Denunciaron a Manuel Merino por homicidio: el fatídico destino de los presidentes en Perú

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La Fiscalía de la Nación de Perú presentó una denuncia constitucional contra el ex mandatario Manuel Merino y los ex ministros Antero Flores-Aráoz (titular del Consejo de Ministros) y Gastón Rodríguez

(del Interior) por la muerte de dos manifestantes.

La fiscal Zoraida Ávalos acusó a los altos funcionarios como presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual por las muertes de los manifestantes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez.

Ávalos sustentó su denuncia en la violenta y desproporcionada represión policial, con empleo de perdigones, gases lacrimógenos y otros, contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, lo cual constituyó una flagrante violación a los derechos humanos.

Maldición: el fatídico destino que persigue a los presidentes en Perú

Ser presidente de Perú conlleva no solo una gran responsabilidad política, social y económica si no, también, un alto riesgo. Ostentar el control del Poder Ejecutivo puede derivar en todo tipo de consecuencias, incluso la propia muerte.

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De los diez mandatarios que ha tenido el país desde el fin del régimen militar en 1980, solo Fernando Belaunde Terry (1980-1985) y Valentín Paniagua (ocho meses en 2000-2001) salieron indemnes.

Ésta es la lista de los mandatarios que terminaron condenados, enjuiciados e incluso fallecidos:

Suicidio de Alan García

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Líder del partido socialdemócrata APRA, Alan García gobernó dos veces, en 1985-1990 y 2006-2011. El exmandatario terminaría con su vida mediante un disparo a la cabeza a los 69 años de edad.

El fatídico suceso, que tuvo lugar en su hogar de Lima un 17 de abril de 2019, ocurrió minutos antes de que las fuerzas de seguridad peruanas procedieran a detenerlo y encarcelarlo.

Pesaba en su contra una orden de detención preliminar por una investigación de la Fiscalía por el escándalo de aportes ilegales de campaña y sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

Condena de Alberto Fujimori

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Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, dio un "autogolpe" y disolvió el Congreso para gobernar como autócrata mientras las fuerzas del orden cometían crímenes contra civiles en la lucha antisubversiva.

Su mano derecha, Vladimiro Montesinos, armó un esquema de espionaje y sobornos para silenciar a los opositores. En el 2000, y tras conocerse las maniobras llevadas a cabo por Montesinos, envió su renuncia desde Japón.

7 años después, sería extraditado desde Chile y también condenado a 25 años de prisión. El exmandatario de 82 años cumple su pena en un cuartel policial. Estuvo un año libre por un indulto que luego fue anulado.

Pedido en extradición sobre Alejandro Toledo

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Alejandro Toledo (2001-2006) enfrenta un pedido de extradición en EE.UU, acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas.

De 75 años, estuvo siete meses en prisión en territorio norteamericano, pero fue enviado a arresto domiciliario por la pandemia mientras la justicia norteamericana decide si lo extradita o no a Perú.

Perú también pidió la extradición de su esposa, la belga Eliane Karp. Sin embargo, y por el momento, no hubo respuesta por parte de la justicia de los Estados Unidos.

Encarcelamiento de Ollanta Humala y su esposa

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Ollanta Humala, quien es candidato a la presidencia en estos comicios aunque sin opciones de ganar según los sondeos, debe ir a juicio con su esposa, Nadine Heredia, por el caso Odebrecht.

Humala, de 58 años y Nadine, de 44, ya estuvieron nueves meses en prisión preventiva en 2017-2018 por este caso. Ambos fueron acusados de lavado de activos por los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela y Odebrecht para las campañas electorales.

La investigación, que demoró un plazo de cuatro años y cuatro meses, reconoció también la participación de un grupo de personas que habrían intervenido en el ocultamiento de más de 3 millones de dólares.

Aprisionamiento de Pedro Pablo​ Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczysnki renunció en marzo de 2018 en vísperas de que el Congreso, similar al caso de Humala, lo destituyera por su vinculación con el escándalo de Odebrecht.

Kuczysnki había negado a lo largo de su mandato tener lazo alguno con la constructora. Sin embargo, fue desmentido por el propio conglomerado brasileño, quien reconoció le había pagado por asesorías.

De 82 años, permanece desde abril de 2019 con arresto domiciliario debido a su edad, mientras la Fiscalía se prepara para llevarlo a juicio por los crímenes cometidos.

Posible inhabilitación a Martín Vizcarra

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Destituido en un juicio político relámpago en noviembre, Martín Vizcarra (2018-2020) tiene prohibición de salir de Lima sin permiso judicial y el Congreso se apresta a inhabilitarlo por 10 años para ocupar cargos públicos.

Además, la fiscalía lo investiga por supuestamente recibir sobornos mientras era gobernador de Moquegua y enfrenta otra indagación acusado dehaberse vacunado en forma irregular contra el covid-19.

Vizcarra, quien gobernó con niveles récord de popularidad, es candidato al Congreso en las elecciones generales del domingo y no está claro qué sucederá con las causas en su contra si gana un escaño.

Investigación criminal sobre Manuel Merino

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El congresista Manuel Merino gobernó apenas cinco días, en noviembre de 2020. La Fiscalía le abrió una causa por las muertes de dos manifestantes, presuntamente a manos de la policía.

Dicho suceso habría tenido lugar durante las protestas en su contra luego de la destitución de Viscarra. La investigación también alcanza también al número dos de ese efímero gobierno, Ántero López-Aráoz, y al ministro del Interior, Gastón Rodríguez.

De 59 años, Merino ahora tiene inmunidad parlamentaria, pero la perderá el 28 de julio al culminar su mandato. El martes 5 de octubre, la Fiscalía de la Nación de Perú presentó una segunda denuncia constitucional contra el ex mandatario y los ex ministros.

Las fiscal Zoraida Ávalos sustentó dicha denuncia en la violenta y desproporcionada represión policial, con empleo de perdigones, gases lacrimógenos y otros, contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, lo cual constituyó una una violación a los DDHH.

Además, según sostuvo la trabajadora judicial, los imputados en su condición de altos funcionarios del Ejecutivo "tenían el deber de protección y actuación especial frente al bien jurídico vida e integridad física, en el contexto de las protestas sociales".

"Precisamente, ante la capacidad para evitar tales desenlaces de las protestas y no hacerlo, al tiempo que debido a que el hecho de contar con información oficial de que las protestas se intensificarían, sus actos son constitutivos del dolo eventual", concluyó.

JFG