Juan Ignacio Buzali (49), el esposo de la diputada nacional Carolina Piparo acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló al confundirlos con motochorros en enero del año
pasado, no tendrá más la tobillera electrónica, pero seguirá bajo arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero, donde actualmente vive con la legisladora y sus hijos.
El beneficio fue otorgado en las últimas horas por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Plata, quienes accedieron al pedido realizado por Marcelo Peña, uno de los abogados del acusado. El letrado había solicitado que se autorice a Buzali "a llevar a sus hijos a la psicóloga y a realizar actividades deportivas".
También requirió "un cambio de dispositivo de localización" porque "se le dificulta desplazarse dentro del edificio en el que vive para cumplir con sus obligaciones familiares, como ser esperar a sus hijos a la llegada del colegio en transporte escolar, retirar pedidos de delivery o llevarlos a los espacios verdes del edificio, entre otros".
En la resolución, a la que tuvo acceso PERFIL, se indica que Buzali demostró hasta el momento "un comportamiento apegado a la modalidad que se le impuso (arresto domiciliario con monitoreo electrónico)". Además, se destaca que "el pedido es razonable y basado en motivos de familia y de convivencia".
Por estos motivos, los jueces resolvieron "atenuar" la modalidad de la medida de coerción bajo la forma de prisión domiciliaria "sin control de monitoreo electrónico" y enviaron un oficio al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para que le quite la tobillera a Buzali y retire el equipo de monitoreo instalado en su domicilio de Puerto Madero, una de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.
"De este modo, queda facultado para desplazarse por los espacios comunes del edificio y acercarse a la entrada del mismo a los fines requeridos", se señala en el fallo.
Buzali también podrá salir a la calle pero solamente para acompañar a sus hijos en sus distintas actividades, y en días y horas preacordadas con la Justicia. Por ejemplo, podrá retirar a uno de ellos de la escuela y llevarlo a fútbol los días lunes entre las 16.50 y las 19.30.
En el mismo dictamen, los jueces respondieron a un planteo realizado por Francisco Oneto, otro los defensores de Buzali, que había solicitado el cese de la prisión preventiva, aunque en este caso se lo denegaron al entender que "no aportaron información novedosa ni argumentación nueva".
"Con esa tesitura pretende crear una suerte de recurso contra la resolución dictada por la Cámara, órgano que ya confirmó la prisión preventiva. Pasado en limpio: se trata de una situación idéntica a la evaluada por la Cámara y, en todo caso, el defensor debió activar un recurso de casación y no pretender que este Tribunal revise o desconozca la misma", respondió el Tribunal.
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Para Martín de Vargas, defensor de una de las víctimas, "todos los imputados deberían acceder a este tipo de beneficios, pero lamentablemente la experiencia demuestra que no es así". "Buzali tiene estos beneficios por ser quien es. Una persona que no tiene una casa en Grand Bell o Puerto Madero, o un trabajo estable, no tiene posibilidades de acceder a este tipo de beneficio", aseguró a PERFIL.
Atropello y fuga
El caso por el que marido de Piparo permanece actualmente con prisión domiciliaria ocurrió el viernes 1° de enero del año pasado, cerca de las 2 de la madrugada, cuando al menos seis motochorros asaltaron a la diputada en la puerta de la casa de su suegro, ubicada en las calles 47 entre 15 y 16, en el centro de La Plata. Le robaron la mochila y un teléfono marca iPhone, que días después apareció en Berisso.
A bordo de un Fiat 500 L, la pareja embistió a una moto en la que viajaban Luis Lavalle (21) e Iván C: (17). Tanto Piparo como Buzali dijeron que se sintieron acorralados y que al intentar escapar de esa situación es que atropellaron a los jóvenes.
Según se pudo acreditar en la causa, los motociclistas no eran delincuentes: estaban junto a un grupo de amigos recorriendo la tradicional quema de muñecos.
De acuerdo a la versión de los testigos, la diputada y su esposo arrastraron a la moto varios metros y no frenaron para asistirlos. Ellos aducen que no se detuvieron por temor a ser nuevamente asaltados.
La causa que investiga el hecho fue elevada a juicio oral, aunque todavía no tiene fecha. Buzali llegará acusado por "tentativa de homicidio", un delito que prevé penas de entre 4 y 16 años de prisión.
LN / MCP
