Está claro que una cosa es la cantidad y otra la calidad, sobre todo si hablamos de leyes. Puede ser que se sancione una ley que cambie drásticamente un sector o
Eso es lo que interpretan desde el nuevo Observatorio Hacer Educación-que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA-, que hizo un relevamiento de las leyes, decretos y resoluciones de educación que fueron sancionados desde el retorno de la democracia, hace 40 años.
Desde entonces, fueron votadas a favor 321 leyes educativas. Pero al desagregar por décadas se observa que, una vez que arrancó la grieta política -allá por 2008- y hacia adelante, la cantidad de leyes educativas aprobados fue bajando significativamente al tiempo que subía la cantidad de proyectos de ley no sancionados.
Una polarización política que, entienden los autores del informe, estaría dificultando la posibilidad de avanzar en consensos que sirvan para cambiar el sistema educativo.
La década de mayor producción fue la del 90, con 11,5 leyes sancionadas por año, y desde entonces el promedio va bajando. En lo que va de esta década (de 2020 a 2022), el período que corresponde a la presidencia de Alberto Fernández, solo se sancionó 1,5 leyes por año.
“Es muy llamativo lo que ocurrió en los últimos años. Hasta la grieta se habían propuesto más de 5.200 proyectos educativos en el Congreso y se sancionó el 6%. En los últimos años, en cambio, se presentaron 531 y solo se sancionaron 3, el 0,5%. O todos los proyectos son malos o no se pueden poner de acuerdo para acordar nada”, le dijo a Clarín Alberto Barbieri, exrector de la UBA y director del observatorio.
“Justamente ahora, cuando mayor es el deterioro de la educación, en menor medida los dirigentes se sientan a discutir y ver cómo se puede hacer una política de mediano o largo plazo para solucionar los problemas. Nos muestra una película de cómo se fue degradando la democracia, en la que, hasta 2008, había un Congreso donde los dirigente charlaban y sacaban alguna ley. Y ahora no”, agrega.
El trabajo que emprendieron desde el observatorio fue relevar y estudiar todos los proyectos que tuvieron trámite en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados desde 1983, incluidos los de ciencia y tecnología (durante muchos años esas áreas compartieron cartera). La información fue provista por la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara Baja.
Período por período
La investigación mostró que, década tras década, además de cambiar la productividad de leyes educativas en el Congreso, el contenido de las normas sancionadas fue reflejando también la lo que iba sucediendo en el país.
Por ejemplo, en la década del 80 (entre 1983 y 1989, gobierno de Alfonsín), el mundo de la educación y la ciencia acompañó y fue fiel reflejo del proceso general de redemocratización. La mayoría de las leyes, entonces, votadas apuntaron a restituir la libertad y los derechos perdidos en los centros educativos durante la dictadura.
Un hito importante fue la sanción de la ley 23144, por medio de la cual se convocó al Congreso Pedagógico Nacional. También se sancionó una ley para la normalización de las universidades nacionales y una regulación para la creación de centros de estudiantes.
En los 90, ya durante el gobierno de Menem, se produjeron reformas estructurales, como la extensión de la obligatoriedad de la educación a 10 años, la introducción del polimodal y el proceso de transferencia de las escuelas a las provincias que había sido iniciado en la dictadura.
También la reforma de la Educación Superior. En 1995 se sancionó una ley que establece que las universidades con más de 50 mil estudiantes pueden definir “su propio régimen de admisión”, abriendo la posibilidad de que fijen un arancel. Además, se creó una comisión que evalúa y acredita a las instituciones y carreras (CONEAU). Esta Ley fue modificada en 2015.
En el período menemista también se creó, por decreto, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que se ocupa de definir el financiamiento de las investigaciones científicas.
Mientras que el Congreso votó la creación de unas cuantas universidades nacionales, como La Matanza, Quilmes, San Martín, General Sarmiento, La Rioja, Patagonia Austral, Villa María, Tres de Febrero y Lanús.
La primera década del siglo XXI (sobre todo el gobierno de Néstor Kirchner) fue también una etapa de reformas estructurales, muchas en sentido contrario al gobierno que lo precedió. Se sancionó el fin del polimodal y el retorno al esquema de ciclo primaria-secundaria tradicional; la fijación de un piso mínimo de inversión (llegando al 6% del PBI desde 2010) y los 180 días de clase.
Las leyes más relevantes, que surgieron con consenso de todas las fuerzas políticas y con plena vigencia hasta hoy -aunque mucho no se cumplen- son la ley Nacional de Educación 26.206 y la de Financiamiento Educativo.
En 2005 se sancionó la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (que crea la figura del defensor de los derechos de los niños), otra crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) y por decreto se crea el Servicio Meteorológico Nacional.
En el período de Néstor Kirchner se crearon las universidades nacionales de Chilecito y Noroeste.
Pero en 2008 arranca la grieta y la polarización política y se registra un cierto estancamiento en lo que refiere a los niveles de productividad legislativa, especialmente en la sanción de leyes de impacto estructural. “Predominan durante esta etapa decretos y/o resoluciones que abordan más bien cuestiones puntuales y específicas y no representan un cambio sistémico”, dice el informe del Observatorio Hacer Educación.
Ya con Cristina Kirchner en el gobierno, y con la grieta instalada, fueron creadas las universidades nacionales de Río Negro, Chaco Austral, Villa Mercedes (San Luis), Avellaneda, del Oeste (Merlo), de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Jauretche (Florencio Varela), de los Comechingones (San Luis), de la Defensa, de Hurlingham, Rafaela, Alto Uruguay (Misiones), Guillermo Brown, Raúl Scalabrini (San Isidro) y San Antonio de Areco.
Durante el gobierno de Macri, y siguiendo con la grieta, no hubo mucha productividad de leyes educativas. Se sancionó la ley que crea el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y otras resoluciones.
Con Alberto Fernández tampoco hubo mucha actividad. Se modificó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y se declaró de interés nacional el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina.
“La presentación de proyectos sobre educación se fue espaciando y las leyes buenas que salieron por consenso se cumplen muy poco, como el financiamiento educativo. Lo que se ve hoy en la dirigencia es poca disposición de sentarse a discutir nuevas leyes o medidas para arreglar la situación”, dice Barbieri.
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