El segundo juicio por el femicidio de Lucia Pérez, la chica de 16 años drogada, abusada sexualmente y asesinada en Mar del Plata en 2016, entra en sus
fases finales, luego de un primer proceso que absolvió a los acusados. O, mejor dicho, tan solo los condenó a una pena leve por la venta de drogas y decidió ignorar las pruebas del homicidio.
El femicidio sucedió un año después de la multitudinaria primera marcha de “Ni una menos”, el 3 de junio de 2015, cuyo disparador fue otro crimen: el de Chiara Páez en Santa Fe, una chica de 14 años, embarazada y asesinada a golpes por su novio.
El impacto de esta organización espontánea en todo el país, fue el de una verdadera revolución que resonó en el mundo y que, junto con el #MeToo, puso sobre la mesa la enorme cantidad de derechos que todavía se le negaban a las mujeres y la falta de justicia en materia de delitos sexuales contra ellas.
En 2016, el asesinato de Lucía Pérez impulsaba el primer paro nacional de mujeres en la Argentina, el 8 del octubre, bajo un lema más que elocuente: #Vivasnosqueremos.
Debe y haber
El último informe del organismo internacional Human Rights Watch sobre la Argentina hace un resumen claro que lo que se avanzó en el país en materia de género y el camino que todavía falta recorrer. Argentina, según ese informe, es uno de los primeros 10 países que ratificaron el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a proteger a las mujeres del acoso y la violencia en el ámbito laboral. También fue uno de los primeros países en Latinoamérica en sancionar una ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, aunque (aclara el informe) la medida todavía no alcanza ampliamente a todas las argentinas por falta de información o capacitación del personal que debe atenderlas.
¿El peor dato del informe? “A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios sigue siendo un problema grave. En 2021, el Registro Nacional de Femicidios reportó 231 femicidios (es decir, homicidios de mujeres debido a su género) y apenas 6 condenas”, consigna textualmente el informe.
Otras cifras que se agregan a esta, describen un panorama realmente alarmante: desde el 2008 hasta el 2022 se cometieron 4131 femicidios y, en lo que va del año, otros 48.
Para Claudia Acuña, periodista, creadora del Observatorio Lucía Pérez que lleva un exhaustivo registro de femicidios y travesticidios y quien ha seguido de cerca la lucha de la familia de la joven marplatense por lograr sentencia que castigue a los femicidas, “tenemos una justicia que no combate la violencia, al contrario, la consagra”. Los procesos insumen más de 5 años de espera y cuando se producen los hechos de violencia no hay equipos que acompañen a las víctimas para protegerlas y apoyarlas en sus denuncias. “Se enseña la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas, ¿pero qué tiene que ver el cuidar la salud sexual y reproductiva con la violencia? Los femicidios no son parte de la agenda, lo que hay son paliativos. Y cada femicidio es el resultado de falta de políticas públicas, porque cada femicidio nos compele a prevenir el siguiente. Y eso no se hace. El dolor lo transformás en lección y hacés prevención en los colegios, en las plazas, en los bares”, afirma Acuña.
Días pasados, el Ministerio de la Mujer presentó el primer Informe Estadístico Global del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, donde registra casos de todo el país y el modo en que las políticas de prevención actúan en las diversas situaciones. Según las cifras recogidas en ese informe, el 97,1 % de los registros corresponde a casos de violencia doméstica; el 1,3 a violencia laboral y el 1,2 a violencia institucional. El 95,8 % de los agresores son varones; de los cuales el 87,8 % son la pareja o ex pareja de la persona en situación de violencia.
La ONU Mujeres recoge en todo el mundo datos similares. El 56 por ciento de las víctimas de femicidio son asesinadas en el ámbito del hogar, mayoritariamente, por sus parejas.
Las cifras del Observatorio que Claudia Acuña dirige incluyen junto al número de las víctimas, la cantidad de huérfanos que dejaron atrás esas muertes. Un femicidio tiene un efecto a su alrededor incalculable, es un problema social que afecta a todos y que deja una huella indeleble en los hijos, la familia y el entorno en que ocurre.
“Ni una menos es un grito. Tenemos que construir el Nunca Más y eso nos toca a nosotras. No vemos que las cifras bajen porque si no hacen nada, va a seguir pasando lo mismo -concluye Acuña-. Se necesita del acompañamiento del Estado para acceder a la justicia y, al no lograrlo, la única que queda es la calle. Nadie se salva sola”.
El 17 de marzo se conocerá la sentencia en el segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez. Y es de esperar que esta vez se castigue a los culpables.
Galería de imágenes
