Mundo narco: los sicarios de Rosario salen a matar por $15.000

el "exportador". Luego está el "mayorista": por lo general, les compra a los fabricantes o productores y revende a los minoristas, que suelen ser los dueños de tiendas y que, a la vez, le ponen el precio final al producto que terminará comprando el consumidor.

También hay "comerciantes del rubro electrónico" (se limitan a vender vía Internet), vendedores ambulantes y distribuidores "de marca", que en ciertos casos pueden tener la exclusividad de un producto, para su comercialización.

En Rosario, provincia de Santa Fe, el circuito del narcotráfico tiene sus propios tipos de comerciantes. La actividad es la misma (compraventa y distribución): lo único distinto es que el producto es ilegal, y que los comerciantes pueden terminar presos. O muertos.

En 2020 se registraron 212 homicidios (en el 78%, los agresores usaron armas de fuego). Un trabajo del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe precisó que del total del asesinatos ocurridos en Rosario, el 47,2% estuvo motivado en conflictos de la "economía ilegal y organizaciones criminales" relacionadas a disputas por el narcotráfico.

En el mundo narco rosarino, el "exportador" sería el que saca, por intermedio de los puertos de la ciudad, cientos o miles de kilos de cocaína. Los destinos más comunes son Estados Unidos y Europa. En cambio, el "importador" es el que tiene los contactos con los productores bolivianos y paraguayos, que solo aceptan clientes mayoristas (3 mil kilos en adelante). Ellos mismos se encargan del cruce de fronteras y del traslado hasta Rosario. Siempre al por mayor, un kilo de marihuana puede comprarse a 21 mil pesos. Y uno de cocaína, a 4.600 dólares.

Con la droga, o el producto, en la ciudad, el circuito continúa como el de un negocio normal: el mayorista recibe los pedidos de los distribuidores, les vende, y luego es imposible saber por cuántas manos pasa hasta llegar al minorista, al que en la jerga se lo denomina "transa", y que le vende directamente al consumidor.

"Si el que exporta es el 1 y el que menudea en los barrios populares es el 10, te diría que casi todas las muertes de la ciudad son por el escalafón 10", le cuenta a Clarín un comerciante mayorista de marihuana, vecino de la ciudad, en un bar de la avenida Pellegrini. Y sigue: "Hoy en día, una de cada diez muertes son por conflictos de territorio. El resto de los homicidios son por cuestiones que tienen que ver con el tipo de perfil del que vende al menudeo".

En otro bar de la misma avenida y de la misma zona de la ciudad, un comisario sostiene la teoría: "Esta semana hubo seis homicidios en menos de 24 horas. De los seis, solo uno fue ordenado por una banda. En el resto estuvieron involucrados pibitos que trabajan solos, o que pertenecen a grupitos de cinco chicos jóvenes. El problema es que no hay control sobre ellos. Ni policial, ni jerárquico. No quedan estructuras narcocriminales grandes".

"¿Sabés cuándo se empezó a pudrir todo?", pregunta y responde solo el comisario: "El día que mataron al 'Pájaro'. Ese tipo era un visionario; tenía mente empresarial. Hacía respetar, hacía escuela para que los demás tuvieran conducta. Los más pibes no hacían nada porque sabían a lo que se exponían. Hoy hacen lo que quieren".

"El Pájaro" era Claudio Cantero (29), líder de Los Monos, la organización criminal más grande de la ciudad. Lo mataron a balazos el 26 de mayo de 2013 frente al boliche Infinity Night, en Villa Gobernador Gálvez. El acusado de instigar el crimen fue Luis Orlando “Pollo” Bassi (36), pero en el juicio lo absolvieron.

Las estadísticas le dan la razón al policía. En 2004, por ejemplo, se contabilizaron 75 homicidios. En 2012, 158. En 2013, 225. Recién en 2015 habría menos de 200 casos anuales: 154. En 2020, y a pesar de la pandemia, los asesinatos fueron 212.

A los crímenes se les deben sumar los ataques a tiros a frentes de viviendas. Son tan comunes que en 2020 se creó una "Unidad Fiscal de Balaceras". Según pudo saber Clarín, en un día caliente se pueden registrar entre doce y quince casos.

El perfil de los atacantes es otra vez el mismo: "Se trata de disputas entre grupos no robustos en su diseño, organización y economía. Pibes precarizados y desprofesionales que tiran y muchas veces le erran al objetivo. Pueden cobrar 3 mil o 5 mil pesos por un ataque a tiros. La reputación es más importante que el dinero. Existe la idea de que ser 'tira tiro' y ser malo te suma prestigio en el entorno", cuenta Jorge Sánchez, fiscal regional.

