Dos propiedades ubicadas en countries de Pilar y Garín fueron confiscadas por la Justicia porque habrían sido adquiridas como parte de maniobras de lavado de dinero provenientes del narcotráfico, en un
fallo inédito dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
En la resolución, a la que tuvo acceso PERFIL, el magistrado dispuso también el embargo millonario para las tres mujeres acusadas, entre ellas una obstétrica y una psicóloga social, por una suma de 200 millones de pesos, en cada uno de los casos.
Las casas embargadas están ubicadas en los countries “Haras del Pilar” (barrio “La Pradera II”) y en “El Lucero” de Garín, en el partido bonaerense de Escobar. La primera de ellas fue adquirida por la obstétrica Gricelda Noemí Bader (59) y la otra por su hermana, la psicóloga social Miryam Beatriz Bader (61).
Gricelda es la mamá de Ricardo Gabriel Sosa y suegra de Roberto Eduardo Rodríguez, dos narcos con múltiples condenas por tráfico de drogas. Al momento de iniciarse la investigación, Rodríguez estaba en pareja con la hija de la obstétrica, Romina Sosa (39), también procesada y embargada en el marco de esta misma causa.
Para los investigadores, Rodríguez sería el jefe de la organización criminal. Tiene dos condenas en los últimos veinte años: la primera data de 2001 cuando recibió 4 años y 6 meses de prisión después de haber sido detenido con cerca de 20 kilos marihuana en su auto Peugeot 306.
En septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de San Martín N° 2 volvió a condenarlo, pero en este caso junto a Sosa, “como coautor del delito de organización de transporte de estupefacientes agravado”. Rodríguez recibió 9 años de cárcel y Sosa ocho, aunque en el caso de este último la Justicia le sumó una condena anterior del TOCF de Neuquén, unificando la pena en 14 años de prisión.
Sosa también tenía antecedentes por narcotráfico: en agosto de 2012 había sido sentenciado a la pena de 7 años de cárcel “haber transportado, en la jornada del 30 de abril de 2010, a bordo del rodado marca Peugeot, modelo 405, la cantidad de 142.667 gramos de cannabis sativa (marihuana), distribuida en 164 paquetes preservados mediante su envoltura confeccionada con cinta de embalar color ocre y plástico tipo film y un cigarrillo casero”, según se detalla en la resolución el fallo.
El 15 de marzo de 2018, por si fuera poco, el TOCF de Corrientes lo condenó a “como coautor” del delito de “lavado de activos de origen delictivo agravado” a otros 13 años de prisión, en un fallo que también declaró culpable a su pareja, Gricelda Sosa, quien recibió la pena de 10 años de cárcel.
En esta causa se estableció que “Roberto Rodríguez y Gricelda Sosa, entre otros, de forma habitual y en banda, habrían convertido, administrado y transferido, o puesto en circulación en el mercado, desde el año 2011 hasta la fecha de su detención (1° de octubre de 2014), múltiples bienes, provenientes de los delitos de transporte de estupefacientes”.
Para los investigadores, hasta el 6 de febrero de 2015, Rodríguez y Sosa, entre muchos otros, integraron una organización criminal dedicada al tráfico de drogas cuya función principalmente consistía en el aprovisionamiento, transporte y distribución de marihuana para finalmente ser comercializada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
El fallo señala además que “de las constancias obrantes surge que Gricelda y Miryam Bader, y Gricelda Sosa intentaron dar apariencia legal a fondos provenientes de las actividades delictivas de narcotráfico en que se hallaba involucrados Ricardo Sosa y Roberto Rodríguez, sin poderjustificar el origen legítimo de tales ingresos conforme el patrimonio y la actividad declarada por las encartadas”.
Para el juez Charvay, “si bien las hermanas, en un intento por justificar sus onerosos bienes, indicaron que a lo largo de sus vidas habían percibido indemnizaciones o desarrollado múltiples actividades laborales que le generaron ganancias y que no habrían sido registradas ante los organismos estatales pertinentes (comúnmente llamado “en negro”), con las cuales habrían comprado dólares que luego destinaron a la adquisición de los inmuebles mencionados, lo cierto es que las nombradas no aportaron registros o documentación que avalen dicha circunstancia, así como tampoco ello pudo corroborarse siquiera mínimamente a pesar de haberse cursado los requerimientos a las empresas y entidades correspondientes”.
A raíz de ello, el juez dictó el procesamiento de las tres mujeres acusadas, dispuso el congelamiento y embargo de sus bienes, pero resolvió que continúen el proceso en libertad.
La psicóloga social declaró que la casa en el country “El Lucero” fue comprada con ahorros propios”. Entre otras cosas, detalló que cobró una indemnización por retiro voluntario de la empresa Telecom y ganó un juicio a Entel por horas extras no abonadas.
Miryam explicó que “continuó comprando dólares con pagos percibidos en negro de escuelas estatales por talleres de educación sexual”, aunque aclaró que no existe constancia. “No me dan constancia, solo nos hacen firmar en determinadas planillas que quedan en algunas escuelas o se elevan a La Plata”, explicó y enfatizó que los fondos de donde salió el dinero para la compra del inmueble fueron los ahorros de toda la vida.
Por su parte, Gricelda Bader señaló que “con el trabajo de toda su vida” compró “dólares que invirtió en la compra del inmueble ubicado en el barrio La Pradera, de la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar”.
En la indagatoria refirió que también cobró una indemnización por su trabajo como “obstétrica entre los años 1990 a 2000 en la Corporación Médica de San Martín”, detallando que “para en años también trabajaba en negro en una clínica que ya cerró.
Sobre la compra de la propiedad en el barrio cerrado explicó que la adquirió “entre 2009 y 2010” y que dos años después, la escrituró, aunque dijo “no recordar” cuánto pagó por la casa ni tampoco en que escribanía realizó la escritura. Además, aclaró que ni su hijo Ricardo Gabriel Sosa ni su yerno Roberto Rodríguez le dieron dinero para comprar esa propiedad.
“No recibí dinero de mi hijo”
La obstétrica Gricelda Bader intentó despegarse de su hijo, Ricardo Sosa, y de su yerno, Roberto Rodríguez, señalado como presunto cabecilla de la organización narco.
La mujer refirió que no recibió dinero de nadie y que la compró de manera lícita, con los “ahorros de toda una vida”.
En la indagatoria, Gricelda explicó que su yerno vivió en la casa de “La Pradera” junto con su pareja, Romina Sosa, hija de Gricelda, y los dos hijos mayores. “Allí estuvieron como caseros, aproximadamente 6 o 7 meses, alrededor del año 2011”.
Respecto a sus ingresos, señaló que “la indemnización que le dieron por aquel trabajo fue aproximadamente de $22.000, que ello ocurrió en el año 2000 aproximadamente, siendo que con dicho dinero la compareciente compró dólares, que en aquel momento el cambio, se encontraba $1 igual a U$S1”.
Además, indicó que “en el año 1991 trabajó como obstétrica de guardia por 24 horas en el Hospital Raúl Larcade en la ciudad de San Miguel, que allí trabajó hasta el año 2002, más reemplazos que hacían en dicho hospital, que luego de ese lugar fue trasladada al Hospital Mercante situado en José C Paz, en donde se desempeñó hasta el año 2014 también como obstétrica de guardia”.
