Cinco ex funcionarios de Radio y Televisión Argentina (RTA) y una escenógrafa fueron procesados por el delito de "defraudación contra la administración pública" por el retiro en efectivo de más de
El juez federal Luis Rodríguez dispuso los procesamientos, sin prisión efectiva, contra Alejandro De la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Claudio Lamalfa, tesorero; Guillermo Siaira, director de Administración, Finanzas y , Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero, gerente de Producción, Ariel Berliner, subgerente, y la escenógrafa Adriana Maestri. Además, cada uno de ellos fue embargado con cinco millones de pesos.
Bolsos en la TV Pública: fueron $ 12 millones los que se retiraron sin autorización administrativa
El magistrado también les reprochó los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles con la función pública”, con penas de hasta seis años de cárcel.
La imputación que había realizado el fiscal Gerardo Pollicita excluyó a la titular de RTA, la periodista Rosario Lufrano, y al directorio de la empresa pública, ya que alertaron sobre las irregularidades a través de una investigación interna e impulsaron la causa.
El juez Rodríguez coincidió con el fiscal en que De la Torre, Lamalfa, Siaira, Berliner y Molinero planearon la maniobra con el fin de "lograrsu propio beneficio y el de terceros”. Sobre el papel de la escenógrafa, expresó: "Pese a que no tenía para con el Estado Nacional un deber especial de cuidado, fue la que resultó más favorecida, obteniendo el beneficio más relevante por el grado de participación que se le adjudica”.
Según había indicado Pollicita, el suceso comenzó cuando Molinero le encomendó a Berliner que solicitara ante la Gerencia de Administración y Finanzas "anticipos de gastos" para la compra de vestuario, ambientación y arte para la serie sobre el prócer Manuel Belgrano. Para ello, se extrajo el dinero mediante bolsos de una sucursal del banco Itaú en el interior de la TV Pública. Sin embargo, la maniobra se hizo sin autorización y por fuera de la normativa que establece la administración pública.
FP CP
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