El prestigio al que se refiere no solo se busca, o se obtiene, en ataques por cuestiones narco. Hay tiroteos, ataques y muertes por cuestiones absurdas. Como mirar mal a alguien, o meterse con la pareja de otro, o por una deuda por la venta de una moto, o por discusiones sobre quién vende más droga.

"Investigando nos encontramos hasta con un ataque a tiros de un hombre a la casa de su pareja. Y la mujer le dijo por teléfono: 'Gordo, me levantaste a los tiros. ¿Cómo me vas a despertar así?'", detallan en la Fiscalía.

El poder, entre cuatro bandas

En Rosario existan al menos cuatro grandes organizaciones. La primera es la más conocida: Los Monos, cuyo líder es Ariel "Guille" Cantero (33), quien suma condenas por más de 60 años y está preso en el Complejo Federal II de Marcos Paz.

La segunda, siempre en orden de estructura, también es liderada por un preso de Marcos Paz: Esteban Lindor Alvarado (49). En el tercer puesto se encuentra una banda ligada a los miembros de la cúpula de la barra brava de Rosario Central. La última es la de los Úngaro-Funes. Las cuatro "controlan" sus zonas.

Los Monos se dedican a la extorsión. No venden drogas, pero le cobran a todo el que quiera vender en su zona. Solamente lo hicieron durante un tiempo, pero les resultó más simple y más lucrativo cobrarles a todos los vendedores. Además, brindan el servicio de "cobradores". Los llaman para encargarles cobrar una deuda. A veces, lo hacen por el 30 o 40% de la deuda. Pero si el cliente es amigo o conocido y no tiene una buena posición económica, lo hacen gratis. 

Lo mismo haría la organización liderada por los barras de Rosario Central. La modalidad tiene dos términos muy propios en la ciudad. Una es "te cobro la zona". La otra, "te hice pica". Y hace referencia al juego de las Escondidas: "Pica" significaría "te descubrí". Pero en el ambiente narco, es que te encontraron vendiendo drogas en el territorio que manejan las dos bandas. Y ahora, para seguir, deberán pagar. Por semana o por mes.

Cuando se le hace "pica" a un vendedor, se le pregunta quién es su distribuidor. Lo van a buscar y lo mismo: si no venía pagándoles, deberá hacerlo. Y a él, lo mismo: le preguntarán quién le vende las drogas e irán en su búsqueda. En los territorios controlados, paga todo el mundo que trafique: desde el mayorista que compra tres mil kilos hasta el que vende dosis de un gramo en una villa. No existe una tarifa fija. Pero un vendedor minorista de un búnker medianamente bien ubicado se le puede llegar a pedir hasta 50 mil pesos semanales.

Los clanes Alvarado y Úngaro-Funes hacen las dos cosas. "Cobran zona" y tienen sus puntos de venta en los que venden las drogas que compran al por mayor. Los cuatro grupos coinciden en una punto: no permiten la venta de pasta base. En algún que otro barrio de Buenos Aires también está prohibida. Pero en Rosario es a nivel ciudad.  

En la actualidad no existirían grandes conflictos de territorio entre las cuatro bandas. En la recorrida de Clarín por una fiscalía y por bares en los que paran un comisario, un narco mayorista y un referente de una de las cuatro grandes organizaciones, la respuesta es la misma. Los conflictos son entre jóvenes que no pertenecen a ninguna banda. A pesar de que se la pasan diciendo "yo vendo para Los Monos" o "trabajo para Alvarado".

"Fijate lo que pasa en el centro de la ciudad", propone una persona de las cuatro bandas. "Hay pibes que venden un montón de drogas. ¿Y te enteraste de alguna muerte? No, porque son 'pibes bien'. De otro perfil".  

"Todo el mundo dice ser de Los Monos. Pero son pibes que no pueden salir de la marginalidad. Que metiéndose en eso pueden tener una motito, o ven una posibilidad de ascenso social", explica Valeria Haurigot, fiscal de la Unidad Balaceras.

"Lo inventan para pertenecer, para obtener un reconocimiento. Paso lo mismo cuando los nombran en una noticia. Aparecer en los medios de comunicación es fundamental para ellos. Pasan a hacerse llamar tal como los bautiza el noticiero. Entonces hay pibes que cayeron presos por una estafa simple, pero los periodistas titulan 'El rey de la estafa' y se lo creen ellos, y se lo creen los demás. Pasan a tener más gente trabajando para ellos".

