Cercada por las protestas, bloqueos y problemas de escasez, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió ayer viernes al Congreso que adelantara las elecciones generales a diciembre de 2023, para salir
del “atolladero” que sufre el país desde hace siete semanas, con un saldo de 46 muertos.
“Pusimos a consideración de los ministros este proyecto de ley para adelantar a diciembre de 2023” los comicios en “fecha y hora que el Congreso diga”, afirmó Boluarte en un acto de gobierno en el aeropuerto militar de Lima.
“Si (los partidos) Fuerza Popular y Alianza para el Progreso están pidiendo lo que ellos ya habían presentado (un adelanto de elecciones a 2023), que se retome en ese sentido esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento y nos va a sacar del atolladero en el que estamos”, agregó.
La propuesta puede empezar a ser debatida este mismo viernes en el Congreso, pero al cierre de esta edición aún no se había dado lugar a esa discusión.
El Legislativo ya había aprobado en primera votación el adelanto de los comicios a abril de 2024, pero “las protestas continúan, hay más bloqueos y violencia”, reconoció Boluarte.
Crisis sin fin. Perú es desde hace siete semanas escenario de manifestaciones que piden la dimisión de Boluarte, quien asumió en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo, el 7 de diciembre, por haber intentado disolver el Parlamento.
Las protestas y bloqueos de ruta en reclamo de la renuncia de Boluarte, adelanto de comicios y convocatoria de asamblea constitucional no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.
Tan pronto el Congreso fije el adelanto de los comicios, “inmediatamente nosotros, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones”, dijo Boluarte.
“Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder, nadie tiene ese interés. Y yo, Dina Boluarte, no tengo ningún interés en quedarme en la Presidencia. Si estoy aquí es porque asumí mi responsabilidad constitucional y estaremos acá hasta que el Congreso (...) diga tal día las elecciones”, aseveró.
Falta o sube todo. Tras siete semanas de protestas y bloqueos, esta semana empezó hacerse sentir la escasez de combustible, gas licuado de uso doméstico y algunos alimentos en regiones del sur andino y de la selva, pobres e históricamente marginadas de lo que acusan como el centralismo de Lima.
“No hay gas, ni gasolina. En las bodegas solo se consiguen víveres no perecibles y todas las cosas están muy caras, hasta el triple de lo normal”, dijo a AFP Guillermo Sandino, un experto en marketing radicado en Ica.
El Barrio Chino de esa ciudad, ubicada a unos 200 kilómetros de Lima y punto estratégico en la comunicación terrestre entre la capital y el sur de Perú, se ha convertido en uno de los puntos cruciales en la estrategia de cortes de ruta, impuestos en más de cien lugares.
Alerta de seguridad. Los ministerios de Defensa y del Interior anunciaron el jueves que la policía y las fuerzas armadas desbloquearán las carreteras del país tomadas por los manifestantes.
“La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las fuerzas armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia”, dijo un comunicado de ambas carteras.
Además de generar escasez de productos básicos, los bloqueos también complican los servicios médicos en varias zonas del país.
Mientras tanto, en el centro histórico de Lima continúan convocándose manifestaciones pacíficas en plazas mientras grupos de encapuchados, munidos de piedras y explosivos, enfrentan a la policía antimotines, que responde con bombas lacrimógenas y perdigones.
Escalada diplomática
Cortocircuito peruano con América Latina
R.P.
La salida del embajador peruano en Honduras, las críticas a la postura de Argentina, México, Bolivia, Chile y Colombia, la expulsión y la declaración como “persona non grata” al embajador mexicano Pablo Monroy, también son parte de una crisis que ha tomado dimensiones internacionales.
Casi desde el mismo momento en el que miles de personas salieron a las calles de Perú, también comenzó un debate sobre la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
Invocando el principio de no intervención, la Cancillería peruana fue respondiendo una a una las declaraciones de otros presidentes. La resolución de la Liga de Naciones de 1936 fue el primer instrumento internacional en mencionar este principio, al afirmar que “todo Estado tiene el deber de abstenerse de cualquier intervención en la vida política de un Estado extranjero”.
Cada nación fue interpretando este principio de diferentes maneras y según su conveniencia a lo largo de la historia. Así, la Doctrina Monroe entendía como intervención la intromisión de Europa en los asuntos americanos, pero no consideraba así la injerencia de los Estados Unidos en los temas del resto de los países, y la Doctrina Estrada, en México, establecía que ningún gobierno extranjero podía determinar si otro era legítimo o no.
Siguiendo esos preceptos de 1930, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los primeros en manifestarse sobre la situación en Perú. El mismo 7 de diciembre, día de la destitución de Pedro Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que, si bien el de no intervención y autodeterminación son principios fundamentales de la política exterior mexicana, “consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra”, algo que, según entiende, lo llevó a “tomar decisiones que les han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.
Desde entonces, una seguidilla de declaraciones de repudio a las manifestaciones de López Obrador, el asilo otorgado en México a la familia de Castillo y la expulsión del embajador mexicano en Perú resintieron las relaciones diplomáticas entre las partes.
Durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el tema de Perú estuvo presente en los discursos de varios presidentes. Uno de los más enérgicos en sus críticas fue el chileno, Gabriel Boric. El gobierno peruano respondió comunicando al embajador de Chile su malestar.
Con los gobiernos de Argentina, Bolivia, México y Colombia decidió ir más allá: el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a consulta a los embajadores de Perú en estos países, frente a lo que considera una “intromisión en los asuntos internos por parte de las más altas autoridades”. El llamado a los cancilleres responde, más que a declaraciones aisladas, a un comunicado conjunto del 12 de diciembre en el que los presidentes pedían que se priorice “la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.
