El juicio por narcotráfico y lavado de dinero contra un poderoso empresario de San Martín, su pareja, sus tres hijos y hasta la empleada doméstica, entre otros acusados, está llegando a
su fin. En las próximas horas, y luego de 19 meses de debate y 29 audiencias, se conocerá el veredicto contra los diez imputados, aunque en este lapso el proceso sacó a la luz varias irregularidades en la instrucción que podrían derivar en la apertura de nuevas causas judiciales.
Gustavo Darío Sancho (61) es el principal implicado. Lo señalan como el jefe de una organización criminal que descargaba cocaína y marihuana en avionetas, aunque su nombre saltó a la fama por el caso Candela, el secuestro y posterior asesinato de la nena de 11 años en Hurlingham, ocurrido en agosto de 2011.
Sancho, también conocido como “Rey” o “Capo”, no fue imputado por esa causa, pero terminó preso por narcotráfico el 15 de noviembre de 2017. Desde entonces permanece detenido.
Además del empresario, fueron apresados sus tres hijos Franco (25), Ayrton (26) y Alan (34); su pareja Claudia Espíndola (49) y la empleada doméstica de la familia Zulma Margarita Retamar (48). También sus socios y presuntos colaboradores en la organización, como el comerciante Pablo Gonzalo Calandria (46) y el agricultor Gustavo Rodríguez (60), entre otros.
La acusación contra el clan se sostiene a partir de cuatro operaciones narco fallidas (dos de ellas en Paraguay), detectadas entre agosto de 2015 y septiembre de 2016, y que los investigadores del caso atribuyen a Sancho y su banda.
Según la instrucción, el empresario (dedicado a la compra y venta de autos), su hijo Alan –piloto de TC Pista–, Rodríguez y Calandria habrían “conformado una organización criminal dedicada al tráfico a gran escala de cocaína y al lavado de dinero”.
“Les atribuyo la dirección y coordinación de todas aquellas conductas inherentes a la planificación, organización, logística y materialización del envío, recepción, acondicionamiento y traslado para sus posterior comercialización de importantes cantidades de cocaína que sería distribuida en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, principalmente en San Martín y Mar del Plata”, entendió el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, a la hora de pedir la elevación a juicio.
“El narcótico provendría de Bolivia y sería transportado en aviones marca Cessna, modelo 210, Centurión, hasta locaciones emplazadas en cercanías de General Belgrano y Azul, donde las aeronaves descargaron la droga, para su posterior traslado por miembros de la organización, en vehículos acondicionados, hasta su lugar de almacenamiento”, detalló Domínguez.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín, comenzó el 9 de agosto de 2021, pero recién esta semana arrancaron los alegatos. Alberto Gentili, fiscal de juicio, acusó por narcotráfico y lavado de dinero a Gustavo Sancho, y reclamó la condena más alta: once años y medio de prisión.
Para su hijo Alan, en cambio, solicitó nueve años y seis meses de cárcel, y trece y medio para el comerciante y presunto socio Gonzalo Calandria, quien también está acusado por falsificación de pasaportes.
Ayrton y Franco, en tanto, fueron acusados por “tenencia simple de estupefaciente” con un pedido de pena excarcelable de un año y medio de prisión, aunque durante el largo proceso permanecieron detenidos entre 2017 y 2021.
Para Claudia Espíndola, profesora de gimnasia y pareja del supuesto cabecilla, y el empresario Sergio Sanzetenea (64), el fiscal exigió tres años de prisión en suspenso, y cuatro para el comerciante Rodríguez. Por falta de pruebas, la fiscalía pidió la absolución del comerciante Rodolfo Tamborini (65) y la doméstica de la familia Sancho.
Según los voceros, mañana termina la etapa de alegatos con los planteos de los últimos dos defensores. Probablemente, los acusados pronuncien sus últimas palabras ante el tribunal y los jueces anuncien la fecha del veredicto.
La defensa del clan, a cargo de Juan Manuel Casolati y César Albarracín, reclamó la absolución de los acusados y además denunció que el juicio desnudó un “mecanismo de impunidad” para el verdadero jefe narco de la provincia de Buenos Aires. En el debate, los abogados apuntaron contra un piloto, identificado como Carlos R., dueño de un hangar y una pista clandestina en la localidad de General Belgrano, donde supuestamente hace años descargan droga a gran escala.