La tarifa de los sicarios

"Mirá que yo activo por 15 lucas, amigo", comenta el narco mayorista que le dicen los sicarios jóvenes de los barrios populares. Los antagonistas son una banda de exonerados de la Policía bonaerense que llegan a Rosario pura y exclusivamente por encargos. Ya sea para matar o para secuestrar al familiar de una persona que debe dinero. El grupo puede llegar a pedir 400 mil o medio millón de pesos por cada muerte. 

"En este negocio vas a encontrar todo tipo de personas", aclara la misma persona. Y cita un ejemplo: "Tenés personas que son estafadas por 300 mil pesos en mercadería y prefieren dejarla pasar. Porque tienen familia y saben que si mandan a matar, pueden morir en la revancha". Y también están, enumera, los que todo lo contrario. Los que están dispuestos a mandar un sicario por una deuda de 30 mil pesos. 

"Y también te vas a encontrar con personas que venden drogas y ganan 100 mil pesos por semana. Pero te piden que los tengas en cuenta para hacer 'una changuita': matar por 15 mil pesos. Yo no lo entiendo: ganás 400 mil pesos al mes, ¿y te vas a arriesgar a pasarte 20 años preso por un homicidio por el que pedís 15 mil pesos?", agrega.

En junio pasado se dio un hecho que afirma su teoría. Walter Soraire (29) llegó a la Unidad 11 de Piñero y con una amoladora cortó dos de los alambrados, en el marco de una fuga de ocho detenidos. Soraire murió segundos después, de un disparo de 9 milímetros. Muchos podrían haber pensado que por su arriesgada tarea recibió una fortuna. Pero todo lo contrario: en la investigación se comprobó que le habían pagado 5 mil pesos.   

La fuente toma su café cortado y continúa contando leyes del negocio narco y ejemplos para comprender la situación de la ciudad. "Tengo dos leyes en el negocio que exijo que se cumplan a rajatabla: la primera, no hablar con nadie, ni sacarme fotos. La segunda es pagar. Hay que pagar todos los productos que compres".

En el mundo del comercio legal existe la modalidad de pago "contra factura". El minorista recibe un primer pedido de mercadería sin invertir dinero. La vende y cuando encarga y recibe el segundo pedido, paga el primero. Y el segundo, cuando le entregan el tercero. En el comercio de las drogas existe un convenio similar, aunque con su jerga propia. Se lo denomina "mercadería colgada".       

El mayorista habla con números. El "transa", o sea el último eslabón de la cadena del narcotráfico antes de que la dosis llegue a manos del consumidor, recibe, como mucho, pedidos de 100 gramos de cocaína. El precio ronda los 130 mil pesos, a razón de 1.300 el gramo. Pero antes de venderla, la "estiran", para sacarle mayores ganancias. Y el gramo lo cotizan a $ 2500. Los problemas comienzan a la semana, cuando el distribuidor comienza a reclamar el pago de la mercadería "colgada".

"Les dan algo bueno, que no lo pagan en un principio y que lo cobran al doble, y después no lo quieren pagar. ¡Es inentendible! Pero pasa. Hubo muertes por gente que no quiso pagar 30 mil pesos de cocaína 'colgada'. ¿Cómo vas a tener problemas por no pagar con una persona que sabés que no es una carmelita descalza?", pregunta el mayorista, indignado.

Y ahora reflexiona: "Lo que creo es que les gusta esa vida, la de los problemas. Sumale que se consumen una parte de lo que venden. Eso está prohibido: ¿cómo vas a consumir lo que vendés? Por eso en este negocio algunos prosperan y hacen millones, y otros terminan muertos, o presos, o pobres, o adictos".

El comisario, por su parte, los describe en una frase corta: "Son pibes que tienen una vida útil de 20 o 25 años, máximo". Según su mirada, los señalados comenzaron en el mundo narco cuando tenían 13 o 14 años, como soldaditos. Ser un soldadito, siempre en comparación con el comercio legal, se parecería a ser un cadete de la economía narco. Pero esos chicos, crecieron. Y hoy son sicarios o 'tira tiros'.

"No falta mucho para que el dinero que mueve el narcotráfico local alcance al PBI de la ciudad", advierte el comisario. "Mientras haya adictos, el negocio no va a terminar. Es como el juego, el cigarrillo, la comida o la gaseosa. Por más detenciones que hagan, otro dealer va a ocupar el lugar en cuestión de horas. Lo que hay que hacer para frenar la violencia es regularla. Citar a cierta gente y arreglar".

