La guerra de Bukele contra las pandillas (y la prensa)

a gente inocente y restringiendo la libertad de prensa. En solo 46 días, las autoridades salvadoreñas han arrestado al menos a 27.831 personas bajo sospecha de su participación en las pandillas. La ola de detenciones forma parte del régimen de excepción que solicitó el presidente Nayib Bukele tras el fin de semana más violento que sufriera El Salvador en su historia reciente.

Los salvadoreños han vivido durante décadas bajo el control de diferentes pandillas, cada una de las cuales ha reclamado barrios enteros a lo largo de todo el país. Las pandillas salvadoreñas son notorias por cometer crímenes atroces como asesinatos,violaciones y secuestros, a la vez que obligan a los residentes a pagar un alquiler para usar de manera segura las mismas carreteras en las que viven.

Tatuajes. Desde el 26 de marzo, poco después de que se reportaron 87 muertes en un solo fin de semana, la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas han tenido autoridad indiscutible para detener a cualquier persona sospechosa de estar afiliada, anteriormente asociada o vinculada de alguna forma con la pandilla.

El régimen de excepción, que originalmente fue aprobado por treinta días y desde entonces ha sido renovado por la misma cantidad de tiempo, permite al gobierno arrestar a quien quiera, sin explicar por qué. Bajo el estado de excepción, los detenidos pueden ser retenidos hasta por 15 días sin un abogado, hasta ser llevados ante un juez.

“A través de las redes sociales, se hace evidente otro fenómeno que está sucediendo estos días” dice a PERFIL el periodista salvadoreño José Luis Sanz.

“Y es que se está deteniendo a personas que no tienen ningún vínculo con pandillas solo por el hecho de tener algún tipo de tatuaje. Se está criminalizando el hecho de tener tatuajes. Entiendo que emocionalmente para la sociedad salvadoreña es un tema muy delicado. Hay mucho rencor por el daño enorme que las pandillas han hecho al resto de la sociedad, pero se está deteniendo también a ex pandilleros, a personas que pertenecieron a las pandillas y que se han retirado, que pagaron penas de cárcel, que se han tachado los tatuajes e incluso en algunos casos son pastores evangélicos”.

Código penal. En los últimos dos meses, el código penal salvadoreño ha sufrido un par de reformas, todas ellas notoriamente ambiguas, con la intención explícita de limitar la capacidad de los periodistas –o de cualquier persona– de reproducir textos, imágenes, grafitis o cualquier otro elemento que parezca estar relacionado con las pandillas y genere, como menciona el mismo texto de la ley, “zozobra y pánico” en el público.

Quienes violen las reformas al artículo 345 del Código Penal del país pueden enfrentar de 10 a 15 años de prisión.

“Este tipo de redacción penal es totalmente peligrosa y viene a criminalizar la actividad legítima y legal del ejercicio periodístico”, advierte Marcela Galeas, una abogada de derecho penal en El Salvador. “También viene a favorecer la autocensura, ya que muchos periodistas independientes estaban utilizando sus redes sociales para informar a la ciudadanía de los arrestos. Y obviamente se han visto limitados a no seguir reportando por la entrada en vigencia de esta reforma penal”.

Varios periodistas salvadoreños se han visto obligados a huir del país desde que se llevaron a cabo las reformas. Por su propia seguridad, prefirieron no ser identificados. Representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informan que al menos cuatro miembros de su organización han optado por salir del país.

“Los reporteros que han seguido sacando noticias e incluso entrevistas a miembros de pandillas, en algunos casos, han tenido que hacerlo desde el exterior, por seguridad, por cautela”, dice a PERFIL Tiziano Breda, analista centroamericano de Crisis Group.

Popularidad. A pesar de todo, Bukele sigue siendo popular entre los salvadoreños. Según una encuesta de CID Gallup del 9 de marzo, el presidente tiene un índice de aprobación del 85%. “Es el único en la historia salvadoreña contemporánea que ha implementado políticas y acciones integrales y efectivas en pro de una convivencia pacífica y segura en el país,” dice un alto funcionario del gobierno de Bukele. Aun así, no todos apoyan plenamente el régimen de excepción. Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, así como grupos de la sociedad civil nacional, argumentan que las reformas de Bukele han ido demasiado lejos.

“Todos sabemos que son reformas que en general no van a resolver el problema de fondo’’, advierte Gabriel Labrador, un periodista salvadoreño. “El problema de fondo es cómo surgen las pandillas y por qué hay cada vez más jóvenes y niños integrándolas en el país. Y estas reformas solo atacan la consecuencia, pero no la causa”. Sin embargo, las reformas no se aplican a todos.

El propio Bukele comparte fotografías de pandilleros en su cuenta de Twitter, imágenes que de otra manera serían consideradas ilegales bajo las reformas más recientes del país. Desde el comienzo del régimen de excepción, el presidente ha lanzado una campaña en las redes sociales contra los pandilleros y cualquier persona remotamente relacionada con ellos. En sus tuits casi diarios, Bukele da a conocer la cantidad de “terroristas” capturados y publica fotografías incriminatorias de presuntos pandilleros, muchas veces en ropa interior.

Muchos de sus tuits terminan con una leyenda burlona: “Seguimos…”. El Faro, el mismo periódico para el que trabajan Labrador y Sanz, cerró su sitio web durante un día entero –la primera vez en 24 años– en protesta por la censura de prensa del gobierno.

“Ahora mismo es la hora de la sospecha en El Salvador’’, sostiene Carlos Martínez, periodista salvadoreño especializado en reportajes sobre las pandillas en el país.

“El gobierno ha instalado esta narrativa: ‘O estás con nosotros y aplaudís lo que hacemos, o estás del lado de los pandilleros y por lo tanto sos enemigo del pueblo’. El lenguaje belicoso y agresivo del gobierno en contra de la prensa obliga a plantearse la necesidad de tener que salir de El Salvador por un largo tiempo. Informar sobre lo que está ocurriendo en el país podría acarrear sanciones muy graves, podrías terminar arruinándote la vida”.