el dolor. Pocas causas se resuelven rápido, y muchas de ellas continúan abiertas por varios años sin que exista una mínima prueba de cargo más que la de una denuncia verbal. Así, por ejemplo, pasó con Ricardo, un perito en seguridad informática de 45 años, quien en noviembre de 2019 fue imputado por el abuso sexual de un menor en el barrio porteño de Almagro, pese a que las cámaras de seguridad de la zona no registraron el ataque, la Justicia no halló testigos que certificaran la versión de los denunciantes y la supuesta víctima, que fue citada cinco veces junto a sus padres, nunca se presentó a declarar en cámara Gesell.
El acusado estuvo preso un par de días por esta denuncia falsa y enfrentó un proceso penal que duró dos años y medio (con todo lo que eso significa). Recién el viernes 13 de mayo pasado, Ricardo recibió con alivio la notificación judicial sobre el sobreseimiento definitivo en la causa con una aclaración –a modo de disculpas– del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 50: “Hacemos expresa mención que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado, sin costas”, señalaron sobre el perito informático.
En el fallo, al que tuvo acceso PERFIL, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59 consideró que no pudo “establecerse con precisión las circunstancias en que fue cometido el hecho imputado atento a que no se cuenta con los dichos del niño damnificado y con el informe psicológico respectivo”.
Para el juez Carlos Manuel Bruniard, “no surgen elementos probatorios suficientes para sostener una imputación penal, ya que no se cuenta con registros fílmicos ni con testigos presenciales e imparciales, contando únicamente con los dichos de la denunciante”.
El viernes 1° de noviembre de 2019 el perito informático fue atacado a golpes y cuchillazos por una familia en situación de calle en el barrio porteño de Almagro. Para evitar un proceso penal, los agresores decidieron denunciar a la víctima por abuso sexual.
Según los dichos de los padres de un menor, Ricardo le habría mostrado los genitales a su hijo y lo habría invitado a su casa. Sin embargo, en las cámaras de seguridad de la zona, que fueron analizadas por los investigadores, no se llega a apreciar una situación semejante como la que relatan los denunciantes.
“En ningún momento se verifica la presencia del menor ni del imputado. Al acusado no solo no se lo ve en la proximidad del contenedor, sino que tampoco caminando por la vereda (puesto que nunca pasó por allí). Y asimismo, se confirma lo manifestado por el imputado en su declaración indagatoria, en cuanto a que la primera vez que vio al menor la noche del domingo 3 de noviembre de 2019, éste se encontraba –junto con la mujer que lo acompañaba– en la intersección de la Av. Rivadavia con la calle Virrey Liniers”, explicó la defensa en el pedido de sobreseimiento.
En las grabaciones del “Café Martínez”, ubicado en Rivadavia y Loria, desde las 22 hasta las 23.30, “tampoco se observa la presencia del menor ni del imputado”.
Los videos en cuestión solo registraron la persecución a Ricardo y los sucesos ocurridos en la estación de servicio YPF de Rivadavia y Agüero, donde el hombre es atacado por un grupo de personas.
Consultado por PERFIL, Ricardo aseguró que la causa no fue un simple dolor de cabeza: “Me trajo problemas psicológicos. Actualmente cuento con un botón antipánico otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, porque temo por mi integridad física y la de mi familia”.
Para el denunciado el proceso en su contra fue “traumático”. “El proceso de detención al que fui sometido fue nefasto –afirma–, tardaron una infinidad de tiempo para llevame al hospital a coserme, la realidad es que salí de la alcaidía con la herida abierta, fui paseado por distintos establecimientos, comisaría, alcaidía, alcaidía del juzgado, para después ser acusado de tamaña y gravísima mentira por un grupo de personas que se la pasa patoteando en el barrio en el que vivo con mi familia”.
Desde que se inició el expediente judicial, Ricardo asegura que gastó mucho dinero. “De entrada fueron US$ 2 mil, después quinientos y a lo último doscientos. Mi abogado particular me cobraba por audiencia y como no le pude pagar más entonces tuve que pedir un defensor del Estado”, cuenta Ricardo.
Además de los gastos que tuvo que afrontar, el hombre asegura que su vida cambió radicalmente desde que se inició la causa judicial. “Lo que no puedo comprender es que alguien pueda decir que uno lo quiso abusar y la Justicia compre”, critica y se molesta porque la persona que lo hirió está en la calle “sin ningún problema”.
Ricardo dice que la causa, además, afectó a toda su familia: “Yo tengo que correr con este problema y mi familia también. Tengo un hijo discapacitado, con certificado oficial, y para evitar hacerle pasar un mal momento, evito salir a la calle con él”.
Otra víctima de una farsa
El caso de Ricardo es apenas una muestra de la cantidad de causas que se abren con una denuncia falsa y que demoran varios años en resolverse.
Por ejemplo, el reconocido periodista Sebastián Domenech denunció el año pasado que no puede ver a sus hijos desde que fue denunciado por maltrato infantil por su ex pareja, quien obtuvo una restricción de acercamiento a pesar de que el presunto delito fue descartado por la Justicia.
“Otra Navidad sin ellos. Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia, la Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales el cronista de policiales, en diciembre del año pasado.
“La Justicia supo de entrada que la acusación en mi contra era mentira, y así lo determinaron los psicólogos que una y otra vez intentaron los procesos de revinculación. Pero esos momentos de revinculación siempre fueron suspendidos por cualquier motivo”, amplió en su momento.
La denuncia por maltrato, según el periodista, fue desestimada, pero igual no pudo ver a sus hijos.
