Amplían el cerco militar contra las pandillas en El Salvador

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Fuerzas combinadas del ejército y de la policía extendieron este miércoles a varios municipios del departamento salvadoreño de La Libertad los operativos de búsqueda y captura de miembros de pandillas, consideradas

responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

La operación comenzó en las primeras horas del domingo. Más de 2.000 soldados y unos 500 policías tomaron el control de la ruta de acceso a Comasagua, unos 29 kilómetros de la capital, San Salvador, y realizaron un minucioso registro de las personas que entraban y salían de la ciudad para identificar y capturar a los pandilleros que un día antes habían asesinado a un campesino.

Las fuerzas de seguridad a 50 presuntos miembros de la estructura criminal Witmer Locos Salvatruchos, apéndice de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13. Entre ellos, dos cabecillas serían los autores del crimen del campesino, al que habrían ultimado por darle café a un grupo de policías que patrullaban la zona.

Violencia en ascenso y una persecución que no cesa

Después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en un día, un nivel de violencia que no se había visto en mucho tiempo en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita varios derechos constitucionales y las fuerzas de seguridad iniciaron operativos en las zonas más populosas del país cercando a los pandilleros.

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Los pandilleros que lograron evadir a las fuerzas de seguridad dejaron las ciudades y, según información oficial, se refugiaron en zonas rurales y montañosas en las que habrían montado campamentos improvisados.

La guerra de Bukele contra las pandillas (y la prensa)

Las autoridades informaron que desde que se puso en práctica el estado de excepción detuvieron a 54.000 personas, de las cuales más de 47.000 están en prisión preventiva acusadas, en su mayoría, de formar parte de estructuras criminales o de ser colaboradores de las pandillas.

Las llamadas maras o pandillas, que se estiman cuentan con unos 70.000 miembros, tienen presencia en populosos barrios y comunidades y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.

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