Perpetua para el capo narco de los mensajes ‘con la mafia no se jode’

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Esteban Lindor Alvarado (43) siguió la audiencia desde la sala de videoconferencia de la cárcel de Ezeiza, donde está recluido. El dinero que supo manejar para comprar voluntades y conseguir protección

no le alcanzó para evitar una condena a prisión perpetua que se caía de maduro.

Desde que su nombre se hizo público, a fuerza de asesinatos, balaceras y extorsiones, el capo narco que más creció en Rosario quedó en la mira de la Justicia hasta convertirse en uno de los principales responsables del crimen organizado que disparó las estadísticas de muertes y violencia en la ciudad.

La condena contra Alvarado fue dictada por los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela, quienes lo declararon culpable por el “homicidio agravado en concurso premeditado de dos o más personas y en carácter de instigador” del prestamista Lucio Maldonado (37); y por los delitos de “amenazas coactivas”, “asociación ilícita” y “lavado de activos”.

Hasta 2013 el negocio narco de Rosario era controlado por cuatro bandas. Los Monos se ubicaban en el sur de la ciudad, con la familia Cantero como líder. Al norte, Los Pillines, que estarían vinculados a la barra brava de Rosario Central, y su cabecilla Pillín Bracamonte. En el centro la familia Alvarado y al oeste, Luis Medina.

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Alvarado, apodado “Chuchino”, saltó a la fama delictiva en el año 2018, cuando Maldonado apareció asesinado en una casaquinta que estaba a nombre de sus hijos y con un cartel que decía “con la mafia no se jode”.

En la ciudad de Rosario tenía fama de intocable. Aparecía mencionado en varias investigaciones, pero hasta ese momento nunca habían podido hallar pruebas como para enviarlo a la cárcel.

No se trataba de un perejil ni mucho menos. Hasta 2016 Alvarado había estado preso en la cárcel de Urdapilleta, acusado de formar parte de una banda que robaba autos en la zona norte del conurbano bonaerense y los desguazaba en Rosario para comercializar sus autopartes. Lo habían condenado a siete años de prisión, pero no llegó a estar encerrado ni la mitad del tiempo de pena.

Cuando lo procesaron, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, entendieron que Alvarado era el “jefe de una asociación ilícita que funcionó al menos del 16 de junio de 2012 al 18 de octubre de 2019”.

Para los investigadores, Alvarado “dio instrucciones para la comisión de delitos y otros hechos ilícitos, que culminaron con los atentados contra el Centro de Justicia Penal, Tribunales Provinciales y la casa de una funcionaria del Ministerio Público Fiscal y el homicidio de Lucio Maldonado”.

También le atribuyen el secuestro de personas para que no generen problemas a otros miembros e intervino frente a personal policial responsables de la investigación judicial para que personas de la organización sorteen la persecución penal”.

Más condenados. Además de Maldonado, que deberá pagar una multa de 316.173.048 pesos, otros cuatro miembros de su banda recibieron perpetua: Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Germán Fernández y Facundo Almada.

Laferrara fue declarado culpable no solo por el homicidio de Maldonado sino también por el de Cristian Enrique, secuestrado y asesinado a balazos el 13 de octubre de 2018.

La decisión del tribunal coincidió con el pedido de penas que habían formulado los fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes llevaron adelante la investigación.

“Fue un fallo importante, es desde todo punto de vista muy destacable por la contundencia de la decisión de penas perpetuas y porque además se avanzó en materia de decomisos de inmuebles”, destacó el fiscal Schiappa Pietra.

Edery, en tanto, remarcó que Alvarado continuará detenido en la cárcel federal de Ezeiza, debido a que afronta un juicio en el fuero federal por tráfico de estupefacientes o comercialización.

En el juicio, que comenzó en febrero pasado, declararon cerca de 130 testigos. Muchos de ellos pidieron custodia por temor a sufrir algún tipo de represalia de parte de la organización.

Mariana Ortigala, hermana de un ex miembro de la banda, celebró el fallo del tribunal pero al mismo tiempo reclamó que lo aíslen y no le permitan acceder a un teléfono celular.

“No le va a importar matarme a mí o a un fiscal”, advirtió en la puerta del Centro de Justicia Penal de Rosario. “Es importantísimo que lo aíslen, porque está en un pabellón común con toda su banda, con teléfono celular las 24 horas, y la vida de nosotros corre peligro”, aseguró.

Ortigala fue una de las testigos importantes del juicio porque conocía a la banda desde adentro. Su hermano Rodrigo integró la organización criminal de Alvarado pero, tras engañarlo con su esposa, el jefe narco se quedó con una vivienda del joven y la relación se terminó.

Tras la primera declaración de su hermano, desconocidos atacaron a tiros su casa en la localidad de Roldán.

La mujer reconoció que “el fallo la hizo “feliz” porque es lo que él –por Alvarado– merece, pero “lo que merecemos todos como sociedad es que lo aíslen”.

“Porque si sigue estando en un pabellón lleno de celulares –continuó la mujer– el problema es peor, porque una condena de por vida hace que pierda los parámetros de resguardo y no le va a importar nada matarme a mí, a un fiscal y a cualquiera”.

Consultada acerca de si temía, la mujer sostuvo que “a él no le tengo miedo, pero sí sé el entorno que maneja: hoy por hoy cualquier chico se te acerca y te mata”.

Carlos Argüelles, otro arrepentido y testigo clave en la instrucción y el juicio, no tuvo la suerte de Ortigala: fue asesinado en septiembre del año pasado.

Durante el juicio pasaron el video de su testimonio. Argüelles aseguró que Alvarado había enviado a matar a más de cien personas y entregó a la Justicia una lista con cuarenta nombres que el jefe narco presuntamente pretendía asesinar, algunos de los cuales murieron baleados.

En el debate también se puso de manifiesto el rol de un sector de la policía de Santa Fe como cómplice del condenado jefe de la banda.

Por el caso, siete miembros de la fuerza de seguridad fueron condenados en juicios abreviados anteriores, en los que se les redujo la pena, algunos a tres años y otros a cinco de prisión efectiva.

Bienes de remate

Algunos de los bienes que fueron secuestrados en el marco de la investigación contra Esteban Lindor Alvarado fueron subastados en abril pasado, con un fracaso rotundo.

Las autoridades especulaban recaudar más de $ 400 millones, pero solo obtuvieron $ 14 millones por la venta de un campo.

El capital subastado incluía su mansión del barrio Funes Hills San Marino, donde vivían los hijos de Alvarado y su pareja, Rosa Capuano, que se puso a la venta con un precio de base de $ 60.328.000. También otras tres propiedades ubicadas en Rosario, Funes y Roldán, y un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado, todas ellas a nombres de supuestos testaferros.

Los bienes de Alvarado fueron secuestrados en el marco de la causa que investiga a esta organización criminal, acusada por venta de droga, pero también por ordenar varios homicidios, entre ellos el del financista Lucio Maldonado.

La única operación que pudo concretarse fue la venta del campo de Coronel Bogado, que se subastó a $ 14.800.000, el precio base fijado por la autoridad competente.

El campo que finalmente se remató había sido escriturado a un valor irrisorio: $ 1.900.000 cuando el valor fiscal catastral era tres veces más. Según la sentencia, se trataba de una operación de blanqueo de fondos procedentes del delito.

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