El término "regulación" se escucha en distintos ambientes de la narcocriminalidad. Consiste en darles el poder a las cuatro organizaciones. Exigirles que se hagan cargo de la seguridad, a cambio de inmunidad. "Sería pacificar los territorios. Pero al primer 'quilombo' que se arma en tu zona, la Policía mete preso al líder del territorio. Por más que sea una disputa a tiros entre dos pibes de 15 años", explica una persona que lleva cerca de 20 años en la narcocriminalidad.

En abril pasado, el jefe de la Unidad Regional II de Policía, Adrián Forni, fue consultado por el tema: "Nosotros no hacemos pactos con bandas", respondió cuando los periodistas locales lo consultaron y le comentaron sobre una supuesta tregua pactada entre las organizaciones colombianas y la Policía de ese país.     

Rosario, bajo el fuego narco

Se estima que en Rosario viven cerca de un millón de personas. Entre comienzos del 2013 y mediados de 2020 hubo 1.298 asesinatos. A ese número hay que sumarles los detenidos y condenados a penas largas de prisión. Cualquier persona se preguntaría lo mismo: "¿De dónde salen tantas personas nuevas dispuestas a involucrarse en el mundo del crimen?".

El fiscal regional Jorge Sánchez dice que aparecen pibes nuevos todo el tiempo. La mejor manera de graficar la situación en los barrios que encuentra es contando lo que ocurre luego de una detención: "Donde había un grupo, o dos, y los detenemos, se instalan cinco o seis grupitos nuevos. En territorios que son muy chiquitos". Haurigot lo escucha y agrega: "lo que ocurre a partir de allí es como lo que pasa con las PASO (por las elecciones): todos quieren ser protagonistas. Todos se sienten en condiciones de ser diputados del sector".

El número de ataques a tiros a frentes de casas entre estos grupos es alto porque una disputa puede incluir seis, siete u ocho ataques. Prevenirlos es una tarea difícil. A veces, toman declaraciones a partir del primer ataque. Pero mientras comienzan a analizarlas y a investigar, el otro grupo ya tomó revancha. En cuestión de horas.

A los detenidos por esa modalidad antes se los acusaba de "abuso de armas" o "portación", en caso de que se les encuentre un arma de fuego. En los últimos tiempo la calificación cambió. La carátula es de "intimidación pública", un delito no excarcelable que tiene una pena mínima de 4 años.

Otro tema que les preocupa es el armamento. Según los registros oficiales, solo el 10% de las secuestradas son de fabricación casera. El resto fueron fabricadas como legales y pasaron al circuito ilegal. Hasta 2015, agentes de la Policía rosarina denunciaban cerca de 300 armas reglamentarias "perdidas". En aquel entonces, no había sanción para ellos. Hasta que comenzaron a hacerlo y en la actualidad solo se denuncian cerca de 30 pérdidas al año.

"Hicimos un pedido de información a la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados) sobre personal civil con licencia para portar armas", plantea Sánchez. "Pero estamos a la espera. Tuvimos casos de supuestos registros de personas que compraron hasta 2 mil proyectiles, y comprobamos que se trató de una compra falsa. Y a la vez, nunca encontramos una causa internacional de armas en la ciudad. Creemos que hay gente que las alquila, o que las vende y las denuncia como robadas. Estamos ante un problema de regulación y seguimientos de las armas que nacen como legales y terminan usándose en los tiroteos".

La Policía también es un problema. Las fuentes en on dicen que han conocido casos de agentes que terminaron presos por brindarle información a las bandas que obtenían a través de las escuchas que debían analizar. Y en noviembre de 2018, en el marco de uno de los juicios a Los Monos, ocho policías fueron condenados a penas de entre 7 y 5 años. Hay decenas de miembros de las fuerzas seguridad detenidos por delitos vinculados a la narcocriminalidad.

Las fuentes en off también hablan sobre ellos: "Cualquiera que ande en este negocio tiene amigos policías. Pueden pasar dos cosas: que te ofrezcan kilos de drogas que le roban a otro narco o que te adviertan sobre investigaciones que te están haciendo otros policías. Pero no son trabajos legales, para allanarte. Son investigaciones ilegales, propias, que hacen para exigirte dinero a cambio de no armarte una causa o robarte drogas. Es muy fácil detectarlos: tienen sueldos de 60 mil o 70 mil pesos. Solo hay que observar cómo viven".

En los últimos años, la preocupación también está puesta en otra fuerza policial: el Servicio Penitenciario de Santa Fe. Al punto que se tuvo que crear un área de inteligencia interna. Y allí una última coincidencia: el comerciante legal tiene a sus empleados de seguridad. Y los narcos, a sus policías o penitenciarios amigos.   

EMJ