Los letrados sostienen que a partir de la detención de Sancho se habría activado “un increíble engranaje de impunidad” que involucra a los responsables mismos de la lucha contra el narcotráfico. En su momento, la detención de Sancho fue anunciada y destacada por la ministra de Seguridad del gobierno de Macri, Patricia Bullrich.
Carlos R. fue convocado como testigo en la causa en la que se investigaban los hechos de Paraguay. Sin que nadie le pidiera explicaciones, dijo que los responsables de esos intentos de vuelo eran otras personas y señaló concretamente a Gustavo Sancho.
“A partir de allí, se sucedieron una serie de irregularidades que los responsables de las distintas investigaciones no pueden explicar”, dicen los abogados de la familia Sancho.
El cúmulo de evidencias contra el piloto de aviación motivó inicialmente que el juez federal de Junín y la Cámara Federal de La Plata lo procesen como uno de los responsables de una banda de narcotraficantes vinculada al transporte de la marihuana.
Sin embargo, al poco tiempo, fue sobreseído por pedido expreso de un fiscal federal de Junín. “Este pedido no tiene fundamento ni explicación razonable. En el Código Federal se exige la misma carga de pruebas para procesar a una persona que para someterla a juicio. Existiendo entonces procesamiento firme, no resulta posible evitar el paso de la causa a juicio porque la otra alternativa, el sobreseimiento, requiere certeza absoluta de que el imputado no participó del hecho, y eso es incompatible con una decisión previa de procesamiento”, señala Casolati.
Carlos R. recuperó su libertad en junio de 2018. Al poco tiempo se incautaron 400 kilos de cocaína en el operativo conocido como bandera blanca, en una camioneta que salía justamente del canal empleado por el piloto para sus aterrizajes clandestinos.
Los vuelos
◆ La Justicia cree que Gustavo Sancho tendría relación con varios intentos de descarga de droga en avionetas.
◆ El 25 de agosto de 2015, en Itapúa, Paraguay, donde hallaron 372 kilos de cocaína, y el 11 de julio de 2016 en Entre Ríos, donde apareció una aeronave estrellada.
◆ Otro caso que vinculan también ocurrió en Paraguay, el 9 de septiembre de 2016, donde un piloto fue detenido con 400 kilos de cocaína.
◆ Además se cree que tendría relación con el Cessna que se estrelló en diciembre de 2016 en la estancia San Jorge, en General Belgrano.
Los abogados del clan sancho
La defensa habló de persecución irresponsable basada en prejuicios
César Albarracín, uno de los abogados de la familia Sancho, asegura que sus defendidos son víctimas de una “persecución irresponsable” fundada solo en “prejuicios”. “Fueron investigados y monitoreados en sus actividades diarias durante casi diez años con medidas de toda clase, incluido el hackeo de las cuentas personales de correo y redes sociales y la instalación de una cámara oculta frente a su domicilio, sin haberse logrado detectar ninguna actividad mínimamente compatible con los hechos que se estaban investigando”, dice a PERFIL.
El abogado refiere que se hicieron “más de sesenta allanamientos” y que “no se secuestró absolutamente nada”. “Es claro que hubo una persecución irresponsable y fundada solo en prejuicios, quedando a la vez al descubierto el hecho verdaderamente preocupante, que es la insólita impunidad que
se pretendió garantizar para el verdadero responsable del ingreso al país de grandes cantidades de cocaína y marihuana mediante vuelos clandestinos que bajaron durante años y siguen bajando a la orilla del canal once en General Belgrano”, señala.
El otro defensor de los acusados, Juan Manuel Casolati, acusa una serie de irregularidades en la investigación y adelanta a este diario que van a formular una denuncia. “Como se les caía la causa, incorporaron a un testigo de identidad reservada desde la Procunar, pero el método o procedimiento es muy poco claro y debe investigarse, porque vamos a formular una denuncia. La jueza del caso legitimó todo esto. Por acción u omisión, permitió que Gendarmería, la fuerza preferida por Patricia Bullrich, cometiera una serie enorme de delitos”, asegura.
Casolati también cuenta que cuando detuvieron a la esposa de Sancho, a la empleada doméstica y al jardinero de otro imputado (Calandria), “lo hicieron para quebrarlos en su subjetividad”. “Para obligarlos a declarar lo que ellos querían. La jueza y la Procunar fueron responsables de muchas de las irregularidades cometidas”, acusa.
