueo.
PB
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