El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este miércoles al juez federal Sebastián Ramos que pregunte si los delitos de lesa humanidad de los que se acusa en la Argentina al presidente de Venezuela
En un dictamen al que accedió Clarín en fuentes judiciales, Pollicita dijo que antes de decidir si pide habilitar la competencia de la justicia argentina en estos casos, primero se pregunte al TPI, vía la cancillería, si los casos denunciados por el abogado Tomás Farini Duggan ya están siendo investigados en el TPI. Es para evitar superponer investigaciones.
Sucede que la Argentina, durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, junto a otros cinco países denunció varios casos de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y se formó la causa “Venezuela I”.
Farini Duggan pidió la indagatoria de Maduro, quien no vino a la Argentina para participar de la cumbre de la CELAC por las protestas en su contra y una supuesta “emboscada”, por las torturas a los venezolanos Víctor Alfonso Navarro Lopez —refugiado, expte. N° 891073/2019— y Rigoberto Lobo Puente que denunciaron haber sufrido distintos actos que, de corroborarse, podrían constituir violaciones a derechos humanos.
El abogado también propuso la declaración testimonial de otras personas que también habrían sido víctimas de sucesos presuntamente compatibles con delitos de lesa humanidad. Se trata de Yang Rafael Álvarez Pereira, Luis Alberto Mariño y y Richard José Blanco Carrera.
En ese contexto Pollicita entendió que, previo a contestar la vista conferida por el juez Ramos, ”resulta indispensable consultar al Área correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, el estado actual y concreto, como así también el alcance del procedimiento vinculado al legajo identificado como Venezuela I”.
El pedido el fiscal lo hizo en la investigación identificada bajo el n° CFP 165/2023/1 (Coirón 10172/2023/INC1) caratulado “MADURO MOROS, Nicolás s/legajo de investigación; dte.: Wolff, Waldo”, del registro de la Secretaría n° 14 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7”.
Por otra parte, Pollicita solicitó abrir otros dos legajos para investigar denuncias del mismo tenor contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el de Cuba, Miguel Díaz Canel.
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El pedido previo es a partir de consultas realizadas por esta Fiscalía en el sitio oficial de la Corte Penal Internacional (CPI) donde se tomó conocimiento de la existencia del caso en trámite identificado como “Venezuela I”, el que se originó a raíz de una remisión efectuada en los términos del artículo 14 del Estatuto de Roma, por un conjunto de seis Estados Parte —entre los cuales se encuentra la Argentina.
En ese caso, la Fiscalía consideró que existía “una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, anunciándose en noviembre del 2021 la conclusión de la etapa preliminar con la decisión de abrir una investigación, lo que fue acompañado de un Memorándum de Entendimiento con el gobierno de ese país, en pos de impulsar la cooperación y el fomento de medios y mecanismos que contribuyan a llevar allí procedimientos penales genuinos, de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma”, pero Venezuela no colaboró con la investigación del caso..
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