Las heridas del golpe de Estado en Bolivia aún no cicatrizan. A casi dos años de la destitución de Evo Morales, oficialismo y oposición coinciden en que la
Justicia puede pacificar al país. Pero difieren en cómo se puede dar el debido proceso judicial. Cómo avanza la investigación que para algunos se trata de juzgar a golpistas, y otros lo ven como revanchismo.
Autolesión
La ex presidenta de facto, Jeanine Añez, se autolesionó en el penal de Miraflores, donde permanece presa desde hace cinco meses. Para el entorno de la ex mandataria se trató de un intento de suicidio, mientras que para parte del oficialismo, como lo describió el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fueron “algunos rasguños” en la muñeca.
El hecho reavivó el pedido de parte de la oposición boliviana, la cual sostiene que Añez debe esperar en libertad una condena. A este reclamo, se sumaron más de una decena de ex mandatarios, entre ellos Mauricio Macri, para pedirle a la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) que velen por la salud de la ex presidenta.
La detención de Añez responde a las denuncias por su asunción como mandataria tras el golpe. “Está detenida en calidad de ex senadora porque se autoproclamó sin quórum y como segunda vicepresidenta no le correspondía ser presidenta del Senado porque la presidencia y vice están reservadas para la mayoría y ella representaba a la minoría”, explica en diálogo con Noticias la ex viceministra de Justicia, Cecilia Urquieta.
La ex funcionaria del gobierno de Evo explica que la prisión de Añez responde a un proceso ordinario, y lo que se busca es establecer los juicios de responsabilidad para juzgar ya no la forma en la que Añez llegó al poder, sino lo que sucedió durante su gobierno. Para eso, se debe contar con el aval de dos tercios del apoyo legislativo, por lo que el MAS deberá negociar con la oposición.
La situación judicial de la ex mandataria se complicó tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió que se investiguen 37 muertes cometidas antes y después del golpe y habló de masacres, ejecuciones y violaciones sexuales. Tras el dictamen, la Fiscalía General presentó una acusación por “genocidio, lesiones graves y lesión seguida de muerte” y pidió que se le inicie un juicio de responsabilidades.
Según el oficialismo, la ex mandataria fue detenida sin sentencia por temor a que se escape, como ya lo hicieron otros funcionarios como el caso del ex ministro del Interior, Arturo Murillo, que se encuentra en Estados Unidos acusado por lavado de dinero durante la gestión.
Masacre
“No es cierto, papito. Despierta”, gritaba desconsolada Juana Mérida entre llantos, mientras golpeaba el rostro de su hijo muerto, como quien intenta despertar a alguien de un sueño profundo. César Sipe, de 18 años, había sido asesinado unos minutos antes en la ciudad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y sería uno más de las decenas de jóvenes que perderían la vida en Bolivia en noviembre de 2019.
Los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en Sacaba el 15 de noviembre y el 19 en Senkata, en El Alto, en las protestas tras el golpe, fueron consideradas como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH. Urquieta explica que el informe desechó la idea de las autoridades anteriores de que había sido un enfrentamiento entre civiles, ya que se constató que habían muerto por balas de fuego de fuerzas públicas.
“El informe del grupo interdisciplinario ha sido en términos generales muy bien visto por el conjunto de la sociedad boliviana. Carlos Mesa ha estado conforme con las conclusiones y recomendaciones de este informe porque vemos que es equilibrado, que establece que han habido violaciones a los derecho humanos durante la última fase del ex presidente Morales y en la primera fase del Gobierno de la ex presidente Añez”, explica en diálogo con Noticias, el diputado y jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón.
El legislador opositor pone las dudas en cómo se pueden desarrollar los procesos judiciales en Bolivia. “El informe también establece que el sistema judicial boliviano, incluido el Ministerio Público, no tiene independencia y no gozan de la credibilidad ciudadana”, explica Alarcón, quien además suma que se debería investigar también a Morales por las muertes y por haberse postulado a presidente pese a haber perdido el Referéndum para otra reelección.
¿Y Evo?
De las muertes que la CIDH denuncia, al menos dos sucedieron cuando aún gobernaba Evo. Desde el MAS argumentan que para el momento en el que se produjeron los asesinatos, la policía ya se había amotinado y no respondía a la cadena de mando. Por eso adjudican a ese momento de caos, el hecho de que los decesos se hayan dado entre facciones en medio de una crisis social.
Una complicación más para Añez sobre los asesinatos durante su gobierno, tiene que ver con la firma del decreto que eximió a los miembros policiales y militares de causas penales por uso restricto de las fuerzas y a los pocos días sucedieron las masacres Senkata y Sacaba.
El ex candidato presidencial, Carlos Mesa, le propuso a Arce un acuerdo de “paz y reconciliación”, en el cual piden cambios de las autoridades judiciales. Desde la oposición aseguran que temen que no haya un debido proceso y desde el oficialismo afirman que las recomendaciones de la CIDH “serán una hoja de ruta” a seguir y que algunos sectores eme que se enjuicie a otros políticos que formaron parte del golpe, como podría ser el caso del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. La primera batalla estará en la Asamblea Legislativa.
Que se juzgue con un debido proceso a las figuras políticas que se consideren responsables por el golpe y las muertes, será clave para saber si las cicatrices políticas se empiezan a cerrar. También será necesaria una investigación de los autores materiales de los asesinatos. Por lo pronto, los familiares de los 37 fallecidos, como Juana Mérida la mamá de César, el joven muerto en Sacaba, esperan Justicia por sus queridos.
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