Se está hundiendo el barco: el procurador interino Casal contradice a Macri en la Caso Correo Argentino

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Dictaminó que el TSJ porteño no puede meterse en el expediente Correo tal como querían los Macri. El caso queda en manos de la Corte Suprema.

El procurador interino Eduardo Casal dictaminó en contra de Mauricio Macri y su familia en el caso Correo Argentino. Tal como había hecho en un expediente idéntico, el interino Casal afirmó que la Justicia porteña no puede entrometerse en un caso que está en la órbita de la Justicia nacional, como es el de Correo Argentino. La opinión de Casal es relevante pero no vinculante, ahora todo queda en manos de la Corte Suprema.

Casal dictaminó que el TSJ porteño no puede meterse en el intento de los Macri de apartar a la jueza Cirulli ni a la fiscala Boquin. La maniobra de los Macri apuntaba a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño anulara una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que descartó apartar a la jueza Marta Cirulli del caso Correo. Cirulli es la jueza que primero decretó y luego suspendió la quiebra de Correo Argentino, a la cual los Macri recusaron.

Las camaristas Maria Lilia Gomez Alonso y matilde Ballerini, titiriteras del letargo de este expediente durante más de 15 años, rechazaron la intervención del TSJ porteño. Ante eso los Macri pidieron la “urgente intervención” de la Corte, que le remitió el caso a Casal para que opine. Ahora Casal dice lo obvio: que la Justicia porteña, manejada por los Macri, no se puede meter en el caso.

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“Opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, escribió Casal. No argumentó mucho, sino que remitió a un dictamen sobre un caso idéntico donde, tal como anticipó El Destape, opinó lo mismo.

El caso al que remitió el interino Casal para rechazar esta pretensión de los Macri es el de Gabriel Levinas, que fue denunciado por la familia del artista León Ferrari. El actual panelista televisivo había recibido 15 cuadros de Ferrari en 2008 para exponerlos en una galería parisina pero solo devolvió cuatro. La familia Ferrari lo denunció y en su defensa Levinas dijo que los había vendido en Uruguay, que no recordaba el nombre del comprador y que el dinero de la venta tuvo que usarlo “por razones de urgencia”. O sea, le prestaron los cuadros, los vendió y se quedó con el dinero.

Levinas fue condenado en primera instancia por la jueza civil Virginia Siminari, sentencia confirmada por la Cámara Civil. Lo condenaron a pagar 88.000 dólares más intereses. Levinas hizo entonces la misma jugada que los Macri: apeló ante el TSJ porteño para sacar el expediente de la órbita nacional. El caso llegó hasta la Corte, que le pidió opinión al procurador interino Casal. Y Casal dijo que el TSJ porteño no puede meterse en una resolución de la Cámara Civil a nivel Nacional.

“No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad” escribió el interino Casal en ese caso. Ahora dijo lo mismo.

Un dato no menor es que el propio Casal firmó el dictamen contra Macri, no lo derivó a Laura Monti o Víctor Abramovich, procuradores ante la Corte. Durante toda su gestión el interino Casal siguió directivas de Macri y sus operadores políticos, protegió al fiscal Carlos Stornelli y apretó a la fiscala Gabriela Boquin con un sumario interno que finalmente tuvo que desestimar hace unos días, tal como informó El Destape.

La opinión de Casal no es vinculante pero marca lo evidente: que la jugada de los Macri no tiene asidero legal. La última palabra la tiene la Corte Suprema, que no tiene plazos. De hecho aún no resolvió el otro caso, el de Levinas, donde se discute lo mismo.

La Corte ya intervino varias veces en el caso Correo Argentino y fue esquiva a los intereses de los Macri. En 2009 les negó la intención de compensar su deuda con el Estado con lo que supuestamente el Estado les debe a ellos; en 2018 la Corte ratificó a la fiscala Boquin en su cargo. Los cortesanos no tienen tiempos ni plazos: la causa cumplirá 20 años el próximo 19 de septiembre.