El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció este jueves 7 de octubre el ingreso del proyecto de ley para convertir los planes sociales "en trabajo genuino", una iniciativa
que se viene fogoneando desde el Ejecutivo.
Tal como se adelantó oficialmente, el proyecto contempla "un alivio económico para pymes, capacitación, y establecer un puente del plan social a un plan de empleo".
Esta semana, el mismo presidente Alberto Fernández anticipó a empresarios de la construcción que el gobierno analiza medidas para que los empresarios puedan tomar como trabajadores a quienes cobran un plan social, sin importar el sector de la actividad. "Espero que pronto tengamos un decreto marco que permita que un empleador pueda recurrir a alguien que tenga un plan social y pueda darle trabajo. Lo que nos importa es recuperar el trabajo, no sostener el plan social", dijo en la reunión anual de la Cámara Argentina de la Construcción.
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En tanto, mientras el gobierno impulsa esta idea, algunos analistas económicos muestran sus reservas, aunque las críticas no vienen por el lado de la "contraprestación necesaria" que una persona debiera ofrecer al recibir un ingreso; sino porque entienden - en su mayoría- que el trabajo genuino se consigue "generando inversiones, atrayendo capitales y fomentando empleo registrado".
Por caso, para el economista Ramiro Marra, que también es candidato a legislador porteño del partido Libertad Avanza “Lo importante es generar inversión. Donde se generan fuentes de trabajo genuinas y la gente va dejando los planes", vaticinó.
Y agregó que “para eso se necesita generar incentivos, desde la estabilidad monetaria, desde el financiamiento, desde la baja de cargas impositivas y, por supuesto, que no se cambien las reglas de juego constantemente”, enfatizó a Perfil.
Por su parte, Nuria Susmel economista Senior de FIEL y experta en Economía Laboral, Previsión y Pobreza, se mostró a favor de la posibilidad de que los beneficiarios de un plan social puedan ofrecer una "contraprestación" por el ingreso que reciben "en lugar de subsidios directos sin contrapartida. También se puede lograr que la gente se capacite, que tenga hábitos de trabajo, todo eso es perfecto", aceptó.
Sin embargo, fue crítica al considerar que "por medio de una ley no se estará creando empleo genuino" y expresó: En una economía que no crece siempre hay alguien sin empleo. Empleo genuino se crea en una economía que crece", recordó.
Pero claro, para Susmel también es importante generar este "hábito, el de volver a la cultura del trabajo, generar experiencia en la gente para que cuando se presenten a un trabajo tengan experiencia"; explicó.
En cuanto al empleo formal, registrado, lo que tradicionalmente conocemos como "trabajo en blanco", tal como explicó Susmel "hace 11 años que se mantiene en el mismo nivel de 6,5 millones de trabajadores" y graficó con un concepto sencillo "Si no expandis la torta y viene más gente a comer, es lógico que el trozo de torta que le toque a cada uno será cada vez menor, o en su defecto alguno incluso se quedará sin comer", dijo.
En cuánto a qué se debería hacer, la especialista de FIEL argumentó: "Hay que comenzar por la macro, por hacer un país previsible, con horizonte. Una macro estable para hacer creíble al país. Empecemos a algún día a recuperarnos y luego charlemos de reformas en el mercado laboral", afirmó.
El desafío de formar emprendedores
Daniel Adler, Especialista en Educación Financiera y Mentoría le dio una vuelta de tuerca a la propuesta oficial, y entre otros conceptos indicó que "tranquilamente una persona puede entrar en un trabajo en relación de dependencia pero por un periodo de tiempo, básicamente para aprender", porque para este entusiasta emprendedor, lo importante es formar a una persona en la "rutina del trabajo" y "en temas que le permitan convertirse el mismo en un emprendedor", explicó.
Entre otras cosas comentó a Perfil: "Sería bueno que existiera un plan de inclusión laboral con un beneficio fiscal para los empresarios que lo adopten. Por otra parte, una vez que el receptor del plan social se capacite en estrategias de educación financiera, de creación de marca y de creación de hábitos productivos, sería un posible candidato para dicho plan", expresó.
Finalmente, indicó que la persona que entrara a trabajar en relación de dependencia debería tener claro que no debiera ser un empleado con sueldo de por vida, sino que sería bueno que se considerara como un pasante con posibilidad de convertirse el mismo en emprendedor y no asalariado", dijo. y referendó la idea de que esta iniciativa pensara en "pasantes por un período de 6 meses, tiempo en el cual la persona pudiera adquirir ese amor por el trabajo y, sobre todo, experiencia y conocimiento" detalló.
La necesidad de no actuar abruptamente
En cuanto a quienes perciben los planes en la actualidad, los especialistas explican que no sería positivo hacer cambios bruscos.
Así, Marra consideró como importante ir paso a paso porque “no es algo que se hace de la anoche a la mañana con una medida”, expresó a Perfil y agregó que desde el espacio que comparte con Javier Milei entienden que no se puede hacer cambios intempestivos en lo que a planes sociales se refiere.
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“Ya dijimos públicamente que nosotros no sacaríamos los planes como primer medida y de manera abrupta”, aseguró en diálogo con Perfil.
"Registradas" y trabajadores rurales, la prueba piloto
Si bien la decisión había sido tomada antes de la irrupción del coronavirus, la emergencia sanitaria obligó al Poder Ejecutivo a reordenar sus prioridades, por lo que recién iniciado 2021 el Gobierno retomó ese punto de la agenda enfocado en la coexistencia entre la asistencia social y el mercado laboral.
Así, tanto el Presidente como los dos ministros de Desarrollo Social de su gestión (Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor Zabaleta) pusieron el foco en la necesidad de transformar los distintos planes en puestos de trabajo, en un acuerdo tripartito con las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores.
El primer paso fue dado en agosto pasado con los rurales, que en un total de 250 mil pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones.
