Este viernes tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra la adopción del informe que contiene las recomendaciones efectuadas por los estados a la Argentina en el marco de su
Allí, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, presentó un polémico informe en el que cuestionó al poder judicial en el marco del embate del Gobierno contra la Corte de Suprema de Justicia y el juicio político que le quiere abrir a sus miembros. También el Gobierno victimizó a la vicepresidenta Cristina Kirchner señalando que era víctima del “lawfare” -una supuesta persecución política disfrazada de procesos judiciales- y criticó a los medios de comunicación y al sector empresarial.
Pero según pudo saber Clarín, formalmente, Argentina recibió este viernes un total de 287 recomendaciones por parte de 104 Estados. Muchas son críticas. En cambio, el Gobierno decidió postergar sus respuestas.
La presentación de Pietragalla, que ya volvió al país, fue inusual y polémica porque los Estados no suelen atacar a sus instituciones democráticas.
De hecho, Juntos por el Cambio informó este jueves que habían enviado una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para repudiar la presentación de Pietragalla. La carta habla de las "insólitas críticas" vertidas por el funcionario ultrakirchnerista. Y advierte que su informe y sus declaraciones "tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonarios del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia no solo con la condena a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes".
La delegación argentina que participó de la adopción del mencionado informe estuvo constituida por el embajador Federico Villegas Beltrán, Representante Permanente de la Argentina en Ginebra, y Andrea Pochak, la número dos de la Secretaría de Derechos Humanos.
La delegación argentina anunció que tomaba nota de las recomendaciones y que respondería si las aceptaba o no a más tardar en la 53° sesión del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar en junio de 2023.
Esta posición llamó la atención porque es práctica habitual que las delegaciones anuncien, al momento de la adopción del informe con las recomendaciones, al menos algunas de las mismas, mientras que la decisión sobre otras se posterga unos meses.
En tal sentido, el proceder argentino fue similar al que adoptó Venezuela en 2022.
Tal vez en tal decisión tuvo que ver que algunas delegaciones como Alemania, Chile y Suecia instaron a la Argentina a garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones, o al hecho de que Israel haya instado a adoptar nuevas medidas para investigar y llevar ante la justicia a los responsables del ataque a la AMIA.
La recomendación alemana fue la más fuerte, ya que no sólo instó a fortalecer la independencia del poder judicial, sino también a proteger a los jueces e investigadores de “presiones e intimidaciones”.
La recomendación alemana se produjo a sólo dias de la visita que hará el canciller (primer ministro) Olaf Scholz a la Argentina. El jefe de gobierno estará este sábado con el presidente Alberto Fernandez, quien se puso a la cabeza del juicio politico a la Corte.
Otro dato interesante fue que la troika de estados responsable de revisar el informe mencionado estuvo constituida por Bolivia, Gabón y China, quienes elogiaron la labor realizada por la delegación argentina participante del EPU.