El 9 de diciembre Lucas Escalante (26) y Lautaro Morello (18) salieron desde el barrio La Capilla de Florencio Varela en el BMW de Escalante. Iban, especularon, en dirección a la zona
La Bonaerense investigando a la Bonaerense fue una preocupación para las familias de Lucas y Lautaro, que recién ahora lograron desterrar: la Policía Federal estará a cargo de la búsqueda de Lucas y de la investigación por el crimen de Lautaro. Aunque, sin fiscal establecido, poco ha podido avanzar en la revisión.
Es que Cristian y Maximiliano Centurión están fuertemente ligados a la policía de la provincia de Buenos Aires. Cristian Centurión es cadete en la fuerza y el hijo de un comisario mayor. Maximiliano es su primo. Ambos están con prisión preventiva y acusados como “coautores” del “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía” de Lautaro.
Si bien se negaron a declarar, la acusación señala a los Centurión como responsables del crimen. El 9 de diciembre estaban juntos, eso quedó probado por una serie de mensajes entre los detenidos.
Además, un testigo ubicó al BMW de Lucas en la zona de la quinta de Maximiliano Centurión. Según un testigo, los jóvenes habrían pedido indicaciones para llegar a la casa del Policía y, consta en los audios de Lucas Escalante, iban a encontrarse con él para que le entregara vales de combustible.
Los Centurión quedaron filmados yendo a cargar un bidón de combustible a una estación de servicio poco después del último indicio de Lucas y Lautaro vivos, alrededor de las 0.10.
Se presume que podrían haber usado esa nafta para incendiar el auto que apareció quemado camino a La Plata. Lo mismo con el cuerpo de Lautaro, que fue hallado semicalcinado cerca de de la traza de la autopista del Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón.
Lo cierto es que la investigación por la desaparición de los dos jóvenes empezó en manos de Álvaro Garganta, que una vez hallado el cuerpo de Lautaro el 15 de diciembre, derivó la causa a Mariana Dongiovani, de la fiscalía descentralizada de Florencio Varela.
Haca unos 10 días, la fiscal Dongiovani presentó un escrito al Juzgado de Garantías en el que decidía excusarse de la investigación por una situación de conflicto con Carlos Dieguez, el abogado de la familia Morello. Así, el juez de Garantías de Florencio Varela, Julián Busteros, confirmó la prisión preventiva y aceptó la recusación de la fiscal.
“Los improperios hacia mi persona por parte de la familia Morello me llevan a solicitar la presente excusación de conformidad con lo establecido en el artículo 47 inciso 13 del ritual”, justificó. Y agregó: “Considero que la gravedad de los hechos relatados podría afectar mi libertad funcional, mi integridad y dignidad, conllevando ello la pérdida de objetividad para intervenir en la presente investigación penal preparatoria”.
Así, la fiscalía general de Quilmes sorteó al nuevo fiscal y asignó a Martín Conde, de la N°3 de Quilmes, al frente de la investigación, lo que cumplía con el cometido de Dieguez: sacar la causa de Varela. Aunque parte del mismo departamento judicial, tiene sus propias fiscalías descentralizadas. Así, se busca evitar Centurión padre pueda tener "injerencia".
Conde está de licencia por la feria judicial, por lo que asignaron a la fiscal Bárbara Velasco para que continuara con la causa y que no se detuviera la búsqueda de Lucas. Sin embargo, por su "vínculo previo" con los Centurión también se excusó y alegó que "había trabajado en causas cercanas al Comisario Mayor".
Así las cosas, la causa recayó en Diego Ichazo, que ya había compartido alguna causa con Carlos Dieguez, el abogado de los Morello. Dieguez es de La Plata y conocido por ser representante de Policías. Fue uno de los voceros de la revuelta que la Bonaerense centralizó en Puente 12 y en la que reclamaban a Sergio Berni mejoras salariales en septiembre de 2020.
Representó a la mujer policía involucrada en la causa por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas para explotación laboral, en la comunidad terapéutica La Razón de Vivir. En esa investigación está imputado Marcelo "Teto" Medina y el fiscal Ichazo está cerca de elevarla a juicio.
Dieguez, que además es allegado al Sindicato de Policías y Penitenciarios (SINPOPE), esta vez está a cargo de representar a la familia de una víctima en una causa en la que justamente hay funcionarios policiales involucrados, por lo que su participación generó algunas suspicacias.
Mientras tuvo los 14 cuerpos del expediente en su poder, Ichazo ordenó algunas medidas mientras espera que Conde regrese de su licencia y asuma la investigación. La más importante fue abrir un "legajo fiscal" para que las medidas de prueba que se ordenen a partir de ahora estén a resguardo y sólo puedan ser conocidas por el juzgado de garantías. Un paso fundamental para una investigación que pasó por cinco fiscalías.
Este martes finaliza la feria judicial y el fiscal Conde regresaría y tomaría posesión de la causa.
El jueves a las 19, la familia de Lautaro Morello realizará una manifestación en Ruta 2 y Avenida Luján para reclamar por el cambio de fiscales. Quieren, rezan los folletos de la convocatoria, que Ichazo se quede con la causa y avancen las actuaciones.
La familia de Lucas, desesperada, insiste en la búsqueda de testigos y se mostró esperanzada en que la Federal revise las pruebas recolectadas al momento para dar con el joven desaparecido.
"Son 50 días sin Lucas. Mami ya no tiene más fuerzas. Papi llora mucho. Lore y yo hacemos lo que podemos. El vacío crece enormemente, los días pasan como agua. Hay un silencio que aturde, una impotencia que nos desgarra el alma. Es todo tan lento, la gente es tan cruel, no hay muchos más recursos que pedir por favor que nos escuchen", escribió Romina, la hermana de Lucas, en sus redes sociales.
En diálogo con Clarín, Romina reconoció la "angustia" que le generó a su familia el "cambio permanente de fiscales". Y manifestó haber estado conforme con la fiscal Dongiovani, hasta que decidió apartarse de la causa.
El miércoles y el viernes organizarán una pegatina y volanteada en las calles del centro de Varela para pedir testigos que puedan aportar información sobre el paradero de Lucas Escalante. El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 4 millones de pesos para los que puedan aportar datos, pero hasta ahora nada se sabe de él.
SC
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