El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga la denuncia de Horacio Rosatti respecto de la tramitación de al menos cuatro líneas telefónicas a su nombre pero sin su intervención, ordenó que
Mientras que en paralelo la justicia porteña busca desentrañar una presunta red de espionaje ilegal que tiene en el centro de la escena a un hacker de 22 años y recibió una lista de quince “objetivos” en cuyos celulares debía meterse, en Comodoro Py toma impulso la denuncia radicada por Rosatti, quien en su domicilio de Santa Fe recibió un reclamo de pago por un teléfono que él no había solicitado y cuya existencia desconocía. Luego de unas averiguaciones, se supo que en la misma empresa se habían tramitado cuatro líneas a su nombre.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el juez del caso ordenó a la DAJUDECO que intervenga en el caso y realice las pericias e informes pertinentes. El objetivo es dar con la persona que contrató las líneas de celulares falsificando la identidad de Rosatti.
Lo que se logró determinar hasta el momento es que el pedido de líneas a nombre del presidente del Máximo Tribunal se realizó desde Misiones. Por eso crecen las coincidencias con los hackeos investigados en la justicia de la Ciudad: justamente desde la localidad misionera de Eldorado, el joven Ezequiel Nuñez Pinheiro reconoció ante la fiscal porteña especializada en cibercrimen Cecilia Dupuy haber hackeado quince celulares en base a la técnica llamada “SIM SWAP” o creación de tarjetas SIM mellizas de los celulares.
Hace diez días Horacio Rosatti radicó una denuncia en Comodoro Py, que luego de una breve intervención del fiscal de turno Gerardo Pollicita y el sorteo correspondiente quedó en manos de Martínez de Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa.
Además de descubrir quién se hizo pasar por Rosatti ante la empresa Personal, también se busca saber la titularidad bajo la cual estaban registrados los abonados que fueron atribuidos al presidente de la Corte. “Que se aclare qué tipo de cuentas poseen (prepago, abono fijo, libre)”, de detalló.
En simultáneo, se pidió un detalle sobre todos los datos otorgados al tiempo de la obtención de las líneas, incluyendo el domicilio de facturación, y “la modalidad por la cual fueron obtenidas, junto con la documentación presentada al efecto”.
En el texto de su denuncia Horacio Rosatti expuso que más allá de las cuestiones administrativas que corresponda resolver con la empresa proveedora del servicio de telefonía celular, radicó la denuncia penal al entender que estos hechos “configuran delitos de acción pública”, como ser la falsificación de documento destinado a acreditar la identidad de la persona, entre otros”.
Todos estos presuntos delitos denunciados, se cometieron -continuó diciendo Rosatti-, “en perjuicio” de la más alta autoridad en materia judicial del país. “Aun cuando en esta instancia se ignora el verdadero alcance de las maniobras delictivas desplegadas y la identidad de sus autores, no se puede descartar que los hechos aquí denunciados se encuentren directamente vinculados con cuestiones relativas al ejercicio de los citados cargos, como por ejemplo, con las acciones institucionales que se han venido impulsando para favorecer la investigación, el juzgamiento y la sanción de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes en nuestro país, entre otras”.
Esta causa avanza en Comodoro Py mientras en el Congreso el kirchnerismo da curso en comisión a lo que pretende sea un juicio político en contra de los cuatro ministros de la Corte Suprema.
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