El kirchnerismo tratará de que el juicio Político a la Corte dure hasta las elecciones

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Con los números justos para conseguir dictamen pero sin posibilidad de que la iniciativa prospere en el recinto de la cámara baja, los diputados del Frente de Todos darán inicio este jueves

al Juicio Político contra la Corte Suprema empujado por el presidente Alberto Fernández y 12 gobernadores peronistas.

La comisión, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, está citada a las 11 en el anexo de Diputados. La teoría indica que será una reunión formal, breve, en la que solo se fijará el cronograma a seguir. Pero el clima llega caldeado entre oficialismo y oposición y cualquier chispa puede desatar un incendio.

La idea original es citar a los autores de los 14 expedientes en consideración -incluidos dos de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti- para que expongan el 2 de febrero, y recién el 9 de febrero votar la apertura de un sumario para abrir, efectivamente, el juicio político contra los cuatro jueces supremos. 

El oficialismo tiene número suficiente para hacerlo y ya adelantaron que citarán a los cuatro jueces: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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También a Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y Silvio Robles, vocero de Rosatti, juristas K y organismos de Derechos Humanos. También pedirán la intervención de la oficina de escuchas de la Corte para solicitar cruces de llamadas.

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El debate terminará cruzado por fuertes discursos políticos, pero también por tecnicismos.

Para el diputado Gustavo Valdés, autor del proyecto principal, el proceso no debería durar "más de 90 días". Pero otros oficialistas creen que hasta mitad de año, lo que se superpondría no solo con las novedades judiciales de las causas de la vicepresidenta Cristina Kirchner previstas para marzo, sino también con la campaña electoral.

De los 31 miembros de la comisión, el FdT tiene 16, el número justo para emitir dictamen. En el recinto es imposible que consigan los dos tercios para aprobarlo. Pero ese no es su objetivo principal, sino montar un escenario público para exponer a los jueces.

"A la oposición la agarramos desprevenida. Tenemos los números para la comisión, que es lo que nos interesa. Después veremos cuándo lo ponemos en consideración", reconoció el camporista y ex director de Contrainteligencia de la AFI Rodolfo Tailhade, y recordó que "en 2003 hubo varios dictámenes. El de (Antonio) Boggiano llegó recién en 2005".

Para Juntos por el Cambio no es más que un "show mediático". "Es un circo político destinado a presionar a los jueces con el objetivo de desgastarlos y la ilusión de conseguir que alguno renuncie", apunta el legislador PRO, Pablo Tonelli.

De cara a la reunión de comisión la bancada opositora reunió a sus legisladores el miércoles. Decidieron no sumarse al debate hasta que el Frente de Todos haya conseguido quórum por su cuenta y si bien habían planteado pedir la apertura de los juicios políticos presentados por ellos, contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, todo indica que no lo harán.

"Si decimos que es un circo no queremos amplificarlo", planteó un legislador. Sin embargo, no descartan sumar testigos propios como constitucionalistas y el propio ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco del fallo por la coparticipación de la Ciudad.

A su vez buscarán exponer la agenda que el Gobierno "esconde". "Con 100% de inflación, 50% de pobreza, 70% de jubilados pobres, el kirchnerismo pone en agenda los asuntos judiciales de la vicepresidente. Sabiendo que no tienen las 2/3 partes de los miembros para formalizar la acusación. Tiempo perdido en circo que no resuelve los problemas", protestó el mendocino Omar de Marchi.

La Casa Rosada apunta por mal desempeño contra la Corte por el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006 y la cautelar que obligó a la Nación a incrementar la coparticipación a la Ciudad.

Los legisladores oficialistas incorporaron también el fallo del 2x1 en el caso "Muiña" por lesa humanidad, y la causa por desmanejos en la Obra Social de los judiciales, que ellos se lo adjudican a Juan Carlos Maqueda, a pesar de no estar imputado en la causa.

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