La ley favorita del gobierno español, ésa que el PSOE y Unidas Podemos aseguraron que sacarían adelante en el acuerdo de coalición de 2019, gracias al cual gobiernan España, sólo les
Se trata de la ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como “la ley del sólo sí es sí”: pone el foco en el consentimiento, que pasa a ser decisivo a la hora de juzgar delitos sexuales.
La nueva ley establece que cualquier acto sexual en el que no haya mediado el consentimiento será considerado agresión sexual.
Ya no distingue entre abuso y agresión y amplía los comportamientos punibles al considerar que la agresión no necesita violencia o intimidación para ser valorada como tal. Quienes hayan sufrido cualquier tipo de agresión sexual ya no tendrán que demostrar que fueron víctimas de violencia o que se resistieron.
La medida fue celebrada como un logro crucial del Ministerio de Igualdad, en manos de Podemos a través de su ministra, Irene Montero.
“Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales”, celebró la aprobación parlamentaria la ministra Montero, principal vocera de la ley que nació como reclamo ante casos polémicos como el de La Manada, la violación en grupo que sufrió una joven de 21 años durante los Sanfermines en 2016.
¿Beneficio para violadores?
Lo que la nueva ley no contempló fue que, al modificar el rango de algunas penas, la normativa beneficiaba a violadores y agresores sexuales que podían pedir la revisión de sus condenas y salir favorecidos. Como sucedió.
Al delito de agresión, por ejemplo, ahora le corresponde una pena de cuatro años de prisión, mientras que en el anterior Código Penal era un delito castigado con seis años de cárcel.
Desde la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, hace ya cuatro meses, en España hubo más de 300 rebajas de pena que causaron pánico entre las víctimas y preocupación en la sociedad.
“El machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley”, intentó defenderse la ministra Montero cuando comenzó el goteo de condenados por delitos sexuales que pedían revisar sus casos.
Duro desafío para Pedro Sánchez
Los líderes de Podemos insistieron, desde un primer momento, en que no se trataba de un problema de la norma, sino de la mala interpretación que hacían algunos tribunales y audiencias provinciales.
El presidente Pedro Sánchez, que se refirió a la ley como “una conquista feminista para reforzar la seguridad de las mujeres”, resistió y trató de sostener la nueva normativa intacta hasta ahora.
Pero este 2023 será un enorme desafío para él y no está dispuesto a dar pasos en falso. A partir de mayo habrá elecciones municipales, autonómicas y generales. Y el líder del PSOE aspira a diluir el costo político que las contradicciones de la ley del sólo sí es sí le puedan ocasionar.
Por eso, desde hace días, miembros del gobierno y altos cargos del partido “filtran” que se está trabajando en una “corrección” de la norma.
“La mejor forma de defender la ley es llevar a cabo los ajustes técnicos para evitar que esos efectos (adversos) se produzcan”, dijo este martes Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, en la rueda de prensa semanal que se realiza en el Palacio de la Moncloa después de la reunión de gabinete de cada martes.
“El problema ha sido relacionado con las penas y, por lo tanto, donde se están produciendo esos trabajos técnicos entre (los ministerios de) Justicia e Igualdad es precisamente en ajustar, desde el punto de vista jurídico y técnico, para que no se produzca ese descenso en la pena y, por lo tanto, esas ventajas en aquellos que hayan sido condenados por agresiones sexuales”, agregó la portavoz.
El Ministerio de Igualdad hizo pública su buena disposición a aumentar alguna penas mínimas respecto de los delitos más graves, pero se niega a “tocar o modificar” el concepto de consentimiento. Lo consideran el eje fundamental de la nueva ley.
Podemos tampoco está dispuesto a añadir cláusulas que impliquen la reintroducción en el Código Penal de la violencia y la intimidación para valorar las penas, tal como hacía la ley anterior sobre delitos sexuales, posibilidad que sí considera el PSOE.
"Al PSOE esta ley le gustaba, a Pedro Sánchez está ley le gustaba y lo dijo públicamente", agregó el ex vicepresidente y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias.
"Un presidente del gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la presión mediática de la derecha y la ultraderecha", afirmó Iglesias.
"Plantear a tu socio de gobierno que o aceptas lo que hago yo, que es acabar con la ley del solo sí es sí, que es traicionar a las mujeres que se manifestaron, o lo pacto con el PP (Partido Popular), pues buena suerte. Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará", advirtió el ex vicepresidente.
“El gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento. El consentimiento es la esencia de esta norma. No se va a tocar. Tampoco se oculta que se trata de una reforma compleja para conseguir que esos efectos no deseados en su aplicación se sigan produciendo”, remarcó este martes la ministra portavoz del gobierno de Sánchez.
“Esta es una norma deseada, que tuvo inspiración en el movimiento feminista tras aquella sentencia (la de La Manada) que nos heló el alma a todas. Reclamamos en las calles y afortunadamente hoy está en el BOE (Boletín Oficial del Estado) para dar respuesta a esas mujeres, pero que una vez que ha entrado en vigor, se ha detectado que en su aplicación se han producido estos efectos que no deseábamos ni era la voluntad de la norma”, insistió la ministra.
El caso de La Manada
En 2018, una primera sentencia condenaba a los cinco amigos que habían violentado a la chica en los Sanfermines de 2016 a 9 años de prisión por abusos sexuales. Los integrantes de La Manada, sin embargo, continuaron en libertad provisional.
Un año antes, la declaración de la víctima había sido cuestionada porque un informe privado encargado por la defensa de los acusados dudaba de que la joven hubiera podido volver a “hacer vida normal” luego de la agresión que ella misma había denunciado.
El gobierno de Navarra, cuyo Tribunal había dictado la pena a La Manada, recurrió entonces ante el Tribunal Supremo la sentencia.
Manifestaciones en favor de la víctima y el video “Hermana, yo sí te creo” en el que decenas de voces apoyaban lo declarado por la joven y que se volvió viral desencadenaron en 2019 una audiencia pública donde el Tribunal Supremo condenó a 15 años de cárcel por violación a los cinco integrantes de La Manada que inmediatamente fueron detenidos.
El Tribunal halló, además, agravantes por trato vejatorio y por haber actuado en grupo.
“Esta ley fue aprobada por el Consejo de Ministros, estuvo otro año en tramitación parlamentaria y recibió el apoyo de más de 200 diputados en el Congreso y en el Senado. Estoy convencido que ninguno de esos 200 diputados querían los defectos indeseados que se están produciendo y que han generado una preocupación social que desde el gobierno hacemos nuestra”, señaló este martes el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
Madrid. Corresponsal
CB
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