Las fuerzas de seguridad brasileñas detuvieron a unos 150 manifestantes y lograron recuperar el control del Congreso y del Palacio de Planalto -sede presidencial- en Brasilia, después de haber expulsado a
Los agentes de la Policía Militar lograron recuperar el control del Congreso a primera hora de la noche empleando medios antidisturbios y granadas aturdidoras.
También desplazaron a los asaltantes del Palacio de Planalto, el palacio presidencial, aunque los manifestantes continuaron concentrados en la conocida como Explanada de los Ministerios comunica todos estos edificios, ahora contenidos por un cordón de seguridad de los agentes.
Previamente las fuerzas de seguridad habían desalojado a los manifestantes de la sede del Tribunal Supremo Federal, donde han provocado importantes daños materiales.
Los sospechosos detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Civil del Distrito Federal, concretamente en el Departamento de Policía Especializada, donde se espera la llegada de más sospechosos, y están a la espera una audiencia de custodia que decida sobre su detención definitiva.
La mayoría de los detenidos (30 de ellos en la sede del Congreso) son arrestados por el Artículo 359-M del Código Penal, que prevé entre 4 y 12 años de prisión por "tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo".
Los manifestantes estaban inicialmente concentrados ante la sede del Cuartel General del Ejército, muy cerca de las sedes de los tres poderes del Estado, cuando se dirigieron hasta el Congreso y han irrumpido en sus dependencias tras superar el cordón policial y arrancar las alambradas.
Más tarde se han dirigido a la sede presidencial y a la del Supremo, donde invadieron el plenario del tribunal. Trascendieron imágenes de los manifestantes provocando importantes destrozos dentro de los edificios.
Así se pudieron ver imágenes de personas manifestantes vestidos de verde y amarillo arrancando sillones del Congreso o rompiendo cristales y mesas de la sede del Tribunal Supremo Federal.
Precisamente en este último edificio habría sido arrancada la puerta del armario donde el juez Alexandre de Moraes cuelga su toga en el plenario del tribunal. De Moraes ha sido uno de los jueces más críticos con Bolsonaro.
Desde el estado de Sao Paulo, adonde había viajado para supervisar los estragos causados por las inundaciones, el presidencia Lula da Silva había condenado la violencia de las últimas horas, que "no tiene precedentes", en una primera comparecencia pública.
"Nunca se ha hecho en la historia de este país", lamentó. La democracia, agregó, garantiza la libertad de expresión, "pero también exige el respeto de las instituciones".
"Todos los vándalos serán encontrados y castigados", dijo el mandatario, antes de leer de viva voz los detalles de un decreto que implica la intervención sobre las competencias que teóricamente le competen a Brasilia, cuya labor había sido puesta en duda por el oficialismo tras el caos vivido en las calles de la capital.
