En abril de 2014, un funcionario de la municipalidad de La Plata le pidió 200 mil dólares a un empresario de la construcción para autorizar un proyecto inmobiliario. Ese era el precio
El emprendedor dejó en suspenso la oferta y se presentó en la Justicia.
Comenzó un caso que involucró al poder político local y tiene ribetes escandalosos. Nueve años después de ese episodio, la fiscal de juicio platense, Victoria Huergo, pidió seis años de prisión para Mariano Bruera –hermano de Pablo, ex intendente de la ciudad entre 2007 y 2015- por considerarlo integrante de una asociación ilícita que operaba desde oficinas jerárquicas del palacio municipal.
El acusado tenía un cargo menor en la estructura de gobierno (Relaciones Interjurisdiccionales) pero una fuerte influencia de hecho. Todos sabían que era uno de los pilares de la gestión. “Te llamo para hacer un repaso para pasar la gorra”, le dice según consta en una escucha autorizada por la Justicia, a otro empresario con el que estaba “negociando” una habilitación.
En los Tribunales de La Plata se realiza el juicio oral y público por este caso que puso a Bruera detrás de las rejas en dos ocasiones: en enero de 2017 estuvo una semana detenido. Fue liberado por un fallo de Casación, que firmó la sala presidida por Martín Ordoqui. Este magistrado fue destituido y después detenido (en septiembre de 2022) por tráfico de influencias y asociación ilícita.
El hermano del ex jefe comunal volvió a prisión en julio de 2017 y pasó dos años en una celda hasta que le concedieron una excarcelación extraordinaria con una caución de un millón de pesos.
Al último tramo del proceso llegó libre. En esta causa están imputados también como supuestos partícipes de esa sociedad ilegal el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette y el director de Planeamiento, Gustavo Petro. Otro miembro de aquel gobierno murió en 2018. Y al empresario Gustavo Rolandi, lo acusan de “cohecho activo”, o sea pagar coimas.
Entre las pruebas que incluyó la fiscalía hay varias horas de escuchas y documentación secuestrada en las computadoras de los ex funcionarios. Sobre la frase de pasar la gorra, “en realidad estaba pidiendo dinero para un fin solidario”, trató de justificar Alejandro Montone, el abogado defensor de Mariano Bruera.
Según pudo reconstruir la fiscal Huergo, la organización tenía tarifados todos los expedientes para facilitar la rezonificación de inmuebles que luego se derivarían al plan Procrear. Eran terrenos de 4, 5 o 10 hectáreas que requerían un tratamiento especial en el Concejo Deliberante, para luego poder ser comercializados como lotes para particulares que obtenían los créditos para construcción de viviendas.
Los “gestores” mostraban a los dueños de esas propiedades el “costo” por los votos de los concejales. En uno de los allanamientos que realizó la Justicia secuestraron PC con planillas de Excel donde se detallan esos montos.
Huergo acreditó que en julio de 2014, el empresario Orlandi pagó 10 mil dólares por un decreto que firmó el intendente Pablo Bruera. Un empleado de Planeamiento fue el encargado de hacer el cobro. En efectivo. Y en billetes “color del pasto, verdes”, como lo definían en los despachos oficiales.
La “asociación ilícita”, dice la fiscal, actuó por lo menos desde principios de 2014 hasta julio de ese año. Fue cuando Guillermo Andreu, un empresario que también había presentado propuestas para reordenar sus inmuebles, decidió hacer la denuncia ante el fiscal Jorge Paolini.
En los allanamientos hallaron en el ordenador del exfuncionario Raúl Moratti un detalle prolijo del procedimiento ilícito: cuántos eran los montos de las coimas, el estado de las negociaciones y cuánto valía el voto de cada concejal para aprobar las rezonificaciones, sin distinciones de oficialismo u oposición.
En el despacho de otro ex funcionario se secuestró el expediente de rezonificación de media hectárea que había iniciado el empresario Orlandi a quien le pedían 10 mil dólares de soborno. En una escucha entre Moratti y uno de los empleados (encargados de la cobranza) se escucha: "Le vamos a hacer una rebaja". El expediente salió. El empresario es el que está acusado de "cohecho activo".
En esta causa, dos ex directivos –Roberto Moreno y Christian Ybarra- fueron condenados en juicio abreviado por "asociación ilícita”. Admitieron su responsabilidad a cambio de una condena leve.
El juicio –que comenzó a mediados de febrero e incluyó el desfile de medio centenar de testigos- seguirá esta semana con el alegato de Marcelo Peña, defensor de Orlandi.
Y luego se estima que el tribunal requerirá por lo menos tres semanas para evaluar las pruebas y decidir el fallo.
La Plata. Corresponsalía
MG
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